En 2000 impuso duras sanciones a Viena
La UE calla ahora ante la llegada de la nueva derecha del FPÖ al Gobierno austríaco
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Reforzamiento del Estado nacional, ahorro masivo reduciendo la burocracia, incremento de las penas de cárcel para delitos sexuales y violentos, recorte brusco de la inmigración y de las políticas de asilo, establecimiento de niveles mínimos de aprendizaje en las escuelas y puesta en marcha de planes de apoyo a los pensionistas y las familias. Cuando medidas similares a estas han sido puestas en marcha por países como Polonia o Hungría, la Unión Europea se ha echado las manos al cielo y ha amenazado con todas las penas del infierno a quienes “coartan la libertad y atentan contra la esencias de las instituciones comunitarias”. Pues bien, estos planteamientos son ahora el eje central del programa de Gobierno pactado en Austria entre el conservador ÖVP, vencedor en las últimas elecciones, y la “nueva derecha” del FPÖ, formación liberal que por su oposición a la inmigración descontrolada, ilegal y masiva es considerada como de “extrema-derecha” por la Comisión Europea y la mayoría de los medios de comunicación del viejo contienente.
A pesar de que en el año 2000, en una situación similar, la UE impuso sanciones a Austria por la entrada del FPÖ en el Gobierno, ahora las instituciones comunitarias han preferido guardar un incómodo silencio ante el Gobierno que será presentado hoy. El nuevo presidente, Sebastian Kurz, no ha dudado en señalar que “queremos garantizar una mayor seguridad en nuestro país, incluso a través de la lucha contra la inmigración ilegal”.
En 2015, cuando más de un millón de refugiados y otros inmigrantes llegaron a Europa, Austria acogió a más del 1% de su población en solicitudes de asilo, una de las más altas de la UE. Muchos votantes sintieron que su país fue invadido, y ambas partes se han comprometido a evitar que vuelva a repetirse esta afluencia. En este sentido, el nuevo Ejecutivo ya ha anunciado que cerrará el acceso de los recién llegados a muchos servicios sociales durante sus primeros cinco años en el país, y que proporcionará a los refugiados reconocidos solo una versión muy reducida de esas prebendas.
Los conservadors del ÖVP tendrán las carteras de Economía, Finanzas y Justicia, mientras que el FPÖ se responsabiliza de ministerios también claves como Interior, Exteriores y Defensa.
Reforzamiento del Estado nacional, ahorro masivo reduciendo la burocracia, incremento de las penas de cárcel para delitos sexuales y violentos, recorte brusco de la inmigración y de las políticas de asilo, establecimiento de niveles mínimos de aprendizaje en las escuelas y puesta en marcha de planes de apoyo a los pensionistas y las familias. Cuando medidas similares a estas han sido puestas en marcha por países como Polonia o Hungría, la Unión Europea se ha echado las manos al cielo y ha amenazado con todas las penas del infierno a quienes “coartan la libertad y atentan contra la esencias de las instituciones comunitarias”. Pues bien, estos planteamientos son ahora el eje central del programa de Gobierno pactado en Austria entre el conservador ÖVP, vencedor en las últimas elecciones, y la “nueva derecha” del FPÖ, formación liberal que por su oposición a la inmigración descontrolada, ilegal y masiva es considerada como de “extrema-derecha” por la Comisión Europea y la mayoría de los medios de comunicación del viejo contienente.
A pesar de que en el año 2000, en una situación similar, la UE impuso sanciones a Austria por la entrada del FPÖ en el Gobierno, ahora las instituciones comunitarias han preferido guardar un incómodo silencio ante el Gobierno que será presentado hoy. El nuevo presidente, Sebastian Kurz, no ha dudado en señalar que “queremos garantizar una mayor seguridad en nuestro país, incluso a través de la lucha contra la inmigración ilegal”.
En 2015, cuando más de un millón de refugiados y otros inmigrantes llegaron a Europa, Austria acogió a más del 1% de su población en solicitudes de asilo, una de las más altas de la UE. Muchos votantes sintieron que su país fue invadido, y ambas partes se han comprometido a evitar que vuelva a repetirse esta afluencia. En este sentido, el nuevo Ejecutivo ya ha anunciado que cerrará el acceso de los recién llegados a muchos servicios sociales durante sus primeros cinco años en el país, y que proporcionará a los refugiados reconocidos solo una versión muy reducida de esas prebendas.
Los conservadors del ÖVP tendrán las carteras de Economía, Finanzas y Justicia, mientras que el FPÖ se responsabiliza de ministerios también claves como Interior, Exteriores y Defensa.
