La “Fundación ¿Hay Derecho?” acaba de presentar el estudio “Coste y utilidad de las Diputaciones Provinciales: claves para un debate necesario”, que trata de ofrecer una serie de elementos clave para un debate racional y sosegado sobre la conveniencia de mantener o de  suprimir estas entidades locales. Las conclusiones del trabajo revelan que estas instituciones presentan un muy disperso y desigual funcionamiento,  y apuntan “a la irracionalidad de las políticas públicas que diseñan y ejecutan y a su difícil encaje territorial”. Y advierten: “Si no se suprimen, se impone su despolitización y su profesionalización para evitar los continuos escándalos de nepotismo, despilfarro o corrupción”.

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La “Fundación ¿Hay Derecho?”, para realizar esta investigación, ha analizado únicamente las 38 diputaciones de régimen común y los presupuestos de ingresos y gastos del ejercicio 2015.

“El entramado local de nuestro país es extenso y complejo. A los más de 8.000 municipios hay que sumar los consorcios, entes públicos locales, sociedades mercantiles de capital público y entes intermedios, como las propias diputaciones provinciales, las mancomunidades, las comarcas, etc”, explican los autores del informe. Y añaden que dentro de este auténtico ecosistema local, las diputaciones tienen unas características singulares que las hacen únicas: “a su elevado componente político -que tiene un claro reflejo y coste en sus estructuras administrativas, donde abundan los cargos de confianza y de contenido poco definido- hay que añadir la falta de autonomía en su financiación y sobre todo la ausencia de competencias propias claramente definidas, ya que las que se les reconocen tienen por su propia naturaleza un contenido difuso en la medida en que se trata de coordinar las que tienen otros entes o de suplir las carencias de los municipios más pequeños”.

Por este motivo, para la “Fundación ¿Hay Derecho?”, cualquier propuesta encaminada a la supresión o redefinición de las Diputaciones provinciales no debería plantearse en ningún caso de forma aislada sino teniendo en cuenta ese complejo ecosistema en el que se mueven.  “En nuestra opinión, deberían de tenerse en cuenta una serie de consideraciones generales”, que serían las siguientes:

- La posible supresión de las Diputaciones no debería conllevar en ningún caso la desaparición de los servicios básicos que prestan a los municipios de menos de 20.000 habitantes. Otra cosa sería si se plantease también una fusión de municipios.

- No debería plantearse de forma aislada, sino atendiendo al contexto local y a su coexistencia con otros entes intermedios como las mancomunidades y las comarcas. 

- Cualquier propuesta de supresión o modificación debería tener en cuenta las numerosas entidades que las Diputaciones han creado en torno a la gestión de los servicios públicos que prestan, organismos autónomos, sociedades mercantiles, consorcios, etc. 

- En caso de supresión de estos entes los servicios que prestan deberían integrarse en los de otra Administración.

- Aunque se suprimiesen estas entidades, los funcionarios y los empleados públicos que prestan su servicio en las Diputaciones se  mantendrían necesariamente al menos mientras no se modifique la normativa vigente. 

- En caso de mantenerse estas entidades sería muy conveniente establecer criterios objetivos y racionales para determinar sus políticas públicas y su ejecución así como indicadores claros de eficiencia y eficacia

- Estas políticas públicas tienen que guardar relación con las características de los municipios de la provincia. De la misma forma hay que procurar que los servicios que se presten por cualquier nivel de la Administración se coordinen con los de los niveles inmediatamente inferiores y superiores. 

- Si no se suprimen, se impone su despolitización y su profesionalización para evitar los continuos escándalos de nepotismo, despilfarro o corrupción.

En el trabajo citado, la “Fundación ¿Hay derecho?” también plantea la elaboración de un ejercicio teórico para analizar los ahorros potenciales derivados de una hipotética división de estas instituciones.

“En el corto plazo y desde un punto de vista cuantitativo hay que advertir que los ahorros serían relativamente limitados. Con la supresión de las Diputaciones provinciales, se eliminaría el principal coste político de las Diputaciones ya que desaparecían los gastos asociados a los órganos de gobierno de las Diputaciones y también las transferencias de fondos que realizan a sus propios entres y otras administraciones sin una finalidad concreta. En el caso de los presupuestos de 2015, que han sido el objeto de análisis del presente informe, la cuantía de estas dos partidas alcanza aproximadamente los 588 millones de euros para el total de las 38 Diputaciones provinciales de régimen común por lo que su supresión alcanzaría precisamente esa cifra”.  

“En el medio plazo, los ahorros serían significativamente mayores por los siguientes factores, principalmente: la integración de los servicios que prestan las Diputaciones con los que prestan las delegaciones provinciales de las Comunidades Autónomas (en su caso) permitiría eliminar duplicidades existentes con el consiguiente ahorro para las arcas públicas; se produciría una importante racionalización de las políticas públicas a realizar; se eliminarían probablemente varias o todas sus entidades instrumentales; en particular, se produciría una importante eliminación del sobrecoste en la gestión de las Diputaciones ocasionado por el clientelismo y la corrupción, aunque lógicamente este sobrecoste no es fácil de determinar”.

“El cálculo de los ahorros a medio plazo resulta una labor compleja (…) Nuestro planteamiento consiste en partir de las tres Diputaciones más eficientes y calcular el promedio del gasto por habitante en las mismas. De esta forma, en cada Diputación se considera como ahorro potencial la cantidad del gasto por habitante que supere dicho umbral”.   

“El importe que resulta de nuestra aproximación, 1.230 millones de euros, es ligeramente superior al ahorro que presentó Rubalcaba en la campaña electoral de 2011 (1.000 millones de euros)”.