Fuentes próximas al Gabinete de Vicepresidencia del Gobierno han confirmado a este periódico que a lo largo de este año todos los miembros del CNI que desempeñan sus funciones en el País Vasco y en Navarra perderán progresivamente el Complemento de Zona Conflictiva (CZN), un extra económico que estos funcionarios cobran en su sueldo por las circunstancias difíciles, especialmente peligrosas, en las que desempeñan su trabajo.

Según ha podido saber La Tribuna del País Vasco, la cantidad que ha comenzado ya a recortarse de los salarios de los trabajadores adscritos a la plantilla del Centro Nacional de Inteligencia en el País Vasco y Navarra oscila entre un 25% y un 33% de la nómina, lo que supone un montante lo suficientemente importante como para modificar y condicionar el futuro y las perspectivas personales y laborales de los funcionarios del CNI en estas comunidades.

La Tribuna del País Vasco ha constatado que la resolución en la que se anuncia la retirada del CZN, firmada por el director del CNI Félix Sanz Roldán, mano derecha de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha generado un gran malestar entre el personal del CNI afectado por la misma. “La única circunstancia que ha cambiado en el último lustro, es que, gracias en buena medida al complicado, sacrificado y abnegado trabajo desarrollado por el CNI, la banda terrorista ETA ya no asesina. Pero el resto de circunstancias que complican nuestro trabajo siguen siendo las mismas, afectándonos no solamente a nosotros, sino también a nuestras parejas e hijos”, explican algunas de las personas afectadas por la medida.

Las fuentes consultadas por La Tribuna del País Vasco en Vicepresidencia del Gobierno, muy críticas con la decisión tomada por la dirección del CNI, reconocen “las enormes dificultades con las que han topado los miembros del CNI en Euskadi y Navarra para el desempeño de su trabajo, pero también para el desarrollo de la vida diaria de sus familias”.

La decisión de suprimir el Complemento de Zona Conflictiva (CZN) a los trabajadores del CNI en estas comunidades, que no se ha extendido a otros cuerpos policiales o judiciales, ha convulsionado a las delegaciones locales del Centro de Inteligencia, que están viendo cómo profesionales importantes de sus plantillas se están planteando seriamente pedir traslados a otras regiones españoles, demandar jubilaciones anticipadas o solicitar cambios de destino, lo que está influyendo muy negativamente en la actividad laboral de los servicios de inteligencia en regiones clave para la estabilidad y el futuro de España como son el País Vasco y Navarra.

Un agente del CNI lo ha dejado claramente expuesto en un foro de Internet: “Desde que el Centro modificó su Estatuto del Personal (Real Decreto 327/2004, de 27 de febrero) parece ser que las políticas de recursos humanos, en términos generales, han conseguido que el descontento de muchos agentes se incremente de forma tan rápida como  aumenta el poder de los burócratas de despacho que, profesionalmemte, jamás han pisado la calle ni se han enfrentado a un delincuente”.