Editorial conjunto de los directores de La Tribuna del País Vasco y de La Tribuna de Cartagena
Ante las difíciles horas a las que se enfrenta España
España se enfrenta, acaso, a las horas más difíciles para el mantenimiento de su integridad territorial de los últimos ochenta años. La fragilidad de un Gobierno cobarde, que a falta del coraje suficiente para asumir su obligación va aplicando por trozos el artículo 155 de la Constitución Española, está dando alas al independentismo catalán, hasta el punto de que ya desafía abiertamente a la justicia y a las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado.
Los últimos acontecimientos (los que conocemos a la hora de redactar este Editorial conjunto ya que, sólo Dios sabe de aquí a unas horas qué es lo que puede llegar a pasar) demuestran claramente que el envalentonamiento de los sediciosos, lejos de aplacarse por las amenazas judiciales y por las medidas económicas, cobra cada vez más fuerza y se lanza a ocupar las calles sin miedo alguno a ser contenido por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que además, en el caso de los Mossos de Escuadra, no tenemos ninguna certeza de a quién están obedeciendo en estos momentos ni, menos aún, de a quién piensa obedecer en los próximos días.
Los ciudadanos españoles amantes de la patria que son naturales o que viven en Cataluña, permanecen absolutamente acobardados y algunos, los más valientes, quienes no dudan en hacer público su amor a la patria, son perseguidos y amenazados sin que el Estado cumpla con su obligación constitucional de defenderlos. Mientras tanto, en el resto de España, la extrema izquierda antiespañola se manifiesta abiertamente en Madrid, y en otras capitales, apoyando abiertamente a los secesionistas sin que sean reprendidos ni disueltos por las fuerzas de orden público. El pueblo español calla y permanece atónito ante lo que está ocurriendo.
Por eso nosotros, como medios de comunicación libres e independientes, que amamos a nuestra patria y que estamos orgullosos de nuestra españolidad, no podemos permanecer al margen de cuanto está ocurriendo. Actuamos lejos del buenismo imperante (que no viene a ser sino una forma de cobardía o de antipatriotismo) y manifestamos nuestro sentimiento y nuestro pensamiento sin ninguna reserva sentimental ni intelectual.
Amamos a España porque España es mucho más que una forma de Estado o que una Constitución, situaciones, ambas, absolutamente coyunturales. Amamos a España porque es mucho más que una circunstancia histórica y porque, de igual modo, amamos profundamente a Cataluña por española y porque la queremos cada vez más española, lo mismo que al resto de las regiones de España. España es la base de nuestra libertad.
La situación exige de la máxima contundencia que, desgraciadamente, no parece entrar en los planes del presidente del Gobierno.
Por ello exigimos al Jefe del Estado, en su obligación constitucional de ser garante de la unidad de la patria, que actúe como lo hizo su padre el 23 de febrero de 1981, ante unos sucesos absolutamente excepcionales pero que, a diferencia de los actuales, al menos no hacían peligrar en absoluto la unidad de las tierras del país. Exigimos al Jefe del Estado también, que en su condición de Capitán General de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, ordene y lidere la obligación constitucional que asiste a las Fuerzas Armadas de defender la unidad y soberanía de la patria.
Nos encontramos ante unos momentos cruciales en la historia de España, unos momentos en los que, según actúe Gobierno de España y Jefatura del Estado, la nación seguirá existiendo o se desmembrará irreparablemente. Se trata de una misión histórica ante la que no caben posiciones intermedias, eso que Rajoy llama “proporcionalidad”.
Por eso, desde La Tribuna del País Vasco y desde La Tribuna de Cartagena exigimos la inmediata y completa aplicación del artículo 155 de la Constitución española, la detención del presidente de la Generalitat y de todos sus consejeros, así como de cuantos se manifiesten abiertamente como opositores al cumplimiento de la ley. Y exigimos, también, la asunción por parte de la Jefatura del Estado de las atribuciones que le corresponden en una situación límite como la que nos encontramos.
También hacemos un llamamiento a todos los españoles de bien a que no pierdan la calma y a que exijan de sus gobernantes la máxima contundencia para preservar aquello que es de todos: la unidad de la Patria y la defensa de la democracia.
España se enfrenta, acaso, a las horas más difíciles para el mantenimiento de su integridad territorial de los últimos ochenta años. La fragilidad de un Gobierno cobarde, que a falta del coraje suficiente para asumir su obligación va aplicando por trozos el artículo 155 de la Constitución Española, está dando alas al independentismo catalán, hasta el punto de que ya desafía abiertamente a la justicia y a las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado.
Los últimos acontecimientos (los que conocemos a la hora de redactar este Editorial conjunto ya que, sólo Dios sabe de aquí a unas horas qué es lo que puede llegar a pasar) demuestran claramente que el envalentonamiento de los sediciosos, lejos de aplacarse por las amenazas judiciales y por las medidas económicas, cobra cada vez más fuerza y se lanza a ocupar las calles sin miedo alguno a ser contenido por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que además, en el caso de los Mossos de Escuadra, no tenemos ninguna certeza de a quién están obedeciendo en estos momentos ni, menos aún, de a quién piensa obedecer en los próximos días.
Los ciudadanos españoles amantes de la patria que son naturales o que viven en Cataluña, permanecen absolutamente acobardados y algunos, los más valientes, quienes no dudan en hacer público su amor a la patria, son perseguidos y amenazados sin que el Estado cumpla con su obligación constitucional de defenderlos. Mientras tanto, en el resto de España, la extrema izquierda antiespañola se manifiesta abiertamente en Madrid, y en otras capitales, apoyando abiertamente a los secesionistas sin que sean reprendidos ni disueltos por las fuerzas de orden público. El pueblo español calla y permanece atónito ante lo que está ocurriendo.
Por eso nosotros, como medios de comunicación libres e independientes, que amamos a nuestra patria y que estamos orgullosos de nuestra españolidad, no podemos permanecer al margen de cuanto está ocurriendo. Actuamos lejos del buenismo imperante (que no viene a ser sino una forma de cobardía o de antipatriotismo) y manifestamos nuestro sentimiento y nuestro pensamiento sin ninguna reserva sentimental ni intelectual.
Amamos a España porque España es mucho más que una forma de Estado o que una Constitución, situaciones, ambas, absolutamente coyunturales. Amamos a España porque es mucho más que una circunstancia histórica y porque, de igual modo, amamos profundamente a Cataluña por española y porque la queremos cada vez más española, lo mismo que al resto de las regiones de España. España es la base de nuestra libertad.
La situación exige de la máxima contundencia que, desgraciadamente, no parece entrar en los planes del presidente del Gobierno.
Por ello exigimos al Jefe del Estado, en su obligación constitucional de ser garante de la unidad de la patria, que actúe como lo hizo su padre el 23 de febrero de 1981, ante unos sucesos absolutamente excepcionales pero que, a diferencia de los actuales, al menos no hacían peligrar en absoluto la unidad de las tierras del país. Exigimos al Jefe del Estado también, que en su condición de Capitán General de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, ordene y lidere la obligación constitucional que asiste a las Fuerzas Armadas de defender la unidad y soberanía de la patria.
Nos encontramos ante unos momentos cruciales en la historia de España, unos momentos en los que, según actúe Gobierno de España y Jefatura del Estado, la nación seguirá existiendo o se desmembrará irreparablemente. Se trata de una misión histórica ante la que no caben posiciones intermedias, eso que Rajoy llama “proporcionalidad”.
Por eso, desde La Tribuna del País Vasco y desde La Tribuna de Cartagena exigimos la inmediata y completa aplicación del artículo 155 de la Constitución española, la detención del presidente de la Generalitat y de todos sus consejeros, así como de cuantos se manifiesten abiertamente como opositores al cumplimiento de la ley. Y exigimos, también, la asunción por parte de la Jefatura del Estado de las atribuciones que le corresponden en una situación límite como la que nos encontramos.
También hacemos un llamamiento a todos los españoles de bien a que no pierdan la calma y a que exijan de sus gobernantes la máxima contundencia para preservar aquello que es de todos: la unidad de la Patria y la defensa de la democracia.
