Un numeroso grupo de personas ligadas al mundo de la cultura, las letras, la ciencia y la educación han presentado el “Manifiesto por la igualdad de los derechos lingüísticos de los castellanohablantes de España”.

El documento, cuya presentación ha tenido lugar en la Casa Árabe de Madrid, demanda que los poderes públicos reconozcan derechos lingüísticos a la comunidad castellanohablante de España en todo el territorio nacional y recuerda que “el castellano está reconocido como lengua oficial en toda España. Nuestra peculiaridad consiste en que compartimos espacio con otros ciudadanos que tienen como lengua materna o de identificación otra lengua española, también reconocida como oficial en toda o en parte de una comunidad autónoma, o una modalidad lingüística que se habla en ciertas zonas”.

Los firmantes de la carta, que han puesto en marcha la web castellanohablantes.es explican que, en su opinión, “la política lingüística de los distintos poderes públicos debe basarse en el respeto a la diversidad y en el principio de paz lingüística entre las distintas comunidades lingüísticas que comparten un territorio. Un aspecto fundamental de esta política es el reconocimiento de los derechos lingüísticos de los integrantes de estas comunidades”.

“Los castellanohablantes de territorios monolingües los tienen reconocidos y no tienen dificultad en su ejercicio. Sin embargo, esto no sucede en algunas comunidades autónomas donde coexisten diversos idiomas oficiales. En ellas se están confundiendo el legítimo derecho al uso de las lenguas regionales con la marginación y creciente vulneración de los derechos lingüísticos de la comunidad castellanohablante que allí reside”.

Los firmantes del manifiesto recuerdan que el conflicto lingüístico existe y tiene su base, entre otras razones, “en el desigual tratamiento dado a los derechos lingüísticos de la comunidad castellanohablante en algunas zonas de España, lo que ha ocasionado situaciones de evidente discriminación”.

Y, tras exigir a los poderes públicos del Estado una regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos, demandan lo siguiente:

1. Que todas las lenguas y modalidades lingüísticas españolas deben ser objeto de una regulación equilibrada y garantista para sus hablantes. 

2. Que la declaración constitucional de lengua oficial del castellano conlleva el reconocimiento legal de, al menos, los siguientes derechos lingüísticos a la comunidad castellanohablante en toda España:

• a. El derecho a recibir la enseñanza en castellano.

• b. El derecho a dirigirse en su idioma a cualquier Administración Pública y a ser atendido en castellano sin demora y sin obligaciones añadidas.

• c. El derecho a disponer en castellano de impresos oficiales, información y rotulación pública, así como de las indicaciones escritas en la señalización viaria.

• d. El reconocimiento de la oficialidad plena del castellano en la redacción de cualquier documento público.

• e. El derecho de las empresas privadas a establecer el castellano como lengua de trabajo y a relacionarse y comunicarse con sus clientes en este idioma.

• f. El derecho a desarrollar actividades culturales y a disponer de servicios culturales en castellano, así como a una presencia equilibrada de este idioma en los medios de comunicación.

3. Que los Poderes Públicos y las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben actuar como garantes y facilitar el ejercicio de estos derechos en todo el territorio nacional.

4. Que el reconocimiento y ejercicio de estos derechos sea compatible con el respeto y pleno desarrollo de los derechos de los ciudadanos de otras comunidades lingüísticas en los territorios con cooficialidad lingüística.