El caso de Juana Rivas esta siendo, sobre todo, un espectáculo mediático lucrativo y una oportunidad de promoción para distintas organizaciones y personajillos sin escrúpulos.

Pero si tenemos que valorar lo positivo de todo este revuelo, aparentemente ha servido para llamar la atención sobre un problema mucho más amplio, generalizado y profundo que el protagonizado por una madre rebelde.

La custodia de menores, bien sea compartida o no entre los progenitores, o tutelada por la administración en caso de desamparo, es motivo de polémicas sentencias y de situaciones que dejan desprotegidos a los niños y a sus familias, y cuestionan el propio funcionamiento del Estado de Derecho y sus instituciones.

Los jueces no saben muy bien cómo concretar el famoso principio del “interés superior del menor”, dado que, una vez rota la convivencia pacífica de sus padres, cualquier otra alternativa es artificial, pasajera y en muchos casos experimental. Pero además de la dificultad intrínseca de defender ese “interés superior”, a menudo la cosa se complica cuando intervienen otros factores como la violencia machista, el maltrato de cualquiera de los progenitores, los abusos sexuales a los menores por parte de uno de ellos o ambos, las absurdas intervenciones familiares de los Servicios Sociales, los informes incompetentes de sicólogos, psiquiatras, educadores y trabajadores sociales, las delaciones sospechosas del entorno familiar o vecinal, o los partes médicos y policiales muchas veces confusos y poco concluyentes.

Para rematar, el ministerio fiscal en este asunto es errático y caprichoso.

Buena prueba de ello ha sido este caso prime time de Juana Rivas, del que se escribirá un best seller y se hará un docudrama para alguna cadena oportunista.

La implicación de dos países distintos de la Unión Europea, unido a la presión informativa y la proveniente de la opinión pública expresada a voces en la calle y en todos los programas de tertulias audiovisuales, en todos los editoriales y páginas de opinión y en todas las publicaciones de redes sociales, ha causado un estrés insoportable en el sistema judicial.

Para unos jueces, el padre tiene derechos. Para otros, la madre puede saltarse sentencias judiciales sin que tenga que ir necesariamente a prisión. Unos consideran que ha habido un secuestro. Otros creen que una madre, por encima de cualquier consideración legal, debe defender a sus hijos de cualquier mal, incluida una injusta sentencia firme. Unos jueces opinan que el padre puede y debe estar con sus hijos, y que Juana es una delincuente que se ha saltado la ley con la excusa de proteger a sus hijos. Para otros jueces el padre es un maltratador y, por lo tanto, puede verlos contadas veces, pero no custodiarlos.

¿Cómo acabará este folletín?
 

De momento se ha impuesto la cordura y se ha decidido que, buenas o malas, las sentencias judiciales han de acatarse o el Estado de Derecho quebraría definitivamente.
 

Podremos protestar, manifestarnos en contra, recurrir a otras instancias, denunciar y querellarnos contra los magistrados si hiciera falta; pero si la interpretación de las leyes la dejamos en manos de un tertuliano de televisión, un periodista, una madre herida, un grupo feminista, una asociación católica de padres o una abogada a sueldo, mal vamos a poder gobernarnos como sociedad.

En este caso de Juana Rivas todo el mundo tiene su opinión, pero casi nadie sabe exactamente lo que pasa y ha pasado. No sabemos por qué el padre es declarado maltratador y si no fue ésta una estrategia de Juana para quedarse con la custodia de sus hijos y poder volver con ellos a España. Pero no sería ni la primera ni la última vez que una madre utiliza algo así para sus propios fines. A lo mejor no es así y Francesco es un maltratador peligroso. En tal caso, sus hijos pueden correr peligro con él y Juana hace bien en intentar por todos los medios quedarse con ellos. Pero entonces los jueces son unos ineptos ya que si es un maltratador ¿por qué le conceden la custodia? Custodia que la propia Juana pensaba compartir con su maltratador. Algo no encaja.

Para las feministas y otros grupos de apoyo incondicional a la madre, lo que no encaja es la propia Justicia, que es claramente patriarcal y machista y favorece a los hombres -aunque sean juezas las que se pronuncien en contra de Juana-. Sin embargo, la experiencia diaria en los juzgados, sobre todo en los de Violencia contra las Mujeres, desmonta esto y se puede decir que hay una “discriminación positiva” a favor de ellas y en contra de ellos por parte de esa ley excepcional que suspende garantías legales, lo que en circunstancias normales sería algo impensable. Entre otras cosas, se prescinde de la presunción de inocencia, invirtiendo la carga de la prueba. Por no hablar de la prisión preventiva por una mera denuncia sin pruebas.

Definitivamente no sabemos si esos dos niños de 11 y tres años estarán mejor con su madre, que los ha mantenido ocultos a la justicia durante casi un mes y a los que les ha privado del contacto de su padre durante 15 meses. Tampoco sabemos si los habrá predispuesto contra el padre o si habrán desarrollado un Síndrome de Alienación Parental, síndrome que al parecer es inexistente científicamente y que es rechazado por algunos tribunales. Tampoco sabemos si es cierto que el padre aceptó la condena por maltrato en 2009 -¡hace ya 8 años!- para poder ver a su entonces único hijo, ya que nunca reconoció haber maltratado a Juana. Posteriormente han tenido otro hijo, lo que no parece propio en una pareja bajo la sombra del maltrato.

Todo es confuso y, precisamente por eso, la magistrada de la primera sección civil de Cagliari, Grazia Maria Bagelli, ordenó en una sentencia del 3 de julio —antes de que Rivas desapareciera con sus hijos— que los servicios sociales controlen al padre y que vigilen a los menores cuando regresen, para cubrirse en salud y comprobar si es verdad que Francesco es un buen padre y no un desquiciado.

Eso le ha dado igual a Juana y a todos los que se han apresurado a hacer de su causa su particular agosto. ¡A la hoguera con el padre! ¡Juana es nuestra heroína! “Todos somos Juana”. “Juana está en mi casa”.

Ante semejante turba enfurecida, los jueces han reculado y la han dejado salir de rositas a pesar de haberse rebelado. Pero como todo el país ha quedado dividido entre los partidarios de la madre (la inmensa mayoría) y los del padre (una minoría que se percibe como imprescindible para hacer más grande la causa de la madre), el fiscal ha tenido que volver a pedir la prisión sin fianza para Juana por los delitos de “retención ilícita de menores y desobediencia a la justicia”, tras permanecer casi un mes desaparecida con sus hijos e incumplir la sentencia firme que la obligaba a entregarlos al padre, para lo que los jueces fijaron el 26 de julio.
 

En cuanto Juana ingrese en prisión volverán las audiencias a llenar telediarios, debates y columnas de opinión.

Mientras tanto, en Cerdeña dos niños harán su vida rutinaria con un padre que probablemente les mantendrá alejado de esta polémica. Han sufrido una separación. Un divorcio conflictivo con acusaciones cruzadas.

“Vuestro padre me maltrata y no quiere que vuelva a veros”; “Vuestra madre es una mentirosa y una manipuladora y quiere separaros de mi”… Después los han arrancado de su hogar para llevarlos a otro país. Han tenido que ocultarse como si fueran delincuentes perseguidos. Habrán sido aleccionados de lo que tienen que decir sobre su padre y su madre ante un posible interrogatorio judicial. Y cuando ya se habían hecho a la idea de pasar los restos con su madre sin ver a papá nunca más, los llevan a una comisaría y unos sicólogos les habrán dicho que las circunstancias han vuelto a cambiar y que ahora ocurrirá al revés, que se irán a Cerdeña con su padre a vivir y a la que no van a volver a ver es a su madre. Que además a lo mejor acaba en la cárcel.

Si pensáramos en los en los niños, no seríamos capaces de imaginar el dolor que aprisionará sus dos pequeños y sensibles corazones.
 

El “Interés Superior del Menor” brilla por su ausencia cada vez que abrimos la caja de Pandora de los procedimientos administrativos o judiciales para custodiar ese increíble tesoro en tierra de nadie que es la infancia.