Cuando uno se hace mayor se vuelve conservador. Decía Winston Churchill: "si a los veinte años no eres revolucionario, es que no tienes corazón; pero si a los cuarenta lo sigues siendo, es que te falta la razón". De ahí que casi todos los gobiernos gestionen el miedo de los segmentos con más edad para conseguir el voto. Al final resulta que ser conservador es votar al que está mandando.

En España hay nueve millones y medio de pensionistas. Si se logra organizar a este colectivo, su fuerza es muy superior a la de cualquier otro grupo social. El simple hecho de promover protestas contra la actual situación de las pensiones, indica que ante unas elecciones generales, están en condiciones de terminar con el tradicional voto conservador. La tendencia es clara, y así puede establecerse relación entre pérdida de poder económico del colectivo y cambio en la intención de voto que señalan las encuestas, dónde el PP es el máximo perjudicado y se encuentra en caída máxima.

Hasta la fecha, ni la corrupción, ni el mercado laboral donde se ha instalado el perfil de la precariedad, habían hecho mella. Sin embargo, en el momento que han comenzado las movilizaciones de los colectivos de pensionistas, las encuestas recogen el castigo en la intención de voto al PP.

El modelo laboral nos ha puesto en medio de la tormenta perfecta. No sólo resulta insoportable la precariedad laboral con sueldos de miseria. Es que han logrado terminar con la principal fuente de ingresos para financiar las pensiones, ya que al ser bajos los salarios, su contribución a los ingresos de la seguridad social también resultan insuficientes, con lo que practican el sofisma de señalar que la sostenibilidad del sistema depende de la creación de empleo.

El modelo económico promueve las desigualdades. Mientras los empresarios de las grandes compañías se forran, mientras los consejos de administración de las empresas del IBEX-35 reparten pingües beneficios, el ciclo alcista de la economía no alcanza al poder económico de las clases medias y populares, que son la inmensa mayoría del colectivo contribuyente al IRPF.    

No sólo se permite un modelo globalizador a costa de los derechos más elementales de las clases trabajadoras que manufacturan lo producido por las grandes marcas, es que las diferencias en el reparto de la riqueza resulta un escándalo que tarde o temprano avoca a una revolución de los parias contra los explotadores.

Por fin. Pero nunca como primera causa. La relación entre pensionistas y trabajadores. La transformación de la pirámide poblacional en un tonel. Al que debería añadirse la disponibilidad de renta, por segmentos de edad,  para ver la verdad del modelo más injusto que se ha dado en el mundo occidental.  

Hay que decir la verdad. El problema de España es, en primer lugar, de dónde obtiene el Estado los ingresos y qué posibilidades hay de incrementarlos.

En segundo lugar, quiénes han provocado la deuda que tenemos y debemos afrontar, para que caiga sobre ellos el peso de la responsabilidad civil en forma de presión fiscal.

En tercer lugar, cómo se han utilizado las reservas de la llamada hucha de las pensiones, para que sus dueños los pensionistas sepan cómo y quién ha malversado tales fondos.

En cuarto lugar, el Pacto de Toledo, debe cumplir el derecho de los ciudadanos pensionistas a mantener el poder adquisitivo de sus pensiones, aunque ello suponga una redistribución del gasto público.

En quinto lugar, el recorte del gasto público debe comenzar por aquellos gastos que son improductivos, me refiero a la legión de cargos públicos, reconversión del mapa municipal, como se hizo en 1834, eliminación de televisiones públicas y otros organismos de dudosa necesidad, más allá de la política clientelar en cada comunidad autónoma.

En sexto lugar, igualdad de condiciones para disfrutar del derecho a una pensión, evitando los privilegios que gozan determinados colectivos, tanto políticos como empresariales.

En séptimo lugar, es más justo y correcto eliminar la doble imposición fiscal de las pensiones, que vuelven a pagar IRPF, que la subida en relación al IPC.

En octavo lugar, resulta imprescindible equiparar pensión mínima con salario mínimo, a fin de evitar la pobreza centrada en determinados pensionistas, que además no pueden salir de tal indignidad, si no recurren a viejos sistemas caritativos, en un Estado dónde la solidaridad debe estar garantizada y organizada desde el propio Estado de Derecho.     

Por lo de pronto han logrado que se celebre un pleno monográfico en las Cortes de España. Va a permitir a sus señorías exponer el problema del envejecimiento poblacional, los recursos que se le dedican desde el Estado de las autonomías, la previsión actuarial de la relación derecho-coste y las posibles soluciones, no sólo para los actuales pensionistas, también para los del futuro.

En tal sentido, el Presidente del Gobierno, ha iniciado el discurso de los fondos de pensiones, o como ha dicho la insufrible Celia Villalobos, los euros que tendrán que ahorrar los actuales trabajadores para disponer de una prestación económica tras la jubilación. Supongo que amén de medidas coyunturales para responder al malestar del 0,25% para el ejercicio 2018, tendrán que producirse resoluciones que aborden la cuestión en un horizonte mucho más lejano.

Pero volviendo al principio. Los pensionistas constituyen una fuerza de la sociedad civil con capacidad para exigir y desocupar a quienes han convertido España en un vertedero de corrupción y la finca en la que unos señoritos viven como potentados y los demás sólo moramos...

Esta cuestión es mucho más importante y urgente que las pretensiones de un grupo fanático, bien pagado, sin penurias para llegar a final de mes, y con todos los vicios a cubierto del erario público.