A finales de los años noventa del pasado siglo, cuando todavía no era Lehendakari, Iñigo Urkullu hablaba de los asesinos etarras encarcelados como “ciudadanos vascos privados de libertad”. Ahora, casi veinte años después y ya desde su puesto al frente del Gobierno de Vitoria, Urkullu ha firnado una declaración conjunta con la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, Uxue Barkos, en la que plantea una serie de “propuestas y compromisos compartidos para consolidar la convivencia, tras el anuncio de la definitiva desaparición de ETA” y que define a los sangrientos terroristas encarcelados como “personas presas”.

El documento firmado al alimón por Urkullo y Barkos, rebosante de palabras vacuas y tardías sobre víctimas, memoria y convivencia, apela, especialmente a “Promover un Grupo de trabajo sobre Política Penitenciaria entre el Gobierno de Navarra, el Gobierno Vasco y el Gobierno español” que, por supuesto, habrá de ser el responsable de “desarrollar los consensos parlamentarios” que sobre este tema “se alcancen en Navarra y Euskadi”.
 

La propuesta nacionalista emplaza a “las personas presas a desarrollar las vías legales penitenciarias sobre la base de los principios de individuación, reconocimiento del daño causado y reinserción”. Y, muy especialmente, apela a “impulsar un proceso de acercamiento de los/as presos/as a cárceles próximas a sus lugares de residencia”, además de “aplicar con criterio humanitario las posibilidades que ofrece el ordenamiento jurídico tanto para personas presas enfermas o con menores a su cargo, como septuagenarias”.