187 personas han sido reconocidas por esta ley
El Gobierno de Mariano Rajoy recurrirá ahora la ley vasca de víctimas de abusos policiales
El Gobierno central interpondrá un recurso de inconstitucionalidad contra la ley del País Vasco de víctimas policiales, aprobada por el Parlamento vasco en julio de 2016.
La ley, denominada de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en el País Vasco entre 1978 y 1999, fue aprobada con los votos de PNV y PSE, contó con la abstención de los proetarras de EH Bildu que la consideraron insuficiente y la oposición de PP y UPyD, ya que estos partidos estimaron que la norma era “insegura jurídicamente”.
El Gobierno Vasco, ha reconocido ya oficialmente como “víctimas de abusos policiales” a un total de 187 personas que, presuntamente, habrían sufrido estos daños entre 1960 y 1978. El Ejecutivo de Iñigo Urkullu siempre se ha negado a informar al Parlamento de quiénes son, concretamente, esas personas. Los nacionalistas dicen que la información sobre esos hombres y mujeres contiene datos médicos y que, por lo tanto, divulgarla sería ilegal. Lo que no dice el Gobierno Vasco es que nadie ha demandado esos datos médicos, solamente los nombres y apellidos de las personas presuntamente afectadas por esos pretendidos “abusos policiales”.
El Gobierno central interpondrá un recurso de inconstitucionalidad contra la ley del País Vasco de víctimas policiales, aprobada por el Parlamento vasco en julio de 2016.
La ley, denominada de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en el País Vasco entre 1978 y 1999, fue aprobada con los votos de PNV y PSE, contó con la abstención de los proetarras de EH Bildu que la consideraron insuficiente y la oposición de PP y UPyD, ya que estos partidos estimaron que la norma era “insegura jurídicamente”.
El Gobierno Vasco, ha reconocido ya oficialmente como “víctimas de abusos policiales” a un total de 187 personas que, presuntamente, habrían sufrido estos daños entre 1960 y 1978. El Ejecutivo de Iñigo Urkullu siempre se ha negado a informar al Parlamento de quiénes son, concretamente, esas personas. Los nacionalistas dicen que la información sobre esos hombres y mujeres contiene datos médicos y que, por lo tanto, divulgarla sería ilegal. Lo que no dice el Gobierno Vasco es que nadie ha demandado esos datos médicos, solamente los nombres y apellidos de las personas presuntamente afectadas por esos pretendidos “abusos policiales”.
