María es una madre que tiene dos hijas autistas. El autismo es un síndrome cuya principal manifestación a superar es el aislamiento.
Ya sabemos, aunque sea por puro sentido común, que el factor verbal y su dominio es uno de los elementos sustanciales de la comunicación y, por tanto, de la socialización. Si a un autista se le priva del dominio básico de su lengua materna y, además, se le ponen barreras artificiales a su comunicación natural, su proceso de relación se ve profundamente dificultada, y, por tanto, impedido su desarrollo como persona.

Menciono este hecho  porque la psicólogo y logopeda de una de las niñas han prescrito a María que no matricule a su hija de tres años en una línea de inmersión en valenciano. La verdad es que no hace falta ser psicólogo para emitir ese dictamen. Es una cuestión de sentido común. Y hay que ser muy ladino o ceporro, según el caso, para contradecir algo que tiene una fundamentación racional tan lógica.  

De este sentido común carecen los seguidores del señor Marzá, flamante consejero valenciano insubordinado a las sentencias judiciales que anulan su Decreto de monolingüismo a la fuerza sin respeto alguno a los derechos de las personas. Puede ser insensatez o algo peor como tener una perversidad de la que han dado indudable muestra los pretendientes a la separación de los supuestos Países catalanes entre los que están la Comunidad de Valencia, la de Baleares y, al parecer Aragón. Bien podría llamarse a eso Reino de Aragón, puesto que Cataluña nunca tuvo un reino pese a la persistencia de su empeño por tergiversar la historia.

El caso es que seguimos peor que nunca en materia de derechos y libertades. La dictadura nacionalista campa por sus fueros, en este caso por un particularismo que trata de configurarse  donde había un claro signo de patriotismo español, al igual que en Navarra. Ambos son casos homologables.

Lo patológico desde el plano político y desde una mínima sensibilidad humana es que ni tan siquiera se contemple el derecho a la educación, que está  protegido por el artículo 27 de la Constitución Española, y que significa que cada cual reciba lo que requiere según sus capacidades y sus necesidades; y que se adapten los programas y las didácticas a cada situación de necesidad.

Pero ya sabemos que eso no produce ninguna preocupación ni interés a los bárbaros, ya que lo único que   persiguen es crear  un retroceso hacia el medievo, es decir un feudalismo en el que ellos serán  los que tengan derecho de pernada. A los hechos me remito.
 

Quienes votamos la  Constitución Española nunca hubiéramos supuesto que los derechos y libertades a los que de forma anhelante aspirábamos, tras el periplo de la dictadura, iban a ser objeto de tal deterioro, a tal sojuzgamiento. Hasta el punto miserable de negar a una madre la escolarización de sus hijos en una línea en castellano, por el peregrino argumento de que la todo el sistema debe ser en valenciano. Y eso en Alicante, una provincia con un predominio incuestionable   uso social del castellano. ¡Hasta qué punto de sinrazón, rozando el esperpento, hemos llegado! ¿Y por qué?