El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, en su intervención en el acto de Apertura del Año Judicial, ha analizado sin tapujos la deriva sececionistas a la que los partidos independentistas y la extrema izquierda están arrastrando a Cataluña. Frente al rey Felipe VI, Lesmes ha garantizado a los funcionarios que se sientan presionados que "nadie sufrirá por cumplir la Ley" y ha afirmado que los jueces estarán al lado de "aquellos ciudadanos que puedan sentirse amenazados por el legítimo ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución y en las leyes".

Lesmes ha afirmado también que la unidad de la nación española que proclama la Constitución es un "mandato jurídico directo" de inexcusable cumplimiento para todos los poderes del Estado. Y ha reclamado a la sociedad "que también debe cuidar de sus jueces", promotores de la paz social "que no será posible si no garantizamos que la Ley sea respetada y aplicada correctamente a cada caso concreto”.

El presidente del Consejo General del Poder Judicial, tras su mención al desafión independentista catalán, ha centrado gran parte de su intervención en feflexionarc sobre cuestiones relacionadas con la inmigración y sobre el trabajo que han de desarrollar los jueces para trabajar en múltiples aspectos relacionados con esta realidad. “Mis reflexiones de este año pretenden ofrecer un esbozo de ensayo sobre la contribución de los jueces para resolver los problemas de convivencia e integración derivados de los intensos movimientos migratorios de los últimos años, movimientos que han provocado tensiones en las sociedades occidentales al tener que enfrentarse al dilema de optar entre la asimilación del individuo al que se acoge a la cultura dominante, exigiéndole que respete los valores presentes en la vida pública de la sociedad que lo recibe, o bien a la aceptación de un escenario multicultural que permite la coexistencia entre diversas culturas sin pretender su integración o interrelación”.
 

La “incorporación masiva de población inmigrante procedente de otros entornos culturales genera fricciones, “no solo por el hecho de ubicarse en el espacio común europeo, sino también por profesar creencias firmes en otros valores, que nos son ajenos, contrapuestos a nuestros paradigmas culturales, produciendo reticencias de unos y otros hacia soluciones de compromiso”.
 

En opinión de Carlos Lesmes, “el ejercicio de los derechos fundamentales marca el camino para una integración material, jurídica y social a través de una verdadera ciudadanía democrática que ha de permitir el pleno acceso a la libertad y a los derechos frente a la mera ciudadanía política basada en la nacionalidad. Ahora bien, también son los derechos fundamentales los que fijan el umbral de lo indisponible. La diversidad cultural cede ante la innegociable uniformidad del comportamiento social reclamada por un núcleo duro de derechos. Ese mínimo común denominador de principios debe ser asumido por todas las personas con independencia de su origen o de su credo, incluso por quienes dicen no compartirlo pues es la única manera de garantizar una convivencia social en paz. Por eso, conviene llamar las cosas por su nombre para que nadie se llame a engaño. Ninguna creencia, cultura o credo puede justificar el terror ni alumbrar apóstoles o mártires de la violencia. Como señaló Habermas la irresponsabilidad por los daños forma parte de la esencia del terrorismo. Los trágicos sucesos de Barcelona, Cambrils, Londres, Bruselas, Berlín, Niza o Estocolmo no admiten margen interpretativo alguno. Matar no es cultura, sembrar el terror, el miedo, es absolutamente injustificable. Sólo es eso, oscuridad y terrorismo. Y quienes pretenden ofrecer explicaciones historicistas o sociológicas sobre tan graves sucesos no hacen sino alentar el terror convirtiéndose en cómplices de quienes desprecian la vida”
 

Para Lesmes, “quizás haya llegado el momento de explorar nuevas vías que posibiliten una integración real, por la vía del ejercicio de los derechos fundamentales a través de la noción de una ciudadanía democrática frente a su tradicional caracterización política. El estatuto fundamental de la libertad, la igualdad del individuo y la dignidad de la persona no forman parte del elenco de lo disponible, como se infiere de la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la UNESCO o, en fin, de la Declaración y Programa de Acción de Viena en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 25 de junio de 1993. Si la expresión cultural se convierte en una manifestación deformada de violencia contra el ser humano, si se cierra al diálogo con otras culturas, si, en definitiva, se absolutiza, no puede ser observada en el seno del Estado de Derecho. Si es intolerante será, por tanto, intolerable”.