Hace unos meses, el Gobierno Vasco, en manos del PNV y bajo la batura en este asunto de Jonan Fernández, reconoció oficialmente como “víctimas de abusos policiales” a un total de 187 personas que, presuntamente, habrían sufrido estos daños entre 1960 y 1978. Pero el Ejecutivo de Iñigo Urkullu se niega a informar al Parlamento de quiénes son, concretamente, esas personas. Los nacionalistas dicen que la información sobre esos hombres y mujeres contiene datos médicos y que, por lo tanto, divulgarla sería ilegal. Lo que no dice el Gobierno Vasco es que nadie ha demandado esos datos médicos, solamente los nombres y apellidos de las personas presuntamente afectadas por esos pretendidos “abusos policiales”.