El principio de la rebelión
La puerta que facilita los separatismos en la España democrática la abrió Izquierda Unida en la reforma del Código Penal de 1995, cuando logró sustituir en su Artículo 472.5º el quienes “se alzaren públicamente” para declarar la independencia de una parte del territorio nacional, por el “quienes se alzaren violenta y públicamente”.
El añadido de alzarse “violentamente” fue propuesto por el diputado entonces en IU Diego López Garrido porque, según defiende todavía, una declaración de independencia es “una causa política que puede sostenerse legítimamente si no hay violencia”.
El PSOE de Felipe González, que no tenía mayoría parlamentaria, aceptó el enunciado que lleva ahora al problema legal de justificar que la declaración de independencia de Carles Puigdedmont y del Parlamento catalán se produjo “violenta y públicamente”, como sostiene el juez del Supremo Pablo Llarena.
Pero hay más pruebas de la nefasta influencia del tránsfuga López Garrido: creó su efímera “Nueva Izquierda” en 1997 para disolverla en 2001 e integrarse entre los dirigentes del PSOE como uno de sus principales juristas.
Tras el anuncio del dirigente vasco Juan José Ibarretxe en 2003 de que convocaría un referéndum de independencia tras la negativa del Parlamento a concedérselo, el PP de José María Aznar consiguió introducir en el artículo 506 del Código Penal un bis —“delito de convocatoria ilegal de elecciones o de consultas populares por vía de referéndum”— que imponía penas de hasta cinco años de cárcel. Bis que acobardó a Ibarretxe y que, de seguir vigente, habría intimidado también a Artur Mas en 2014 y a Carles Puigdemont en 2017.
Para contentar al nacionalismo catalán y bajo la influencia de López Garrido, Rodríguez Zapatero derogó el bis en 2005, y en 2006 añadió su “Estatuto Pasqual Maragall” casi independentista.
Después de las insensateces de López Garrido, vienen las del primer gobierno de Rajoy con una notable mayoría absoluta que le habría permitido reinstaura en Bis.
Hay algo más: en 2012 Rajoy negociaba con Artur Mas que gobernara Cataluña con su ayuda, y pese a su mayoría absoluta no quiso saber nada de la petición de Rosa Díez en nombre de UPyD de volver al Bis anulado por Zapatero.
Y esta inacción la estamos pagando ahora.
La puerta que facilita los separatismos en la España democrática la abrió Izquierda Unida en la reforma del Código Penal de 1995, cuando logró sustituir en su Artículo 472.5º el quienes “se alzaren públicamente” para declarar la independencia de una parte del territorio nacional, por el “quienes se alzaren violenta y públicamente”.
El añadido de alzarse “violentamente” fue propuesto por el diputado entonces en IU Diego López Garrido porque, según defiende todavía, una declaración de independencia es “una causa política que puede sostenerse legítimamente si no hay violencia”.
El PSOE de Felipe González, que no tenía mayoría parlamentaria, aceptó el enunciado que lleva ahora al problema legal de justificar que la declaración de independencia de Carles Puigdedmont y del Parlamento catalán se produjo “violenta y públicamente”, como sostiene el juez del Supremo Pablo Llarena.
Pero hay más pruebas de la nefasta influencia del tránsfuga López Garrido: creó su efímera “Nueva Izquierda” en 1997 para disolverla en 2001 e integrarse entre los dirigentes del PSOE como uno de sus principales juristas.
Tras el anuncio del dirigente vasco Juan José Ibarretxe en 2003 de que convocaría un referéndum de independencia tras la negativa del Parlamento a concedérselo, el PP de José María Aznar consiguió introducir en el artículo 506 del Código Penal un bis —“delito de convocatoria ilegal de elecciones o de consultas populares por vía de referéndum”— que imponía penas de hasta cinco años de cárcel. Bis que acobardó a Ibarretxe y que, de seguir vigente, habría intimidado también a Artur Mas en 2014 y a Carles Puigdemont en 2017.
Para contentar al nacionalismo catalán y bajo la influencia de López Garrido, Rodríguez Zapatero derogó el bis en 2005, y en 2006 añadió su “Estatuto Pasqual Maragall” casi independentista.
Después de las insensateces de López Garrido, vienen las del primer gobierno de Rajoy con una notable mayoría absoluta que le habría permitido reinstaura en Bis.
Hay algo más: en 2012 Rajoy negociaba con Artur Mas que gobernara Cataluña con su ayuda, y pese a su mayoría absoluta no quiso saber nada de la petición de Rosa Díez en nombre de UPyD de volver al Bis anulado por Zapatero.
Y esta inacción la estamos pagando ahora.
