El pasado 26 de octubre, la Policía Nacional interceptó una furgoneta de los Mossos d'Esquadra en las puertas de la incineradora de Sant Adría del Bèsos (Barcelona).

La interceptación se produce con gran tensión, porque la furgoneta de los Mossos va escoltada con un vehículo de apoyo; ante la detención de la Policía, los seis mossos se resisten a entregársela esgrimiendo argumentos tales como que la furgoneta transporta documentación clasificada para su efectiva destrucción, pero los más de 20 policías les presentan una orden de la juez Carmen Lamela y les exigen inmediata entrega de los vehículos. Lógicamente los Mossos ceden, sin que la Policía tenga que llagar a usar la fuerza.

La furgoneta contenía miles de documentos, y según se va conociendo, algunos extremadamente comprometedores para el Gobierno de la Generalitat, para la Consejería de Interior y para los Mossos, y para sus actuaciones relacionadas con el proceso secesionista y, en concreto, sobre una alerta ante la posiibilidad de un atentado en "La Ramblas" de Barcelona.

El “Periódico de Cataluña” publicó la primicia de esa alerta después de los atentados (aunque conocía la información desde hacía tiempo) y rápidamente se produjo un radical desmentido por parte de Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat (20.08.2017 en La Sexta); de Joaquim Forn, Conseller de Interior (22.08.2017 en RAC-1) y del jefe de los Mossos, el mayor Trapero (28.08.2017 en Radio Cataluña). “Mentira”, “falso” y “montaje” fueron alguno de los calificativos que estos sujetos utilizaron.

A continuación se inició un tremenda campaña contra el medio de comunicación que había publlicado unas noticias veraces, contrastadas, importantes y sensibles, tras los atentados y cuando su publicación ya no podía afectar a ninguna investigación en curso. Llegan a recibir amenzas varias y el señor Trapero señala concretamente a dos periodistas del medio. “El Periódico” fue acusado de desatar una "campaña de deprestigio e intoxicación contra los Mossos".

Estimado lector: el primero de ellos está huído de la justicia española protagonizando un rocambolesco, rídiculo, y falso exilio, el segundo en la cárcel bajo la acusación de haber cometido gravísimos delitos de los que ni siquiera se arrepiente, y el tercero fulminado y procesado. Los tres pendientes de juicio.

El otro día, “El Periódico” publicaba dos de los miles de documentos que contenía la furgoneta, concretamente el aviso por parte de la Central Nacional de Inteligencia de EE.UU. (CIA), transmitido mediante el Mando Único Antiterrorista Estadounidense (NCTC), que llegó al Mando Antiterrorista del Estado (CITCO), y a los Mossos d"Esquadra, con código MOS-0010/17 y con una referencia explícita a la posibilidad de un atentado yihadista en "Las Ramblas" de Barcelona. El código indica que era la décima comunicación del año 2017 a los Mossos, lo que muestra, contra lo que dijo Puigdemont, que la recepción de ese tipo de informaciones por ese canal se encuadra en una relación comunicativa habitual.

La CIA tiene en España una importante "Antena" (ellos llaman así a sus delegaciones en países extranjeros), como la tendrán en cualquier país importante del mundo, y personas trabajando en una ciudad de la relevancia de Barcelona. Sus análisis serán más o menos discutibles, pero sus agentes están sobre el terreno. Trasladaron un análisis al que no solo los Mossos no otorgaron suficiente credibilidad, sino que el día 26.10.2017 lo intentaron calcinar. El análisis resultó ser certero y por eso y por el desmentido de los dirigentes políticos era necesaria su absoluta destrucción.

Los Mossos d"Esquadra iban a destruir pruebas cuya importancia va más allá de su gran valor judicial.

La furgoneta estaba llena de documentos de la comisaría general de información de los Mossos, que dirigía el comisario Manuel Castellví, hombre de la máxima confianza del Mayor Trapero, como no puede ser de otra manera en una estructura jerárquica tan politizada. Castellví en noviembre sale corriendo y pide una jubilación anticipada (pase a 2ª actividad).

Por encima de las barbaridades que contengan los documentos de la furgoneta, que sin duda serán muchas, el operativo de la Policía Nacional nos desvela cosas gravísimas.

1)- El intento de incinerar esos documentos ha requerido de una exhaustiva y previa clasificación, y por supuesto de un proceder que solo se puede llevar a cabo recibiendo órdenes desde "muy arriba", un alto mando no está capacitado para tomar ese tipo de decisiones.

2)- La intención es la destrucción total de documentación que contiene información no solo no caducada, sino comprometedora para los Mossos, sus jefes, sus dirigentes políticos, el gobierno de Puigdemont y el secesionismo en su conjunto. Querian destruir verdades.

3) - Lo que intercepta la Policía Nacional no es simplemente una furgoneta con mucha información, intercepta un operativo de destrucción de pruebas en toda regla (Mi más sincera enhorabuena a la Policía Nacional).

4) - Genera inevitables y preocupantes integorrantes.

Me pregunto: ¿Cuánto tiempo llevan los Mossos d'Esquadra utilizando estos "modus operandi"?, ¿Recibiendo y cumpliendo órdenes políticas de tal calado y tan ilegales?, ¿Cómo están manejando la información que obtienen unos servidores públicos que son la tercera fuerza policial de España?

Sabido es que la "información es poder", y su destrucción también, pero utilizar para su eliminación una incineradora en vez de las clásicas máquinas destructoras de documentos (picadoras) indica una determinación y un propósito muy concreto: destrucción absoluta de verdades para tapar mentiras.

Los resultados de las investigaciones judiciales en curso nos depararán más desagradables sorpresas, y los documentos de la furgoneta de los Mossos ya están siendo determinantes en las instrucciones. La furgoneta de los Mossos fue cargada y preparada por ellos, pero la Policía Nacional la interceptó y les ha estallado en la cara. Una auténtica "furgoneta bomba".