En la historia política contemporánea la huelga general tuvo un protagonismo criminal y sangriento que no ha trascendido y que nada tuvo que ver con lucha por los derechos civiles y preservar las libertades sociales, sino con tiranías marxistas. 

En la aplicación de las teorías sobre el capital y la plusvalía del tirano burgues Marx, demolidas de modo absoluto por el ex comunista y pensador A. Escohotado, la huelga general era la llave para paralizar un país, movilizar a los proletarios y asaltar el poder de modo cruento.

España conoce bien esta plaga criminal. La sufrimos en tiempos de la II República de modo reiterado (golpe de Estado de abril de 1931, quema de iglesias de mayo de 1931, huelga general de Casas Viejas, Octubre de 1934, pucherazo del 36). 

Cuando los votos niegan el poder a los comunistas (jamás ganaron unas elecciones en España), éstos recurren a la fuerza sobre la ley y la razón, hacen política en las calles y no en las urnas. Lo llaman "revolución", pero es golpismo y violencia en estado puro.

Lo que afirmo queda de manifiesto cuando la izquierda convoca manifestaciones o huelgas, donde además se pretende hacer prevalecer el derecho a la huelga y la algarada frente a la libertad de tránsito o el derecho al trabajo, verdaderos derechos civiles.

Tratan de imponer las huelgas violentamente mediante el chantaje y la fuerza ejercida por los piquetes mal llamados “de información” y no de "coaccion", proclamando que el derecho a la huelga prevalece sobre el sagrado derecho al trabajo (Javier López, del sindicato comunista @CCOO en Twitter).

Esta realidad de asalto a la paz civil no es ni casual ni aislada. Hace bien poco, el coordinador regional de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, consideró “impecables” las declaraciones del senador de la coalición José Manuel Mariscal instando a “derribar” al gobierno de España sin esperar a unas elecciones.

Es la "democracia directa", léase, el viejo y casposo golpe de Estado comunista vestido de la aún eficiente trampa demagógica marxista de llamar democracia a sus tiranías y calificar de fascista a quien denuncia su criminal visión de la política, como es mi caso.

Un golpismo que financiamos con nuestros impuestos, y cuyos más señalados activistas son los liberados sindicales, esos marxistas sin obligación de trabajar, cuyo sueldo ha de pagar el empresario por hacer de comisarios político y preparar sabotajes, mientras los jefes sindicales se corrompían a manos llenas.

Lo último de IU es el apoyo al golpe de Estado de Maduro, mientras llama fascistas golpistas a quienes se han rebelado ante el tirano, tras más de 100 asesinatos en apenas dos meses de ciudadanos que ejercían el derecho a la manifestación, esa que el comunismo en España aplica con violencia, altercados e impunidad y cuyos destrozos jamas paga.

No se equivoquen, no hay diferencias entre partidos marxistas. La toma del poder se hace por la fuerza cuando las urnas no dan los votos. Lo anunció Largo Caballero en 1933, lo hizo Chávez en 1992, y lo ha hecho Maduro en 2013 y 2017.

Proclaman defender la democracia como disfraz ideológico de su demagogia comunista. Un travestismo político hacia la toma del poder e instaurar su “dictadura del proletariado”, ese modelo social y económico fracasado allá donde se intento.

Es la que anuncia esa nueva hornada de jovencitos universitarios "pijo-comunistas" de clase media que van de revolucionarios, educados en el bienestar social que heredamos de Franco y a cuya sombra sus papás progresaban como funcionarios del Estado, privilegio solo reservado a los amigos de aquel "tiránico régimen".

Las democracias hacen mal en permitir que el comunismo siga siendo legal, no es democrático sino criminal.  Pronto lo intentarán aquí, tan pronto como se crean lo suficientemente fuertes. Ya lo anuncian; no se llamen a engaños cuando ocurra. Se avecina un otoño caliente.