El problema fundamental de la situación creada por la pantomima de referéndum de ayer, y de no haberlo atajado previamente con la asunción de todas las atribuciones conferidas a una Generalitat golpista, no es tanto las jornadas que se nos avecinan de proclamación unilateral de independencia, sino la propia crisis de los restos exiguos que quedaban del Estado Constitucional. En el peor de los casos, si sucediera finalmente la separación de Cataluña,  la descomposición de España no habría forma de pararla y estaríamos abocados a consecuencias imprevisibles, incluida la guerra. Algunos me llamarán alarmista, pero estas cosas sabemos cómo empiezan pero no como acaban. Lo hemos visto tanto en nuestra historia no hace mucho (70 años en términos históricos es anteayer) y lo hemos comprobado en la guerra de Yugoslavia.  

Y desgraciadamente, esta situación se ha generado en el peor de los momentos en cuanto a la composición de los órganos de representación popular en el Congreso y en el Senado. Con un Podemos antisistema que trata de derrumbar el régimen nacido en 1978 y que es la marca blanca de Bildu en el Estado, con una serie de grupúsculos de todo color de carácter segregacionista que niegan a España, con un Partido Socialista que ha olvidado sus errores de los años treinta y que tiende a repetirlos de una forma mimética, cuyo líder abandona la idea de la España constitucional y sobrepone sus ambiciones personales a la estabilidad de su país;  con un PP acorralado cuyo líder y presidente del Gobierno actúa como un personaje noqueado, sin saber bien en qué lugar del ring ponerse para evitar el puñetazo final. En este contexto se está produciendo la tormenta perfecta cuya salida es realmente complicada y no sabemos bien las nefastas consecuencias a las que nos vamos a ver abocados todos los españoles.

Los que querían dinamitar el sistema democrático lo están logrando. Están siendo más hábiles que los que queremos evitar el desmoronamiento de un sistema constitucional ya depauperado, adulterado y desacreditado por los mismos que debían haberlo cuidado para no desgastar el prestigio que tuvo en los momentos de la transición democrática.  Cualquier solución pasa por modificarlo, pero en las circunstancias dichas la posibilidad de hacerlo es inviable. No existen las mínimas condiciones para un diálogo constitucional y mucho menos para un consenso constructivo. El reincidir en los males y déficits de la actual Constitución, que nos han llevado al momento presente es prolongar una larga agonía hasta la muerte de España como Nación y como Estado.

Y la pregunta es qué se podría haber hecho ante el jaque mate del independentismo catalán con su flagrante incumplimiento de todas las normas legales, con una sedición y rebelión que nadie a día de hoy será capaz de negar que se ha producido.  

Rajoy ha adoptado las vías prudentes ante su debilidad institucional con su conocida forma de gobernar que consiste en no hacer nada para no equivocarse.  Ha descargado la responsabilidad de resolver el envite secesionista en el poder judicial, a sabiendas de que éste está limitado en las posibilidades reales de liquidar  de una forma efectiva y enérgica el intento de la vulneración de todos los principios democráticos por un ejecutivo  pirata, independentista,  con los garfios anclados en la borda del barco del Estado constitucional, para su abordaje y eliminación. La vía emprendida nos ha llevado al desastre, y por no aplicar desde un primer momento los instrumentos legales que permitan el control total de los mecanismos de intervención para asegurar el orden público en Cataluña, como es el 155,  vamos a tener que hacerlo tarde y mal, y, posiblemente, también con la declaración de Estado de Excepción; para poder contener la serie de actuaciones suicidas de una masa abducida por un nirvana independentista contado por unos desaprensivos con intereses exclusivamente personales como si fuera el cuento de las “Mil y una noches”. O eso, o la muerte del cuerpo político español por metástasis.

Ciertamente la decisión de Rajoy era muy complicada. Declarar el 155 ante el reto de un referéndum ilegal con intenciones secesionistas fuera cual fuera su resultado suponía quedarse solo. Pero tenía el Senado con una mayoría suficiente para su aplicación. Era una decisión arriesgada y comprometida, con posibles consecuencias de alzamiento contra el orden establecido, y hubiera tenido que desplegar todos los recursos e instrumentos para asegurar el orden público, con las mismas imágenes de violencia legítima que tanto aprovecha una prensa internacional que no se ha caracterizado por amar a nuestra patria; pero hubiéramos evitado las descarnadas escenas de insumisión de los mossos o de ultrajes a nuestras fuerzas de seguridad desamparadas, y la ineficaz actuación para eliminar una urnas que abundaban por doquier en una falsa apariencia de votación; y el espectáculo bananero de un sucedáneo de autodeterminación. Estaríamos en un escenario mejor en nuestra imagen internacional, y daríamos la impresión de ser un Estado serio, que actúa con la firmeza necesaria y la prontitud exigida por la situación.

El resultado actual de un Gobierno atenazado por los temores y el miedo no puede ser más nefasto. Pero no solamente es culpa del Gobierno. Lo es también del principal partido de la oposición, el Partido Socialista, que en ningún momento se ha puesto incondicionalmente al servicio del Gobierno ante este trance dramático para la historia de España. Una vez más ha demostrado no servir para la estabilidad institucional y para el orden del sistema.