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Martes, 03 de Octubre de 2017 Tiempo de lectura:
¿A que espera el Presidente?

El Rey abre la puerta a Mariano Rajoy a aplicar el artículo 155 de la Constitución para frenar el Golpe de Estado catalán

Tras varias semanas desaparecido en la que es, sin duda, la peor crisis que ha atravesado la democracia española desde la Transión, el rey Felipe VI ha hecho acto de presencia en televisión para advertir de que, ante la situación "de extrema gravedad"  que atraviesaen Cataluña, los "legítimos poderes del Estado" deben asegurar "el orden constitucional", la vigencia del Estado de derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía”. El monarca hasta ahora silente ha tachado el comportamiento del Gobierno catalán de "deslealtad inadmisible" y "conducta irresponsable”. El monarca hasta ahora silente ha tachado el comportamiento del Gobierno catalán de "deslealtad inadmisible" y "conducta irresponsable”.

 

Fuentes consultadas por La Tribuna del País Vasco han explicado a este periódico que el mensaje real tenía dos objetivos únicamente: hacer acto de presencia ante una sociedad española cada vez más preocupada y asustada por lo que está ocurriendo en Cataluña y, sobre todo, abrir la puerta al Gobierno de Mariano Rajoy a aplicar el artículo 155 de la Constitución, que devolvería al Estado parte o la totalidad del autogobierno catalán.


El tibio mensaje del jefe del Estado, que, como no podía ser de otro modo, ha apelado a “la concordia y el entendimiento” sin decir cómo cree que se deberían alcanzar estos valores mientras se lucha contra los golpistas, llega apenas dos días después del referéndum ilegal organizado por la Generalidad sobre la independencia de Cataluña y tras declarar el Gobierno de Puiddemont su intención de llevar al Parlamento autonómico una declaración unilateral de independencia en las próximas jornadas.


Según el diagnóstico del monarca, "la sociedad catalana está fracturada y enfrentada", y ha responsabilizado por ello a "determinadas autoridades" que "con sus decisiones han vulnerado de manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado. Un Estado al que, precisamente, esas autoridades representan en Cataluña".

 

 

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