El Centro Jurídico Tomás Moro (CJTM) ha hecho pública una nota de prensa en la que manifiesta su perplejidad “al constatar la toxicidad con la que impunemente se envenena y adoctrina a los menores a través de panfletos editados por asociaciones transexuales”.

Concretamente, el Centro Jurídico Tomás Moro cita a la asociación “Chrysallis Euskal Herria”, que está promocionando “un material didáctico que pretende implantarse a toda la sociedad  educativa, a pesar de representar sus promotores a una minoría que se irroga el derecho a educar a todos nuestros hijos sobre la sexualidad y las conductas sexuales”.

Para los representantes del Centro Jurídico Tomás Moro, la elaboración por parte de esta asociación de una guía didáctica titulada "Chicas y chicos. Identidad y cuerpo"  “supone un claro atentado a la salud mental de nuestros menores, y que supone un atentado a la ciencia, por cuanto en esencia se pretende mantener que hay chicas con vulva y chicas con pene y hay chicos con vulva y chicos con pene".

En opinión, del Centro Jurídico Tomás Moro, el Estado, los gobiernos autonómicos y forales, los entes locales y las entidades, fundaciones y asociaciones deben velar en sus propias e importantísimas competencias en materia de educación y enseñanza por el respeto a los derechos de los menores y de sus padres, “y han de ser particularmente sensibles  a los deseos de los padres sobre el tipo de educación formativa, moral, sexual y religiosa que desean para sus hijos, ya que se trata –insistimos-  de un derecho fundamental y por consiguiente acreedor de la máxima protección jurídica”.

Y añade: “Solamente un Estado que garantice plenamente los derechos fundamentales -de todos- tiene plena legitimidad democrática. Deben por tanto el Estado y los diferentes gobiernos locales y autonómicos actuar contra asociaciones que hurtan y quieren negar ese derecho fundamental  de los padres, para cumplir con otros fines de adoctrinamiento no amparados por la ley ni el sentido común”.

“Entendemos que esa actuación de los poderes públicos”, añade el Centro Jurídico Tomás Moro, “sería velar auténticamente por el cumplimiento de los derechos fundamentales; de lo contrario en el caso de que los poderes públicos se abstenga de ejercitar sus competencias de protección a los menores tendremos que ser otro tipo de asociaciones comprometidas con las libertades ciudadanas las que velemos y exijamos que se haga así, y si es necesario recurrir a los tribunales de justicia, vigilando igualmente cualquier tipo de subvenciones públicas a asociaciones minoritarias  que ataquen los derechos fundamentales de los padres pretendiendo implantar  sus propias obsesiones sexuales en los diferentes niveles educativos”.