Ahora, a septiembre de 2017, ya tenemos casuística para evaluar el denominado Estado de las Autonomías, su simetría, su eficiencia, su capacidad para dar sentido justo en igualdad de oportunidades al ciudadano, que representa la fuente de derechos en cualquier punto de la geografía nacional.

Tengo razones para señalar: desigualdades y desequilibrios territoriales que afectan al ejercicio real de la ciudadanía. Disponibilidad de equipamientos y servicios para disfrutar esa calidad de vida propia de un Estado en la Unión Europea. Perversión del uso de ciertas competencias transferidas desde el Estado a las comunidades autónomas dónde el nacionalismo ha hecho uso de tales para adoctrinar a generaciones que hoy confunden mito con historia, o han perdido el sentido cultural de algo tan importante como es la Hispanidad.

Pero será, una vez más, un grave conflicto disfrazado de contencioso lo que vuelva a poner sobre la mesa de la partida que los funcionarios son claves en la cohesión del Estado español.

De una parte, el uso obsceno que se ha venido haciendo de la competencia para seleccionar, nombrar, pagar y destinar funciones a los servidores públicos, que vivían mucho más amparados en sus derechos, frutos del mérito, cuando pertenecían a los denominados cuerpos nacionales.    

El conflicto en Cataluña ha destapado cuestiones que afectan a la dignidad de los trabajadores públicos; y lo que es peor: están en el medio de un gravísimo conflicto recibiendo órdenes de dos administraciones enfrentadas, sin que hayan participado en la "revuelta". Por un lado, instrucciones de las administraciones catalanas, sean gobierno, parlamento, ayuntamientos. Por la otra, un aviso muy serio de la Administración central de justicia advirtiendo de la responsabilidad en que incurren si se avienen a formar parte del proceso ordenado desde el poder legislativo catalán al promover normas que vulneran la Constitución Española y sanciona el Tribunal Constitucional. Sin duda los servidores públicos destinados en Cataluña ocupan el peor de los lugares en los momentos que se están viviendo con dirección al primero de octubre del 2017.

Y ahora viene lo peor. La tercera fase del proceso será violenta. La CUP y la Asamblea tras el 1-O, dejarán las formas "pacíficas" y tal como se comprobó en sede Parlamentaria, pasarán a ejercer presión social e institucional. Me atrevo a prever  intento para ocupar el Parlamento y sus alrededores, así como determinados Ayuntamientos. Se producirá una escalada de actuaciones callejeras que obligan a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a actuar bajo las órdenes del poder judicial o del Ministerio del Interior.

En el caso del Cuerpo Nacional de Policía y La Guardia Civil, como de costumbre, actuarán con arreglo a las órdenes de sus superiores jerárquicos españoles. Una vez más serán la vanguardia del orden al servicio de la Ley, la que emana de la soberanía nacional, por tanto poderes legislativo, ejecutivo y legislativo del Estado.

En el caso de la Policía Autónoma y cuerpos de Policía Municipal, mucho me temo que habrá de todo y adivino está previsto neutralizarlos si se declaran obedientes a los sediciosos. Entraríamos en la cuarta fase del proceso.

No sólo hay proceso en Cataluña, también lo hay en Madrid. Parto de la idea que después del primero de octubre ya nada será igual con respecto al Estado de las autonomías. Es preciso revisar la relación entre instituciones centrales y periféricas del Estado. Es urgente iniciar una nueva etapa constituyente. Y es que a pesar del inmovilismo de Rajoy, los acontecimientos de Cataluña y sus derivadas en las demás comunidades con o sin derechos señalados como históricos, obligan a emprender un proceso de reformas, que no necesariamente deben ser descentralizadoras.

España no puede pagar el gasto que suponen la enorme nómina de funcionarios, tanto en Diputaciones, Ayuntamientos, como en Comunidades Autónomas. Estamos ante un gasto improductivo. Mientras a los ciudadanos se les ha obligado a restricciones muy graves en sus emolumentos disponibles, mientras a los pensionistas se les ha -prácticamente- congelado las pensiones, el Estado sigue creciendo en el capítulo de personal, sin que exista una relación correcta entre plantillas y servicios esenciales. Se ha sido muy estricto con las plantillas de educadores y sanitarios mientras seguían haciendo política clientelar en ayuntamientos y diputaciones.

Y ahora el colmo de la desigualdad al servicio de la desfachatez. Mientras a la Guardia Civil se le "raciona" sueldos y complementos, o se les obliga a estar en Cataluña bajo condiciones indignas, los Mossos son la policía mejor pagada del Estado, con una calculada y oportuna subida de 300 euros mensuales por decisión de los que se han pasado leyes, obligaciones de control de gasto, sentencias y toda suerte de cautelas, por el arco del triunfo, en este caso por el Arco de Bará...

Cataluña, antiguo Condado del Reino de Aragón, sigue haciendo de su capa un sayo y camina sin inmutarse, ni por avisos judiciales, ni por realidad ciudadana -en las calles estaban todos los que son, y había muchos más, que no son, en sus casas ajenos a la Diada- a una espiral violenta, por mucho que traten de disfrazarla con esas cínicas frases de los mandarines del somatén.

Quiero advertir sobre la situación que vive la mayoría silenciosa. Tanto la que reside en Cataluña como en el resto de España. Tarde o temprano el asunto se moverá entre dos decisiones: o se les da lo que piden, o se les quita lo que tienen.