A principios del año 2016, la Fundación Villacisneros, entidad privada comprometida con el apoyo a las víctimas del terrorismo, decidió poner en marcha el “Proyecto Dignidad”, una iniciativa cuyo principal objetivo es contribuir a que se respete y se proteja la memoria de las víctimas y ayudar a que obtengan la justicia que merecen.

Tras analizar los datos de los casi 300 crímenes cometidos por ETA que se encuentran sin resolver, a partir de investigaciones realizadas por diferentes asociaciones de víctimas del terrorismo, así como por la propia Audiencia Nacional, la Fundación Villacisneros consideró que era necesario trabajar para que éstos no quedasen impunes, por lo que firmó un convenio con el despacho jurídico Milans del Bosch Abogados para iniciar un largo proceso de petición de reaperturas de sumarios sobreseídos “por falta de autor conocido”, tanto declarados prescritos como no declarados prescritos.

El 12 de octubre de 2016, el despacho Milans del Bosch presentó ante el juez el primero de los escritos de solicitud de reapertura fruto de esta iniciativa. Se trata del sumario del asesinato de la joven Hortensia González cometido hace ya 38 años, personándose como acusación particular en nombre de su hermana Aurora González.

Juanfer F. Calderín, en su libro “Agujeros del sistema”, explica así la historia trágica de Hortensia González Ruiz. “Es la primera víctima de ETA asesinada por mera vinculación sentimental con un guardia civil. Le dan diez tiros a la salida de una discoteca y nueve a Antonio Ramírez, su novio. Se habían prometido esa misma noche. En ese momento, en virtud de las pruebas de balística, se determina que no hay antecedentes de las armas que se utilizan. Un año mas tarde, ese arma se encuentra en Madrid cuando se desarticula el aparato de información de ETA en la capital. La Guardia Civil encuentra un arma y determina que es la misma pistola que se utiliza en el asesinato de Hortensia González Ruiz y Antonio Ramírez. Se traslada al Juzgado, que se pone en contacto con el Ministerio Fiscal para que actúe conforme a derecho. El Ministerio Fiscal ordena archivar toda la diligencia. Y esa es la ultima actuación. No se imputa ni se procesa a ningún miembro del aparato de información de ETA".

Ahora, en el escrito que el despacho Milans del Bosch en nombre de la Fundación Villacisneros presentó ante el juez, se argumentó que el terrorismo es un delito internacional, que como tal es imprescriptible y que el Estado tiene la obligación de investigar ya que las víctimas tienen el derecho a la tutela judicial efectiva de los tribunales de justicia ante los delitos más graves del derecho internacional. Ello significa que el Estado debe llevar a cabo las actividades necesarias para esclarecer los hechos y las circunstancias que los rodearon e identificar a sus autores. Y señala igualmente que el artículo 96.1 de la Constitución determina que las resoluciones internacionales en las que España participe quedan automáticamente incorporadas a nuestro Derecho interno. Puesto que España ha firmado todos los convenios internacionales contra el terrorismo está obligada a cumplir sus preceptos, como son el deber de llevar a cabo una investigación eficaz y de satisfacción moral y jurídica a las víctimas y el mandato de la imprescriptibilidad del delito internacional de terrorismo.  El escrito resalta igualmente que existe una norma de ius cogens en la sociedad internacional consistente en que el terrorismo y sus actos son de los más graves, atentan directamente contra la esencia del ser humano y su impunidad no es concebida por la costumbre internacional y cualquier formulación de menoscabar o cercenar ese bien jurídico, atenta directamente contra una norma imperativa internacional.

Las diligencias solicitadas para la reapertura del sumario fueron un nuevo informe balístico, tanto a la Guardia Civil como a la Policía Nacional, un informe de inteligencia a todos los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado que puedan aportar evidencias o indicios, y las actuaciones y juicios relativos a los comandos desarticulados en 1980 que actuaban en el área geográfica en la que se produjeron los hechos.

En el escrito del fiscal Pedro Rubira remitido al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional se considera procedente que las Fuerzas de Seguridad elaboren un informe respecto a la autoría y se determina que “no se puede concluir que los hechos estén prescritos” ya que se debe determinar “la autoría objeto de investigación”.

Para la Fundación Villacisneros, en palabras de su presidente Iñigo Gómez-Pineda, esta decisión es un estímulo y un primer paso fundamental para seguir avanzando en el compromiso de lograr que se esclarezcan los crímenes de ETA sin resolver. “Es imprescindible que las familias sepan quiénes fueron los asesinos y que se les haga justicia. Un Estado de Derecho auténtico no puede soportar que los culpables de cientos de delitos de terrorismo cometidos durante décadas en España queden impunes”, ha manifestado.