Aunque no quiero presentarlo así, el Gobierno está comenzando a aplicar el artículo 155 de la Constitución (que permite al Estado recuperar competencias transferidas a las comunidades autónomas) por partes. El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha dado 48 horas de plazo al presidente golpista catalán, Carles Puigdemont, para que apruebe un acuerdo de no disponibilidad que garantice que ni un solo euro de los presupuestos irá destinado al referéndum ilegal del 1 de octubre. Si no lo hace así, el Estado asumirá los pagos de la Generalidad.

El mecanismo de pagos que el Gobierno ha aprobado para Cataluña es, según Cristóbal Montoro, novedoso y, según ha anunciado, lo explicará la próxima semana en una comparecencia a petición propia en el Congreso. “No estamos sustituyendo competencias sino garantizando que los pagos no van a ninguna actividad ilegal”, ha remarcado Montoro que se ha mostrado convencido de que la Generalitat terminará cumpliendo el requerimiento del Gobierno central.