¿Qué ha sido de las reformas, prometidas y necesarias?
Estamos sufriendo la absoluta parsimonia del modelo Rajoy. Pero, como todo, ha logrado contagiar. Las cámaras legislativas españolas son incapaces de producir reformas. Un país que se debate entre ingentes problemas de Estado, más allá del mundo interno que viven los miembros de la partitocracia. Hace años que está hecho el diagnóstico. El Estado Español necesita reformas y regeneración del sistema.
Los partidos políticos, tal como son y funcionan, no sirvan a los intereses generales de la ciudadanía. Son parte de problema. Las leyes que regulan su funcionamiento y financiación han quebrado, por activa y pasiva.
La Ley electoral ampara la chapuza que hemos vivido en Cataluña. No puede ser que con muchos menos votos, se logren más escaños en el legislativo. Es perverso. Se necesita establecer una relación democrática entre derecho al voto y capacidad para elegir representantes. Lo que antecede conlleva, una ley de listas abiertas y una proporcionalidad entre población-circunscripción y número de electos.
La ciudadanía tiene el derecho a ser representada y a participar en el proceso democrático. Por tanto resulta imprescindible legislar para que los electos lo sean de la circunscripción, con presencia física en tal, con actividad de servicio a tal, no sirviendo disciplinadamente a la empresa-partido.
Participar, es recuperar el papel que corresponde a la sociedad civil. Requiere: mejorar la capacidad de los ciudadanos ante la administración, ante las cámaras parlamentarias, ante la justicia. Pero también, frenar la politización sobre puestos, organismos y actividades, que deben corresponder a los méritos procedentes del ejercicio profesional sin que medie la mano de la partitocracia.
Garantizar la separación de poderes. El ejecutivo debe someterse al control del legislativo, lo que conlleva reformas en los Reglamentos de las Cámaras, evitando que sean los Gobiernos de turno quienes marquen la actividad de las asambleas legislativas, o eludan dar cuentas ante tales; como herramienta fundamental, facilitar las tareas de las comisiones de investigación. Despolitizar la justicia. Garantizando el nombramiento, sin controles políticos de los órganos judiciales, pero al mismo tiempo, controlando a través de los mejores juristas, el funcionamiento de la justicia, poniendo orden en sus tiempos, evitando las filtraciones de ciertos momentos procesales en fase de secreto, evaluando la calidad de todas y cada una de las oficinas judiciales.
Refundación del Estado de las autonomías. Hay pruebas y tenemos perspectiva temporal sobre el sobre dimensionamiento de las autonomías, que además han contribuido a la ineficiencia del gasto, manteniendo duplicidades por capacidad de fomento, plantillas y cargos de dudosa necesidad, más allá de la política clientelar. Pero lo peor está en las desigualdades y desequilibrios que se han instalado, llegando a la perversa realidad que señala como el ejercicio de la ciudadanía, en materia de acceso a los derechos sociales, es diferente en cada territorio autonómico. Incluso es el momento de preguntarse por los errores cometidos desde 1978. ¿Las competencias transferidas están bien situadas entre Instituciones centrales y periféricas?. El ejemplo que se usa cada vez más es el de la educación y sus consecuencias en comunidades gobernadas por el nacionalismo.
Refundación del mapa municipal. Sobran ayuntamientos. Sobran equipamientos y servicios en razón a la escala poblacional. Sobran trabajadores públicos. Sobran empresas paramunicipales. Sobran dedicaciones exclusivas pagadas con una generosidad que nada tienen que ver con el currículo profesional del edil. Falta la ley que defina con nitidez funciones e ingresos, evitando el uso partidario del Ayuntamiento para emprender actividades que corresponden a otras administraciones, a no ser que esté perfectamente establecida la ventanilla única próxima al ciudadano.
La más urgente de todas: La directiva legal precisa para reformar el derecho a una pensión digna. Un Estado de Derecho no puede sembrar el pánico de las clases pasivas a inventario electoral. Un Estado de Derecho no puede obligar a pagar las jubilaciones durante la etapa laboral y luego llegado el momento, hacer las modificaciones coyunturales según las cuentas del Estado, dejando en la indigencia a sus pensionistas.
La reforma del espacio informativo. Resulta obsceno el papel, costo y eficacia, de las televisiones públicas. Resulta peligrosamente impune la capacidad delictiva que se está desarrollando en el ciber espacio.
Debe revisarse con la perspectiva del tiempo y llegada de las nuevas tecnologías, las colisiones que se crean entre derechos fundamentales. Posiblemente, entre algunos derechos fundamentales, se hace necesario establecer una escala de prioridades.
La reforma del espacio financiero, requiere de valorar lo que tal tiene de servicio público antes que negocio para dirigentes y consejos de administración. Mucho más tras la debacle de las entidades para el crédito social o ciertos bancos, que nos han llevado a un rescate pagado por la ciudadanía.
La reforma de la fiscalidad, urgente e indispensable para garantizar los ingresos en las cuentas públicas. Pero terminando con la política confiscatoria del Estado, que exprime a las clases populares y mima a las élites empresariales.
La reforma de nuestro papel en las Instituciones Europeas. España debe recuperar prestigio y fuerza. Para defender al sector primario, ya que mientras no se demuestre lo contrario, es junto con la pequeña empresa familiar, la base del tejido socio-económico del país real, más allá de las pomposas y optimistas valoraciones del crecimiento de la macro economía. Y si realmente hay crecimiento económico, debe transformarse en economía social. Aquella capaz de generar empleos y salarios sostenibles para la sociedad y el estado del bienestar, que dicho sea de paso, es el espacio de los derechos sociales con enorme capacidad para crear y mantener nichos de riqueza y empleo.
Todo lo expuesto y algunas cuestiones más, nos llevan al convencimiento de lo que expresó Pedro Calderón de la Barca: "que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son".
Estamos sufriendo la absoluta parsimonia del modelo Rajoy. Pero, como todo, ha logrado contagiar. Las cámaras legislativas españolas son incapaces de producir reformas. Un país que se debate entre ingentes problemas de Estado, más allá del mundo interno que viven los miembros de la partitocracia. Hace años que está hecho el diagnóstico. El Estado Español necesita reformas y regeneración del sistema.
Los partidos políticos, tal como son y funcionan, no sirvan a los intereses generales de la ciudadanía. Son parte de problema. Las leyes que regulan su funcionamiento y financiación han quebrado, por activa y pasiva.
La Ley electoral ampara la chapuza que hemos vivido en Cataluña. No puede ser que con muchos menos votos, se logren más escaños en el legislativo. Es perverso. Se necesita establecer una relación democrática entre derecho al voto y capacidad para elegir representantes. Lo que antecede conlleva, una ley de listas abiertas y una proporcionalidad entre población-circunscripción y número de electos.
La ciudadanía tiene el derecho a ser representada y a participar en el proceso democrático. Por tanto resulta imprescindible legislar para que los electos lo sean de la circunscripción, con presencia física en tal, con actividad de servicio a tal, no sirviendo disciplinadamente a la empresa-partido.
Participar, es recuperar el papel que corresponde a la sociedad civil. Requiere: mejorar la capacidad de los ciudadanos ante la administración, ante las cámaras parlamentarias, ante la justicia. Pero también, frenar la politización sobre puestos, organismos y actividades, que deben corresponder a los méritos procedentes del ejercicio profesional sin que medie la mano de la partitocracia.
Garantizar la separación de poderes. El ejecutivo debe someterse al control del legislativo, lo que conlleva reformas en los Reglamentos de las Cámaras, evitando que sean los Gobiernos de turno quienes marquen la actividad de las asambleas legislativas, o eludan dar cuentas ante tales; como herramienta fundamental, facilitar las tareas de las comisiones de investigación. Despolitizar la justicia. Garantizando el nombramiento, sin controles políticos de los órganos judiciales, pero al mismo tiempo, controlando a través de los mejores juristas, el funcionamiento de la justicia, poniendo orden en sus tiempos, evitando las filtraciones de ciertos momentos procesales en fase de secreto, evaluando la calidad de todas y cada una de las oficinas judiciales.
Refundación del Estado de las autonomías. Hay pruebas y tenemos perspectiva temporal sobre el sobre dimensionamiento de las autonomías, que además han contribuido a la ineficiencia del gasto, manteniendo duplicidades por capacidad de fomento, plantillas y cargos de dudosa necesidad, más allá de la política clientelar. Pero lo peor está en las desigualdades y desequilibrios que se han instalado, llegando a la perversa realidad que señala como el ejercicio de la ciudadanía, en materia de acceso a los derechos sociales, es diferente en cada territorio autonómico. Incluso es el momento de preguntarse por los errores cometidos desde 1978. ¿Las competencias transferidas están bien situadas entre Instituciones centrales y periféricas?. El ejemplo que se usa cada vez más es el de la educación y sus consecuencias en comunidades gobernadas por el nacionalismo.
Refundación del mapa municipal. Sobran ayuntamientos. Sobran equipamientos y servicios en razón a la escala poblacional. Sobran trabajadores públicos. Sobran empresas paramunicipales. Sobran dedicaciones exclusivas pagadas con una generosidad que nada tienen que ver con el currículo profesional del edil. Falta la ley que defina con nitidez funciones e ingresos, evitando el uso partidario del Ayuntamiento para emprender actividades que corresponden a otras administraciones, a no ser que esté perfectamente establecida la ventanilla única próxima al ciudadano.
La más urgente de todas: La directiva legal precisa para reformar el derecho a una pensión digna. Un Estado de Derecho no puede sembrar el pánico de las clases pasivas a inventario electoral. Un Estado de Derecho no puede obligar a pagar las jubilaciones durante la etapa laboral y luego llegado el momento, hacer las modificaciones coyunturales según las cuentas del Estado, dejando en la indigencia a sus pensionistas.
La reforma del espacio informativo. Resulta obsceno el papel, costo y eficacia, de las televisiones públicas. Resulta peligrosamente impune la capacidad delictiva que se está desarrollando en el ciber espacio.
Debe revisarse con la perspectiva del tiempo y llegada de las nuevas tecnologías, las colisiones que se crean entre derechos fundamentales. Posiblemente, entre algunos derechos fundamentales, se hace necesario establecer una escala de prioridades.
La reforma del espacio financiero, requiere de valorar lo que tal tiene de servicio público antes que negocio para dirigentes y consejos de administración. Mucho más tras la debacle de las entidades para el crédito social o ciertos bancos, que nos han llevado a un rescate pagado por la ciudadanía.
La reforma de la fiscalidad, urgente e indispensable para garantizar los ingresos en las cuentas públicas. Pero terminando con la política confiscatoria del Estado, que exprime a las clases populares y mima a las élites empresariales.
La reforma de nuestro papel en las Instituciones Europeas. España debe recuperar prestigio y fuerza. Para defender al sector primario, ya que mientras no se demuestre lo contrario, es junto con la pequeña empresa familiar, la base del tejido socio-económico del país real, más allá de las pomposas y optimistas valoraciones del crecimiento de la macro economía. Y si realmente hay crecimiento económico, debe transformarse en economía social. Aquella capaz de generar empleos y salarios sostenibles para la sociedad y el estado del bienestar, que dicho sea de paso, es el espacio de los derechos sociales con enorme capacidad para crear y mantener nichos de riqueza y empleo.
Todo lo expuesto y algunas cuestiones más, nos llevan al convencimiento de lo que expresó Pedro Calderón de la Barca: "que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son".











