Inaceptable
Es inaceptable que el secesionista Josép Lluis Trapero, máximo responsable operativo de los Mossos d'Esquadra, siga ni un minuto más al frente de más de 17.000 hombres armados.
Sin entrar a valorar las decisiones de la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, creo que no es aceptable que una persona que está siendo "investigada" (imputada) por la comisión de un delito tan grave como es el de sedición, tipificado en los artículos 544 a 549 del Capítulo I "Delitos contra el orden público", del Título XXII, de nuestro Código Penal, castigado con penas que van de 8 a 15 años de prisión, siga ocupando uun puesto tan relevante para el mantenimiento del orden público.
Es increíble que que el mayor de los Mossos, tras una segunda declaración ante su señoría, en la que se reafirma en una versión de los hechos que contradice el informe de la Guardia Civil y todas las pruebas que los medios técnicos proporcionan al instructor de una causa en el siglo XXI, salga del juzgado en libertad pero con medidas cautelares.
Es muy difícil entender que esa persona haya tenido que entregar el pasaporte, tenga que presentarse en el juzgado pertinente cada 15 días, pero no sea instatáneamente inhabilitado, no se le retire su condición de agente de la autoridad y su licencia de "arma corta".
¿Cómo es posible que el jefe de la tercera fuerza policial de éste país pueda caminar tranquilo, y si le da la gana vestido de uniforme, por las calles de España? Dando órdenes incluso por teléfono, mientras sus movimientos están siendo sometidos a las limitaciones que determinan unas medidas cautelares fundamentadas en la comisión de gravísimos hechos.
¿Y cómo es posible que no se hayan activado, desde hace tiempo y en ningún momento, los mecanismos previstos en el severo régimen disciplinario de los Mossos d'Esquadra, determinados en su Ley 10/1994, Capítulo IV, artículos 66 a 78?
Supongo que estará encantado con los éxitos alcanzados su jefe político, Joaquim Forn i Chiariello (PDeCAT), que el pasado día 14 de julio sustituyó sorpresivamente al fulminado Jordí Jané y Guasch, y se hizo cargo de la importante Conselleria d'Interior, que es el Departamento de la Generalitat encargado de la seguridad ciudadana. El hombre que dice que "los españoles le damos pena".
Es inaceptable que el secesionista Josép Lluis Trapero, máximo responsable operativo de los Mossos d'Esquadra, siga ni un minuto más al frente de más de 17.000 hombres armados.
Sin entrar a valorar las decisiones de la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, creo que no es aceptable que una persona que está siendo "investigada" (imputada) por la comisión de un delito tan grave como es el de sedición, tipificado en los artículos 544 a 549 del Capítulo I "Delitos contra el orden público", del Título XXII, de nuestro Código Penal, castigado con penas que van de 8 a 15 años de prisión, siga ocupando uun puesto tan relevante para el mantenimiento del orden público.
Es increíble que que el mayor de los Mossos, tras una segunda declaración ante su señoría, en la que se reafirma en una versión de los hechos que contradice el informe de la Guardia Civil y todas las pruebas que los medios técnicos proporcionan al instructor de una causa en el siglo XXI, salga del juzgado en libertad pero con medidas cautelares.
Es muy difícil entender que esa persona haya tenido que entregar el pasaporte, tenga que presentarse en el juzgado pertinente cada 15 días, pero no sea instatáneamente inhabilitado, no se le retire su condición de agente de la autoridad y su licencia de "arma corta".
¿Cómo es posible que el jefe de la tercera fuerza policial de éste país pueda caminar tranquilo, y si le da la gana vestido de uniforme, por las calles de España? Dando órdenes incluso por teléfono, mientras sus movimientos están siendo sometidos a las limitaciones que determinan unas medidas cautelares fundamentadas en la comisión de gravísimos hechos.
¿Y cómo es posible que no se hayan activado, desde hace tiempo y en ningún momento, los mecanismos previstos en el severo régimen disciplinario de los Mossos d'Esquadra, determinados en su Ley 10/1994, Capítulo IV, artículos 66 a 78?
Supongo que estará encantado con los éxitos alcanzados su jefe político, Joaquim Forn i Chiariello (PDeCAT), que el pasado día 14 de julio sustituyó sorpresivamente al fulminado Jordí Jané y Guasch, y se hizo cargo de la importante Conselleria d'Interior, que es el Departamento de la Generalitat encargado de la seguridad ciudadana. El hombre que dice que "los españoles le damos pena".
