Gorka Maneiro, como portavoz de UPYD, ha ido personalmente a la Fiscalía General del Estado para presentar un escrito, en nombre de la formación magenta, con el que “se trata de hacer justicia, se trata de defender a la sociedad democrática, se trata de defender a las víctimas del terrorismo, observamos que el resto de partidos políticos están mirando a las musarañas, miran para otro lado, no hacen nada en relación a este asunto. Nos parece un auténtico escándalo que un personaje de las características y de la trayectoria de Arnaldo Otegi pueda presentarse a las próximas elecciones vascas cuando hay una sentencia que le inhabilita para poder ser cargo público. Los hechos son evidentes, hablan por sí solos, no puede ser que esta persona, con esa trayectoria y con esa Sentencia, pueda ser candidato a nada, y tampoco candidato a lehendakari. En el País Vasco se da por hecho que va a ser candidato, su propio partido político así lo ha nombrado, nosotros pensamos que esto puede impedirse si, efectivamente, la Justicia en España actúa como corresponde”.

Guillermo del Valle, miembro del Consejo de Dirección de UPYD y abogado, explicaba: “Acabamos de registrar, ante la Fiscalía General del Estado, un escrito por medio del cual instamos a que se tomen todas las acciones legales pertinentes para que Arnaldo Otegi no pueda presentarse a las próximas elecciones autonómicas vascas, en base a la Sentencia del Tribunal Supremo de 2012, en la cual se le inhabilitó, tanto para empleo o cargo público como para el derecho a sufragio pasivo. Respecto a este último, lo que entendemos es que la inhabilitación de derecho a sufragio pasivo priva al condenado de concurrir a cualquier proceso electoral y, por ende, de ser elegido, no necesita mayor concreción. En todo caso se conoce una jurisprudencia que establece que, si no hay concreción, de la inhabilitación para el empleo o cargo concreto, para el que no puede concurrir la persona que ha sido condenada, no hay posibilidad de ejecutarla”.

“Entendemos que es una cuestión formal, que no puede sobreponerse a la cuestión de fondo, que es el espíritu de la sentencia, que esta persona no pueda concurrir a ningún proceso electoral ni optar a ningún cargo o empleo público hasta el año 2021, ni más ni menos. Por lo cual, el Estado de Derecho rige igual para todos, la Ley es igual para todos, las Sentencias tienen que aplicarse igual para todos y la Potestad Jurisdiccional, reconocida en nuestra Constitución, de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, es necesario que se aplique también a esta persona”, añadía Del Valle.

Gorka Maneiro, diputado del Parlamento Vasco, recalcaba que “se trata de hacer lo que los demás no hacen, no queremos mirar para otro lado, queremos defender a la sociedad democrática, queremos defender la justicia, queremos defender a las víctimas del terrorismo y esta es una forma de hacerlo. Esperamos, en todo caso, que, finalmente, este personaje, con esa trayectoria de apoyo a ETA durante años, no pueda presentarse a las elecciones vascas”.

Finalmente, Guillermo del Valle concretaba: “La Fiscalía tiene que instar todas las acciones legales, que están en su mano, para que la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, y también la doctrina constitucional, cambie. Está perfectamente a su alcance, de lo que se trata es, ni más ni menos, que se ejecute la Sentencia del Tribunal Supremo. El Supremo le inhabilitó, al igual que la Audiencia Nacional un año antes, para que, hasta el año 2021, pudiera concurrir a cualquier proceso electoral. Como no hubo concreción del marco efectivo de cargos o empleos, para los cuáles esta persona está inhabilitado, ahora dicen que no puede ser ejecutado. Entendemos que no puede haber injerencia de criterio político alguno en una resolución judicial y que un tema, estrictamente formal, no puede estar por encima del espíritu de lo lógico finalista de la Sentencia”.