A finales de los ochenta, ejercí una tarea tormentosa, la de delegado territorial de Educación en Alava, en el primer Gobierno de coalición PNV-PSE, con el ya fallecido consejero de Educación, el señor Recalde. Esta persona sufrió un atentado de ETA que por pura casualidad no acabó con su vida pues la bala que le dispararon le atravesó la mandíbula, cuando iba destinada a su nuca. Otro de los consejeros de la misma cartera, también socialista, el señor Buesa, no tuvo la misma suerte, pues él y su escolta fueron asesinados por una bomba colocada en un punto por el que habitualmente transitaba.

Recuerdo que uno de los centros que estaba bajo mi jurisdicción, una de las once ikastolas públicas que la Diputación de Alava puso en marcha, que eran verdaderas punta de lanza de la misión colonizadora que el mundo abertzale tenía en la provincia, se puso en pie de guerra porque una limpiadora que la Administración le envió era sordomuda, y, por tanto, tenía dificultades de comunicación. Bastante problema tenía para expresarse en la lengua materna de la absoluta mayoría de los alaveses, que no era precisamente el vascuence. Ese mismo centro, o más bien su director, se negaba a tramitar los libros de escolaridad porque en aquel tiempo llevaban el escudo del Estado español, obviamente el constitucional. Y para ese individuo, al igual que para la mayoría de los padres de ese centro, el Estado español era una nación extranjera, invasora.

Evidentemente yo no podía enviar otra empleada de limpieza pues la contratación se hacía en riguroso orden de lista, según criterios objetivos, y era la que tocaba a ese centro. Sin embargo, no era ese el punto de vista de la comunidad educativa de la ikastola, que entendía que mi intención era perversa.

El caso es que no le permitieron a la citada empleada ejercer su trabajo, bajo la excusa de que todo aquel personal que llegara al centro debía ser euskaldun, aunque su trabajo tuviera como objeto una función higiénica.

En una fecha previa a las Navidades de aquel año, un grupo de quince encapuchados invadió la Delegación de Educación y volcó bolsas de basura a lo largo y ancho de la misma. Al oír el ruido producido por los agresores, me asomé, entreabriendo la puerta de mi despacho, y me topé a uno de los individuos encapuchados que estaba vertiendo una de las bolsas sobre la cabeza de mi pobre secretaria. Cerré con llave la puerta de mi despacho y llamé a la Policía nacional y a la Ertzaintza. Aún la Ertzaintza no estaba desplegada en su totalidad y compartía tareas de seguridad y protección ciudadana con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La Policía llegó a los pocos minutos sin que pudieran detener a los transgresores del orden público. Y yo, temeroso, salté por una ventana a un patio interior.

Como entre la basura había bastantes pruebas de que los residuos procedían de dicha Ikastola presentamos una denuncia, pero cuando se sustanció el juicio yo no me personé en la causa, no era ya delegado y, entre otras cosas, me encontraba en situación de indefensión por la nula protección de las instituciones controladas por el nacionalismo lo que conllevaba una situación de alto riesgo en unos años de sangre y fuego.

Una vez que yo cesé en mis atribuciones por dimisión, al no ser capaz de soportar las infinitas presiones, acosos y amenazas, le propuse a mi mujer coger el remolque-tienda que en aquel tiempo tenía, e irnos lo más lejos posible, dentro del territorio nacional. Y nos dirigimos a Pontevedra. Acampamos en un camping con la intención de relajarnos lo más posible. Y al día siguiente de la llegada me encontré en el limpiaparabrisas de mi coche unos papeles de los que se utilizan para la limpieza de cocina con unos textos en euskera. Al ir a los baños, me di de bruces con el director de la ikastola, con sorpresa por mi parte pues la mala fortuna me había jugado ese nefasto encuentro. Era obvio que él había sido e autor de una acción cuya finalidad era desasosegarme. Le increpé, anunciándole que iba a ir a formular una denuncia contra él; cosa que no hice porque ya se encargó el susodicho de no escribir nada que fuese injurioso o amenazante, por lo que no había materia para una causa penal.

Ese era el contexto de subversión organizada por el entramado dinamitador del orden constitucional, nucleado por la Coordinadora K.A.S. (Coordinadora Abertzale Socialista), con la cooperación de los nacionalistas del PNV y de EA, para crear las bases de colonización y asimilación cultural de los territorios no abertzales, como era Alava. Y, como he indicado, en ese ambiente era una tarea imposible cualquier intento de racionalización o de mero cumplimiento de la legislación vigente, en el tinglado educativo, que era caballo de Troya para nacionalizar a las masas. Lo hubiera sido si el Estado hubiera hecho su trabajo.

Lo narro porque así se entiende mejor el proceso por el que forzaron la introducción del euskera como vehículo al servicio del independentismo y como método para segregar a la población no afín a los fines secesionistas.

Tengo muchas anécdotas del mismo estilo pero iré narrándolas en sucesivos artículos.

Como ejemplo de esa trama cuyo objeto es liquidar de la Administración todo vestigio de resistencia a las pretensiones secesionistas hoy tiene más valor acreditar en el sistema sanitario un alto nivel de euskera que haber realizado 600 horas de formación continuada o haber publicado un libro como primer autor.  Se puntúa más en las O.P.E para seleccionar médicos el euskera (18 puntos) que tener un doctorado con cum laude (10 puntos). Y los socialistas comparten estas vías excluyentes, pues nada hacen para evitarlo, cuando no son partícipes de estas políticas.  Eso a sabiendas de que el euskera no es una lengua de origen latino, sin parentela filológica con otras lenguas de la península, y por tanto con dificultad para su adquisición; o bastante tiempo destinado a lograrlo abandonando otras tareas de formación más necesarias para la prestación del servicio. Y que no siempre se encuentra personal de todas las especialidades médicas.

Sería comprensible ese tipo de políticas si una comunidad lingüística no compartiera conocimiento de la lengua común, pero constitucionalmente el español es obligatorio, mientras que las lenguas cooficiales no lo son en las comunidades con lengua específica, por lo que se está incumpliendo la letra y el espíritu del artículo 3 de la Constitución española, sin que nadie haga nada para corregirlo.

Es una obligación moral luchar contra estas injusticias.