2.000 millones de euros anuales cuesta al erario público sueco la investigación de los delitos cometidos por inmigrantes
Los “Papeles suecos” que la prensa occidental oculta: el 82% de las personas encarceladas por violación en grupo son de origen extranjero
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Recientemente, una gran cantidad de datos del Sistema de Información Penal de Suecia han sido liberados por un grupo de hackers que los han puesto en manos del colectivo “Nordfront”. Esta asociación, muy crítica con las políticas de apertura hacia la inmigración musulmana que el Gobierno de extrema izquierda de Estocolmo mantiene vigentes, decidió publicar la información así obtenida en colaboración con la web “Gang Rape Sweden”, dedicada a denunciar las continuas violaciones grupales que se producen en este país.
Los datos filtrados de esta forma revelan sentencias judiciales, nombres de los acusados, número de la seguridad social, tribunal, fecha de juicio, período de prisión, región y lugar de la investigación para el enjuiciamiento de los sospechosos. Se han destapado archivos correspondientes a 168.000 sentencias judiciales dictadas en Suecia entre el 10 de mayo de 2004 y el 8 de enero de 2015.
De las 83.656 personas involucradas en los delitos, 37.735 (45%) nacieron en el extranjero. Entre los condenados a 9 y 10 años de prisión, cerca del 70% fueron extranjeros.
En el caso de los delitos de violación en grupo, el 82% de los condenados son inmigrantes. Los informes hechos públicos también revelan que la investigación de los delitos cometidos por inmigrantes tuvieron un coste anual para el Gobierno superior a los 2.000 millones de euros.
El periodista sueco Peter Imanuelsen, uno de los pocos informadores de este país que no se ha sometido a la dictadura de la correción política impuesta por el Ejecutivo de socialistas y ecologistas, está seguro de que los datos son fiables. “Friatider, el único periódico que se ha atrevido a publicarlos, ha sido demandado por publicar la información, así que debe ser cierta”.
Aunque la Policía sueca, de forma oficial, asegura que esta publicación de datos es una grave violación de la “Ley de Datos Personales”, no hay que olvidar que la información hecha pública coincide en su totalidad con la que miembros de las fuerzas de seguridad de Estocolmo, de forma independiente, han difundido, asumiendo todos los riesgos de su divulgación en un país en el que está prohibido, bajo pena de cárcel, informar de la nacionalidad de los delincuentes.
Los medios de comunicación tradicionales suecos también han callado y ocultado la información, en una situación en la que parece ser que publicar datos sobre los crímenes que se cometen en Suecia “es algo más grave que los propios crímenes”, tal y como se advierte desde la web Voice of Europe.
Recientemente, una gran cantidad de datos del Sistema de Información Penal de Suecia han sido liberados por un grupo de hackers que los han puesto en manos del colectivo “Nordfront”. Esta asociación, muy crítica con las políticas de apertura hacia la inmigración musulmana que el Gobierno de extrema izquierda de Estocolmo mantiene vigentes, decidió publicar la información así obtenida en colaboración con la web “Gang Rape Sweden”, dedicada a denunciar las continuas violaciones grupales que se producen en este país.
Los datos filtrados de esta forma revelan sentencias judiciales, nombres de los acusados, número de la seguridad social, tribunal, fecha de juicio, período de prisión, región y lugar de la investigación para el enjuiciamiento de los sospechosos. Se han destapado archivos correspondientes a 168.000 sentencias judiciales dictadas en Suecia entre el 10 de mayo de 2004 y el 8 de enero de 2015.
De las 83.656 personas involucradas en los delitos, 37.735 (45%) nacieron en el extranjero. Entre los condenados a 9 y 10 años de prisión, cerca del 70% fueron extranjeros.
En el caso de los delitos de violación en grupo, el 82% de los condenados son inmigrantes. Los informes hechos públicos también revelan que la investigación de los delitos cometidos por inmigrantes tuvieron un coste anual para el Gobierno superior a los 2.000 millones de euros.
El periodista sueco Peter Imanuelsen, uno de los pocos informadores de este país que no se ha sometido a la dictadura de la correción política impuesta por el Ejecutivo de socialistas y ecologistas, está seguro de que los datos son fiables. “Friatider, el único periódico que se ha atrevido a publicarlos, ha sido demandado por publicar la información, así que debe ser cierta”.
Aunque la Policía sueca, de forma oficial, asegura que esta publicación de datos es una grave violación de la “Ley de Datos Personales”, no hay que olvidar que la información hecha pública coincide en su totalidad con la que miembros de las fuerzas de seguridad de Estocolmo, de forma independiente, han difundido, asumiendo todos los riesgos de su divulgación en un país en el que está prohibido, bajo pena de cárcel, informar de la nacionalidad de los delincuentes.
Los medios de comunicación tradicionales suecos también han callado y ocultado la información, en una situación en la que parece ser que publicar datos sobre los crímenes que se cometen en Suecia “es algo más grave que los propios crímenes”, tal y como se advierte desde la web Voice of Europe.
