Mossos: 17.000 personas armadas y fuera de control a las que hay que neutralizar
Lo ocurrido en Cataluña el pasado día 1 de octubre tiene consecuencias prácticas a diferentes niveles. Y, sin duda alguna, exige, de manera urgente, la utilización por parte del Poder Ejecutivo del Art.155 de la Constitución Española. Y concretamente es muy urgente utilizarlo para tomar el control de la tercera fuerza policial armada de este país.
Creo que es oportuno recordar que los Mossos d'Esquadra, como funcionarios y como agentes de la autoridad están sometidos a su propia Ley, la 10/1994 de 11 de julio de la Policía de la Generalidad -"Mossos d' Esquadra", que en su Preámbulo - Sección II se autofundamenta en la Constitución española, en el Estatuto de Autonomía y en la Ley Orgánica 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de seguridad.
Y sin duda a la Ley 19/1983 de 14 de julio de creación de la Policía Autónoma de Cataluña, que en su Art.4 reza: "los Mossos d'Escuadra jurarán o prometerán acatamiento a la Constitucion, como norma fundamental del Estado, y al Estatuto de Autonomía, como norma institucional básica de Cataluña".
El día 1, los Mossos d'Esquadra se han "saltado" toda esta legislación, y sus acciones e inacciones quedaron para los libros de historia y para los tribunales. Ha sido tremendamente vergonzoso que más de 17.000 personas armadas incumplan las leyes de las que emana su autoridad, y que les obliga no solo a su cumplimiento, sino a hacerlas cumplir.
Amparándose en la cobarde posición de "estoy cumpliendo órdenes", no han querido recordar que estaban cometiendo gravísimos delitos, y se les ha olvidado que: "el desconocimiento de la Ley no exime de su cumplimiento". Pero en este caso, desde el conocimiento de la Ley, se han cometido los delitos con una actutid prevadicadora y provocadora, con alevosia y premeditación.
Señores Mossos, desde hace décadas ya no existte la "obediencia debida al mando". Su conocimiento de la vigente legislación y de estos extremos se produjo en su academia de Mollet del Vallés (Barcelona), y allí juraron o prometieron obediencia a las Leyes, justo antes de que les entregasen un diploma, un carnet y un arma reglamentaria.
Pero ustedes han atendido las ordenes de un "comisario Político" que desde hace poco es el impresentable Joaquim Forn (PDeCAT), que ha sustituido al fulminado Jordi Jané, que opinaba que los Mossos "deben cumplir la legalidad vigente", el mismo Forn que piensa y dice que "los españoles le damos pena" y que ha ascendido de responsabilidad en esta pseudo-policía al independentista Josép Lluis Trapero.
Su actuación el día 1 les inhabilita como elementos operativos y como agentes de la autoridad, su incapacidad para cumplir la Ley y su deslealtad han sido clamorosas.
Y esa actuación también les inhabilita en el desempeño de funciones de Policía Judicial, porque no solo han incumplido la legislación vigente, sino un concreto mandato judicial.
A las 06.00 horas del día 1 incumplieron una orden explícita, y a partir de ése momento todos hemos visto cómo apoyaban a los sediciosos e incluso se enfrentaban a las fuerzas de la Guardia Civil y la Policía Nacional.
Por estas razones, entre otras, deben ser neutralizados como policía armada, como agentes de la autoridad, como Policía Judicial, y como representantes del Orden y la Ley.
El Estado dispone del instrumento adecuado para proceder a esa neutralización, y es el Art.155 de la CE, y debe hacerlo ya, porque tener a más de 17.000 personas uniformadas y armadas fuera de control es un peligro potencial extraordinario.
No es nada extraño que una decena de juzgados hayan abierto diligencias contra ellos, y que su acción e inacción genere críticas entre la Guardia Civil y la Policía Nacional y la mayoría de los españoles, lo extraño sería lo contrario. Y lo extraño es que sigan existiendo y desempeñando unas funciones que solo se ajustan al mandato de los sediciosos y los rebeldes.
Y es intolerable que los españoles, vía Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), les sigamos pagando un sueldo, que encima es muy superior al de los Guardias Civiles y los Policías Nacionales, mientras unos cumplen la Ley y otros no solo se la saltan, sino que delinquen.
Carles Puigdemont llegó a plantearse públicamente la conveniencia de que la futura República Independiente de Cataluña tuviese su propio ejército; tengo la sensación de que piensa que ya lo tiene; solo tiene que cambiarles el nombre, el reglamento, el uniforme y las dotaciones de armamento. Después de lo ocurrido el 1 de octubre, motivos tendrá para pensarlo.
Es urgente y prioritario neutralizar esta fuerza armada, que está fuera del control del Estado español y que ha pasado a ser conntrolada por los sediciosos. Si no son disueltos, la depuración que habrá que realizar en la plantilla será un trabajo ingente y complicado.
Lo ocurrido en Cataluña el pasado día 1 de octubre tiene consecuencias prácticas a diferentes niveles. Y, sin duda alguna, exige, de manera urgente, la utilización por parte del Poder Ejecutivo del Art.155 de la Constitución Española. Y concretamente es muy urgente utilizarlo para tomar el control de la tercera fuerza policial armada de este país.
Creo que es oportuno recordar que los Mossos d'Esquadra, como funcionarios y como agentes de la autoridad están sometidos a su propia Ley, la 10/1994 de 11 de julio de la Policía de la Generalidad -"Mossos d' Esquadra", que en su Preámbulo - Sección II se autofundamenta en la Constitución española, en el Estatuto de Autonomía y en la Ley Orgánica 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de seguridad.
Y sin duda a la Ley 19/1983 de 14 de julio de creación de la Policía Autónoma de Cataluña, que en su Art.4 reza: "los Mossos d'Escuadra jurarán o prometerán acatamiento a la Constitucion, como norma fundamental del Estado, y al Estatuto de Autonomía, como norma institucional básica de Cataluña".
El día 1, los Mossos d'Esquadra se han "saltado" toda esta legislación, y sus acciones e inacciones quedaron para los libros de historia y para los tribunales. Ha sido tremendamente vergonzoso que más de 17.000 personas armadas incumplan las leyes de las que emana su autoridad, y que les obliga no solo a su cumplimiento, sino a hacerlas cumplir.
Amparándose en la cobarde posición de "estoy cumpliendo órdenes", no han querido recordar que estaban cometiendo gravísimos delitos, y se les ha olvidado que: "el desconocimiento de la Ley no exime de su cumplimiento". Pero en este caso, desde el conocimiento de la Ley, se han cometido los delitos con una actutid prevadicadora y provocadora, con alevosia y premeditación.
Señores Mossos, desde hace décadas ya no existte la "obediencia debida al mando". Su conocimiento de la vigente legislación y de estos extremos se produjo en su academia de Mollet del Vallés (Barcelona), y allí juraron o prometieron obediencia a las Leyes, justo antes de que les entregasen un diploma, un carnet y un arma reglamentaria.
Pero ustedes han atendido las ordenes de un "comisario Político" que desde hace poco es el impresentable Joaquim Forn (PDeCAT), que ha sustituido al fulminado Jordi Jané, que opinaba que los Mossos "deben cumplir la legalidad vigente", el mismo Forn que piensa y dice que "los españoles le damos pena" y que ha ascendido de responsabilidad en esta pseudo-policía al independentista Josép Lluis Trapero.
Su actuación el día 1 les inhabilita como elementos operativos y como agentes de la autoridad, su incapacidad para cumplir la Ley y su deslealtad han sido clamorosas.
Y esa actuación también les inhabilita en el desempeño de funciones de Policía Judicial, porque no solo han incumplido la legislación vigente, sino un concreto mandato judicial.
A las 06.00 horas del día 1 incumplieron una orden explícita, y a partir de ése momento todos hemos visto cómo apoyaban a los sediciosos e incluso se enfrentaban a las fuerzas de la Guardia Civil y la Policía Nacional.
Por estas razones, entre otras, deben ser neutralizados como policía armada, como agentes de la autoridad, como Policía Judicial, y como representantes del Orden y la Ley.
El Estado dispone del instrumento adecuado para proceder a esa neutralización, y es el Art.155 de la CE, y debe hacerlo ya, porque tener a más de 17.000 personas uniformadas y armadas fuera de control es un peligro potencial extraordinario.
No es nada extraño que una decena de juzgados hayan abierto diligencias contra ellos, y que su acción e inacción genere críticas entre la Guardia Civil y la Policía Nacional y la mayoría de los españoles, lo extraño sería lo contrario. Y lo extraño es que sigan existiendo y desempeñando unas funciones que solo se ajustan al mandato de los sediciosos y los rebeldes.
Y es intolerable que los españoles, vía Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), les sigamos pagando un sueldo, que encima es muy superior al de los Guardias Civiles y los Policías Nacionales, mientras unos cumplen la Ley y otros no solo se la saltan, sino que delinquen.
Carles Puigdemont llegó a plantearse públicamente la conveniencia de que la futura República Independiente de Cataluña tuviese su propio ejército; tengo la sensación de que piensa que ya lo tiene; solo tiene que cambiarles el nombre, el reglamento, el uniforme y las dotaciones de armamento. Después de lo ocurrido el 1 de octubre, motivos tendrá para pensarlo.
Es urgente y prioritario neutralizar esta fuerza armada, que está fuera del control del Estado español y que ha pasado a ser conntrolada por los sediciosos. Si no son disueltos, la depuración que habrá que realizar en la plantilla será un trabajo ingente y complicado.
