Esta es una historia de odio. Odio a un país, al de todos y todas. Odio a las verdaderas flores cortadas que caminaban con las manos blancas. Murieron. Las mataron, como quisieron matar la democracia. Quienes vivieron entonces en el País Vasco saben de eso del miedo y llorar al que ya no puede tenerlo. Su dolor no es tan perecedero como lo que los medios de comunicación pretenden dejar ver.

Con el coche calcinado y el recuerdo todavía intacto de aquel último policía local de Bilbao y de los guardia civiles de Calviá,  para las elecciones de 2011, según lo que recoge el juez Baltasar Garzón, Batasuna pretendía realizar un proyecto común con Eusko Alkartasuna, Aralar, Abetzaleen de Batasuna y el Sindicato ELA. A principios de 2009, según lo expuesto por la Audiencia Nacional, Otegi era el portavoz de esta “formación”, cuyo objetivo - sentencia mediante- era implementar la nueva línea de actuación política de ETA, sin olvidarse de la acción militar. Ese año la banda terrorista no la olvidó, y perpetró el asesinato de estas víctimas. Aquí no. Aquí sí que no hubo hombres de paz que impidieran el horror.

En esas fechas, el Tribunal de Estrasburgo afirmó que los líderes de Batasuna no respetaban las reglas de la democracia. Otegi en ese momento reaccionó nombrando el supuesto “apartheid” político de la izquierda abertzale. En cambio, le pareció muy bien cuando ese mismo organismo obligó al Estado español a indemnizarlo por no respetar su libertad de expresión. Es más, ese “Estado del régimen” que tanto odian es también el que inexplicablemente ha permitido la legalización de las formaciones deudoras de la banda terrorista que hoy copan las Instituciones. La jurisprudencia del Estado opresor…  solo cuando es positiva, Arnaldo.

Las instituciones tienen como función regular y gestionar el servicio público de los ciudadanos a los que representan. Estos a su vez se deben a la preeminencia de unas leyes que salvaguardan sus derechos fundamentales. Cómo narices va a ser representante de la ciudadanía vasca un individuo que ha formado parte de la banda terrorista que acabó con el derecho fundamental a la vida de 576 vascos y que fue la mano ejecutora de la historia más sangrienta de la España en democracia. Una banda que tuvo vigilados a 13.000 vascos como potenciales objetivos y por lo que muchos de ellos, presos del miedo, abandonaron el País Vasco. Cómo va a ser candidato alguien que ahora, con las instituciones más debilitadas y el Estado de derecho pisoteado, afirma que no va a haber tribunal que le impida ser candidato. Cree estar, una vez más, por encima de la ley, cuando ésta es la herramienta esencial de un sistema de Derecho que vertebra la vida civil y la vida política de nuestro país. Cómo va a ser candidato cuando no respeta una Constitución que él se pasa por el arco de la independentzia, puesto que se debe a su “pueblo”. Un pueblo cuyos ciudadanos tienen, como todos, derechos y obligaciones jurídicas y una Constitución que en su artículo 15, “De los derechos fundamentales y de las libertades públicas”, establece que “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”. Tiene razón Maite Pagaza cuando afirma que hay una batalla que tiene que librarse, y es la de la decencia. El vídeo electoral de este señor lo corrobora.

Es, en sí mismo, un choteo a las víctimas y a la dignidad de un país que salió a la calle clamando por la libertad mientras él tomaba el sol. Obvia todo su pasado terrorista y se presenta como una “persona normal”, entre cadencias campechanas con timbre vasco “arrevillado”. Todo ello aderezado con un discurso muy democrático sí, pues a través de su persona iguala a todos: víctimas y verdugos. Palabrerío sobre justicia social de quien metió en un zulo y arruinó la vida a un hombre. Y es que Otegi peca hoy día de querer normalizar su figura, siendo éste el primer pecado que evidencia cómo nadie que piense así de sí mismo, con ausencia total de sentido crítico tras trayectoria tan deleznable, puede ocupar institución pública alguna. Hay que recordar que un Estado de Derecho, para que sea tal, ha de establecerse con arreglo a la justicia. El jurista y filósofo Hans Kelsen hablaba del concepto de este último término como virtud, siendo la justicia “la justicia de la libertad, la justicia de la paz, la justicia de la democracia y la justicia de la tolerancia”. Otegi ha violado de manera sistemática todas ellas en algún momento de su pasado.

Algunos querrán argüir que esta argumentación obedece a cuestiones morales y no de índole puramente político. Pero… ¿a qué atiende la política actual si no es a una cuestión moral cuando se alude a ciertos tipos de corrupción? Políticos dimiten (pocos, pero dimiten) por cuestiones morales, pues sus actos no iban a tener una repercusión legal. Cuando viejos y nuevos hablan de regeneración aluden también al ámbito moral. Cuando Otegi asemeja (cínicamente) su caso al de las mujeres maltratadas quiere suscitar una respuesta que concierne a esta cuestión, pues la judicatura ya ha hablado. Independientemente de este aspecto, lo cierto es que la política ha de supeditarse al imperio de la ley. Y, en eso, Otegi tampoco ha cumplido. La sentencia del Tribunal Supremo lo explica claramente: “Mantenemos los pronunciamientos de la sentencia dictada por la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional [...] a excepción de la cuantía de la pena privativa de libertad impuesta a los procesados, que será de seis años y seis meses como autores de la modalidad básica del delito de pertenencia o integración en organización terrorista”. A excepción de la rebaja de las penas, se mantiene todo lo dispuesto por la Audiencia Nacional. ¿Y qué dice ésta? Lo siguiente: “Diez años de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por igual tiempo e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez años”. Para quienes opinen que Arnaldo ha sido un preso político recordar que, ante un delito de integración en organizaciones o grupos terroristas (como así lo detalla el sumario del caso Bateragune) el Código Penal en el art. 572, especifica que se ha de aplicar una pena de prisión de seis a doce años y una inhabilitación especial para empleo o cargo público de seis a catorce años. Es decir, el Tribunal Supremo no le podía haber echado menos. Por otro lado, EH Bildu defiende la elegibilidad de Otegi aludiendo al caso de Iker Casanova, pero su sentencia es distinta: “Once años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante el tiempo de condena”. A diferencia de él, pesa sobre Otegi una inhabilitación para poder ser elegido en unas elecciones. Sí es cierto que el Código Penal dispone que la duración ha de ser por el mismo tiempo que la pena de prisión. Sin embargo, este aspecto no varía la realidad. Este señor acabó de cumplir una pena de inhabilitación absoluta por enaltecimiento del terrorismo en septiembre de 2014. La legislación sobre este asunto es clara: “La pena de inhabilitación absoluta produce la privación definitiva de todos los honores empleos y cargos públicos, aunque sean electivos”. Y añade: “Produce además la incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera otros honores, cargos o empleos públicos, y la de ser elegido para cargo público, durante el tiempo de la condena”. Por tanto, sus inhabilitaciones actuales comienzan a contar a partir del cumplimiento de ésta, ya que la absoluta, como queda claro, también incluye la privación del derecho de sufragio pasivo.

Por otro lado, la defensa de Otegi, que está ahora más implicada en tergiversar posibles erratas legales a su favor que antes en defender su inocencia, basa otro de argumentos en la inespecificidad de los cargos públicos para los que se inhabilita a su cliente. Es cierto, y así lo contempla la legislación penal en el artículo 42. Sin embargo, la Audiencia Nacional ratificó esta inhabilitación mediante un auto en enero de este año. Auto que la defensa de Otegi no recurrió, lo que es muestra de la instrumentalización que han realizado de su propia condena. No puede presentarse y lo sabe. Su utilización es únicamente un arma electoral.

El candidato de EH Bildu afirmaba hace unos días que no se trataba de “Otegi sí, Otegí no, sino de democracia sí o democracia no”. Querer extender su figura a la esencia misma de la democracia es tan indecente como la presencia en las listas del propio Iker Casanova, Elena Beloki o Iñaki Zugadi García, quien fue condenado por su implicación en un atentado en Guernica en el que murieron dos Guardia Civiles. Ésta es la verdad, y ésta es su gente. Es absolutamente dantesco que quienes fueron parte de ETA se paseen por las instituciones entre vítores y aplausos. En Polloe están muchos de los verdaderos hombres y mujeres de paz a los que les quitaron la vida por la libertad. Todos, sin homenajes, muchos, aún, sin justicia. Si ni los curas, por miedo o por complicidad, querían oficiar sus funerales.

Una política de las de verdad y que se jugó algo más que su carrera pública en esos años, María San Gil, decía hace unos meses una de las mayores verdades que he escuchado en estos tiempos de infamia política: “La única derrota... es la de la dignidad de esta sociedad". No pudo decirlo más claro. Es bochornoso que no exista una unanimidad en España que condene la presencia de Otegi y sus acólitos en las instituciones, que permita que la única paz que han conseguido muchas de las víctimas, es solo estando muertos. Porque las únicas medallas que pueden colgarse hoy algunos son las de la ignominia. Otegi, el Mandela y encarnación de la paz patria, se incorporó en 1984 a ETA militar, la facción más partidaria del uso de las armas. Solo de 1984 a 1987, año de su detención, 141 personas fueron asesinadas por ETA. Sin querer personalizar en nadie estos hechos, lo cierto es que ese hubiese sido el momento de luchar por la paz de Euskadi, no cuando ya supieron, sentados en las instituciones, que nunca más sería necesario. Que no se equivoquen. Esta es una historia del dolor de unos y el tiro en la nuca de otros. De falsos héroes y muchas tumbas. Esta es la historia de la antidemocracia. Los enemigos de la libertad la escribieron. Otros, nunca más tendrán historia. Por ellos, las cosas claras.