Con la excepción del Partido Popular, todas las formaciones políticas con representación en el ayuntamiento de Cartagena, se sumaron a la manifestación convocada por la Plataforma “Salvemos El Faro” desarrollada en la tarde de ayer por las calles de Cabo de Palos. Sorprendentemente Ciudadanos, formación política que votó en el Congreso de los Diputados a favor de la iniciativa del Partido Popular para privatizar el legendario Faro de Cabo de Palos, aparece ahora como defensor de su utilidad pública y se suma al resto de formaciones políticas que defienden los planteamientos de la plataforma “Salvemos El Faro”.

Este doble lenguaje del partido de Albert Rivera no pasó desapercibido entre los manifestantes que comentaban, alguno de manera airada, la demagogia de la formación naranja que en Madrid votó en contra de los intereses de todos los cartageneros y, en la ciudad Trimilenaria, cambia por completo su discurso.

El intento de privatización del Faro de Cabo de Palos huele a corrupción y sorprende que la fiscalía no haya actuado de oficio. De hecho, el representante legal de los empresarios, Andrés Ayala, que fue diputado y portavoz del PP en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, ha querido salvar su posible responsabilidad en un posible delito de tráfico de influencias, manifestando que se trata de una casualidad que, el también diputado murciano Teodoro García, presentara una proposición parlamentaria dirigida a la citada Comisión de Fomento, por la que instaba al Gobierno a convertir en uso turístico el Faro del Cabo de Palos, pocos días después de haberse constituido la empresa que solicitaba su explotación y con un capital de 3.000 €. Andrés Ayala, en su época de diputado, ya fue acusado de tráfico de influencias por la adjudicación a una empresa de la que era accionista y presidente, del Casino de Logroño. Entonces la oposición le acusó de “evidente convivencia” con el Gobierno de La Rioja y llevó su caso ante la Comisión del Estatuto de los Diputado.  Ayala ha estado vinculado, a lo largo de su vida, a multitud de empresas que han tenido trato especial con la administración y que después fueron disueltas. En  2.002 se le acusó de financiación ilegal del Partido Popular y de haber financiado, a través de una empresa, la sede del PP en la capital de La Rioja.

El pasado 20 de marzo se constituía la empresa Faros de Levante, S.L., en la ciudad de Cartagena, con dos únicos propietarios: Fernando Alberto Díaz Ripollés y Aurelio Solana Ayala. Fernando Alberto Díaz Ripollés ya fue imputado, junto al alcalde del Partido Popular y todos sus concejales en febrero de 2016, por el Juzgado de Primera Instancia número 7 de San Javier, por posibles delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. Por su parte, Aurelio Solana Ayala, es el mismo empresario al que el diputado del popular Francisco Bernabé, contrató en 2013 la promoción internacional del Festival del Cante de la Minas.

Otro de los actores necesarios en esta trama es Antonio Sevilla, presidente de la Autoridad Portuaria quien, dieciocho días antes de que el Partido Popular presentara la iniciativa parlamentaria en el Congreso de los Diputados, recibió la petición Faros de Levantes, S.L. de convertir el Faro de Cabo de Palos en un hotel. Antonio Sevilla no informó al Consejo de Administración del Puerto de Cartagena de la citada propuesta y presionó a los cuatro fareros del Faro para que aceptaran la propuesta de traslado de su actividad al puerto de Cartagena para lo que no dudó en utilizar al Jefe de Personal, al Director Técnico e incluso intentó manipular al propio Comité de Empresa.

Finalmente es el diputado murciano del Partido Popular, Teodoro García, quien que presentó la Proposición no de Ley ante el Congreso de los Diputados. La coincidencia en el tiempo de su iniciativa parlamentaria con el interés de Faros de Levante, S.L. es más que sospechosa, tanto es así que, de no tratarse de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, lugar donde los fiscales son sustituidos en función de los intereses del gobierno y del propio Partido Popular, ya debería haber intervenido la fiscalía ante el más que sospechoso cúmulo de apariencias delictivas en las actividades de lo que parece una trama dentro del Partido Popular o al servicio del propio partido.

La manifestación, con más de un millar de participantes, se ha desarrollado sin incidentes y ha contado con participantes de plataformas ciudadanas, asociaciones de vecinos y de todos los partidos políticos de Cartagena, a excepción del Partido Popular.