Dos “expertos” de las Naciones Unidas han puesto en duda la calidad de la democracia española y han exhortado a las autoridades de este país a “garantizar” que las medidas adoptadas ante el ilegal referéndum golpista que el independentismo catalán quiere poner en marcha el próximo 1 de octubre” no interfieran con los derechos fundamentales a la libertad de expresión, reunión y asociación y participación pública”.

La ONU, que durante los últimos años se ha convertido en un auténtica aberración institucional domeñana por el islamismo radical y los países bolivarianos, se permiete señalar que, independientemente de la legalidad del referéndum, “las autoridades españolas tienen la responsabilidad de respetar los derechos que son esenciales para las sociedades democráticas”.

La Organización de Naciones Unidas basa su comunicado en el informe de dos “expertos”, David Kaye, relator especial sobre la promoción del derecho a la libertad de opinión, y Alfred de Zayas, experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático, que no han dudado en señalar que “las medidas que estamos presenciando son preocupantes porque parecen violar derechos individuales fundamentales, limitando el flujo de información pública y la posibilidad de un debate abierto en un momento crítico para la democracia española”. Y añaden:
“Nos preocupa que esta orden y la retórica que la acompaña puedan aumentar las tensiones y el malestar social”.