Siete asociaciones de jueces y fiscales han pedido en bloque la dimisión del ministro de Justicia, Rafael Catalá, tras sus declaraciones sobre el juez Ricardo González, que emitió un voto particular abogando por la absolución de los condenados en el caso de 'La Manada'. “Todos saben que este juez tiene algún problema singular”, ha afirmado el ministro este lunes.

En un comunicado firmado conjuntamente, cuatro asociaciones de jueces y tres de fiscales han considerado sus palabras "una temeridad" y han pedido la dimisión del ministro. Los jueces y magistrados de Navarra consideran también "escandalosa" la actitud de Catalá y se unen a la petición de dimisión.

Los juristas denuncian lo que consideran "una intromisión del Ejecutivo en las labores que les corresponden exclusivamente al Consejo General del Poder Judicial", han afirmado. "Los comentarios acerca de la capacitación o no de un magistrado son una temeridad por quien ejerce como ministro de Justicia", añaden.

"Hoy es por el juicio de 'la Manada' pero mañana puede serlo por cualquier actuación que no sea del agrado del ministro o de su Gobierno", añade el comunicado de las siete asociaciones, que advierte del "verdadero peligro" que entrañan sus afirmaciones. Esto es, la utilización de las resoluciones judiciales y la "confusión intencionada de intereses electorales".

Jueces de Navarra

"El respeto a la independencia judicial es esencial para garantizar la paz social, la convivencia democrática y el respeto a los derechos fundamentales, siendo esta obligación especialmente predicable de los otros dos poderes del Estado, es decir, de los representantes de la soberanía nacional y de los miembros del Gobierno", explican  los magistrados navarros, que denuncian, además, "una clara intención de confundir a la ciudadanía" y motivos "exclusivamente políticos" en las insinuaciones del ministro.

Asociación Judicial Francisco de Vitoria
 

Por otro lado, el Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, ha emitido un comunicado en el que reitera su confianza “en el sistema judicial español, en la profesionalidad de sus miembros mujeres y hombres profesionales que hemos acatado la Constitución. Somos conscientes que las resoluciones judiciales pueden ser falibles. Ahora bien, en especial las penales se someten a un sistema de recursos y por tanto revisadas por un tribunal superior. El sistema de recursos es también garantía frente a posibles valoraciones discutibles”.

La Asociación Francisco de Vitoria explica que “aceptamos y entendemos las críticas a las resoluciones judiciales. No aceptamos los actos de fuerza, las coacciones o los ataques ilegales a miembros del Poder Judicial o a sedes judiciales”.
 

“Entendemos que estamos ante una sociedad cambiante que obliga a transmitir a la ciudadanía el porqué de las resoluciones judiciales, conectar con los intereses colectivos y dar servicio a los ciudadanos, que también debe incluir una mayor pedagogía de las Sentencias. El Poder Judicial carece de portavoz que explique, en lenguaje comprensible, los motivos que llevan a un juez a dictar una resolución. La falta de instrumentos hábiles –lo cual corresponde impulsar al CGPJ­– de comunicación, contribuye a hacer incomprensible para el ciudadano las resoluciones judiciales de interés público, favoreciendo un caldo de cultivo propicio a malentendidos, desinformación y medias verdades”.

“Esta situación ha sido aprovechada por determinados diputados que, de forma oportunista e incumpliendo el deber de lealtad entre poderes públicos y su propio mandato constitucional, nuevamente, hace descansar en el Poder Judicial toda responsabilidad, eludiendo fácil y torticeramente la necesaria provisión de medios para que hechos tan luctuosos no sucedan y el impulso para regular determinadas conductas delictivas de manera distinta, de acuerdo a la realidad social del momento”.

Aún más escandalosa resulta la actitud del Ministro de Justicia, explica la Francisco de Vitoria. “A sabiendas de que el CGPJ no puede actuar en el ejercicio de la función jurisdiccional de un magistrado o juez, confundiendo a la ciudadanía, secundando a la oposición por intereses exclusivamente políticos y evidenciando su absoluta irresponsabilidad, pretende intimidar al juez autor del voto particular de la mencionada sentencia, mediante una supuesta investigación desde el CGPJ.  Un ministro, que no ha sido capaz de contentar a nadie, que no ha conseguido una sola mejora de la Justicia en todo su mandato, se sube a la “tabla de salvación” de un caso mediático, para posicionarse frente al Poder Judicial, al que ni comprende, ni protege, ni provee de medios”.

“Lamentamos que un hecho tan triste, tan traumático para una mujer, sea utilizado políticamente. Esperamos, sobre todo, que no vuelvan a repetirse este tipo de conductas que, como sociedad, debemos combatir. La prevención y educación social son fundamentales porque, cuando llegan a juicio, ya han sido cometidas”.