A través de la empresa pública Navantia
Dirigentes del PSOE y altos cargos militares venezolanos se repartieron la comisión de 38 millones de euros que la empresa vasca Rebazve obtuvo por las ocho patrulleras que Rodríguez Zapatero vendió a Hugo Chávez en 2005
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Javier Salas Collantes, que fue presidente del Instituto Nacional de Industria (INI) con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y el que fuera su subordinado en ese organismo, Antonio Rodríguez-Andía, cobraron 12 millones de euros de los 38 millones que la empresa vasca Rebazve obtuvo de la venta en 2005 de ocho patrulleras por parte del entonces Gobierno socialista español, a través de la pública Navantia, al Ejecutivo bolivariano de Hugo Chávez.
Concretamente, Rebazve contrató a Rodríguez-Andía, que también fue presidente de la pública Trasatlántica, y le pagó doce millones de euros, de los que seis terminaron en cuentas del que fuera su jefe en los primeros gobiernos de Felipe González, Javier Salas Collantes. Tan escandaloso fue el asunto que un juzgado de instrucción de Madrid abrió en su momento una investigación e imputó a estas dos personas por tráfico de influencias y delito fiscal.
Pero la compañía Rabazve, administrada por los empresarios venezolanos Juan Rafael Carvallo López y Pedro Enrique Malavé Benavides, dirigió otro parte de la enorme comisión a suavizar las relaciones con influyentes exmilitares de la Armada de Venezuela. Hubo, incluso, alto cargos en activo del Ejército venezolano que “protestaron” porque las comisiones no les alcanzaron y llegaron al punto de contratar a un despacho de abogados español para que reclamara a Navantia su parte de la mordida.
Tal y como adelantábamos en La Tribuna del País Vasco, la antigua fiscal de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, expulsada y perseguida por el Gobierno bolivariano de Nicolás Maduro y refugiada en Colombia, ha puesto en manos de la CIA y de la Interpol un total de 56 archivos informáticos que desnudan la narco-corrupción chavista que en apenas dos décadas ha llevado al país caribeño a sus más altos niveles de miseria.
Entre estos documentos, se encuentra uno que demuestra que la empresa vizcaína Rabazven Holding, dirigida por Carvallo López y Malavé Benavides, recibió comisiones de 38 millones de euros en una operación de venta de ocho buques militares de la empresa pública Navantia que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, a través de su Ministerio de Defensa, entonces en manos de José Bono, llevó a cabo con la Administración de Hugo Chávez en 2005.
El contrato se firmó al más alto nivel Caracas en el año 2005, con la presencia de José Bono y del entonces presidente de Navantia, Juan Pedro Gómez Jaén.
Javier Salas Collantes, que fue presidente del Instituto Nacional de Industria (INI) con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y el que fuera su subordinado en ese organismo, Antonio Rodríguez-Andía, cobraron 12 millones de euros de los 38 millones que la empresa vasca Rebazve obtuvo de la venta en 2005 de ocho patrulleras por parte del entonces Gobierno socialista español, a través de la pública Navantia, al Ejecutivo bolivariano de Hugo Chávez.
Concretamente, Rebazve contrató a Rodríguez-Andía, que también fue presidente de la pública Trasatlántica, y le pagó doce millones de euros, de los que seis terminaron en cuentas del que fuera su jefe en los primeros gobiernos de Felipe González, Javier Salas Collantes. Tan escandaloso fue el asunto que un juzgado de instrucción de Madrid abrió en su momento una investigación e imputó a estas dos personas por tráfico de influencias y delito fiscal.
Pero la compañía Rabazve, administrada por los empresarios venezolanos Juan Rafael Carvallo López y Pedro Enrique Malavé Benavides, dirigió otro parte de la enorme comisión a suavizar las relaciones con influyentes exmilitares de la Armada de Venezuela. Hubo, incluso, alto cargos en activo del Ejército venezolano que “protestaron” porque las comisiones no les alcanzaron y llegaron al punto de contratar a un despacho de abogados español para que reclamara a Navantia su parte de la mordida.
Tal y como adelantábamos en La Tribuna del País Vasco, la antigua fiscal de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, expulsada y perseguida por el Gobierno bolivariano de Nicolás Maduro y refugiada en Colombia, ha puesto en manos de la CIA y de la Interpol un total de 56 archivos informáticos que desnudan la narco-corrupción chavista que en apenas dos décadas ha llevado al país caribeño a sus más altos niveles de miseria.
Entre estos documentos, se encuentra uno que demuestra que la empresa vizcaína Rabazven Holding, dirigida por Carvallo López y Malavé Benavides, recibió comisiones de 38 millones de euros en una operación de venta de ocho buques militares de la empresa pública Navantia que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, a través de su Ministerio de Defensa, entonces en manos de José Bono, llevó a cabo con la Administración de Hugo Chávez en 2005.
El contrato se firmó al más alto nivel Caracas en el año 2005, con la presencia de José Bono y del entonces presidente de Navantia, Juan Pedro Gómez Jaén.
