El pasado 13 de abril el Parlamento aprobó la Ley Foral de Contratos Públicos del Gobierno nacionalista de Nafarroa (lo de nacionalista es calificativo de “Gara”). Ni hay que decir que, a pesar de la retórica modernizadora y de paladines de la lucha contra la corrupción, tiene unas cuantas chapuzas al mejor estilo del Gobierno Barkos y alguna bofetada a la normativa de la UE.

Durante su tramitación, los diversos grupos políticos fueron de la mano, sin estridencias, tal vez convencidos de que al tratarse de una norma muy técnica lo mejor era aportar soluciones. Sin embargo, el virus de la politiquería, mal endémico de la partitocracia española (en esto los nacionalistas son muy españoles también), tenía que aparecer.

Algún nacionalista vino en ayuda de los partidos de la derecha constitucionalista (UPN y PP) e introdujo una enmienda sobre planes de euskera. Dicho y hecho. Ya había un casus belli y la derecha podía aparentar su papel de muro de contención de la amenaza vasca. A su vez, los otros podían defender las esencias de la Arcadia Euskalherriaca frente a la agresión española. Todos felices con el guión.

Una vez activadas las alarmas, acto seguido se agita a la llamada sociedad civil (en realidad asociaciones de empresarios financiadas con subvenciones públicas) poniendo el grito en el cielo diciendo que esa imposición va contra toda la legislación europea y que va a arruinar a las empresas. Por último, el rotativo de Cordovilla despliega su artillería.

¿Realmente es tan grave el tema? Si nos fijamos en el texto, lo que dice es que se va a exigir a los subcontratistas de un contrato, donde haya que prestar atención al público, que elaboren un plan de formación de euskera para sus trabajadores (me olvidaba lo de trabajadoras, pero no logro acostumbrarme a usar el lenguaje de los presentadores del circo con eso de señoras, señores y niños).

En primer lugar ¿en qué cabeza cabe que se pida únicamente algo a los subcontratistas y no al que ha firmado el contrato con el Gobierno o el Ayuntamiento? Eso es una chapuza que nos muestra qué clase de tropa es el cuatripartito. Pero lo que ya es de traca es la explicación que ha dado la encargada de la cosa en Bildu. Resulta que nos dice que no entiende a la derecha, que se puede cumplir la norma con solo pasar una octavilla (les puede la jerga revolucionaria) con el nombre y dirección del euskaltegi. ¡Acabaramos! Resulta que esto no va de euskara, lo que se trata es de ciriquiar.

Y ¿qué dice la derecha y sus terminales financiadas con subvenciones públicas? Pues que se trata de una carga inasumible para las empresas y que va a hacer que las empresas pierdan dinero y no sean competitivas y como la competencia en el mercado se regula en en la UE van a acudir a Bruselas, deslizando la idea de que se van a enterar estos del cuatripartito.

Reconozco que es una norma muy chapucera, pero no se puede decir que vaya contra las normas europeas de la competencia, porque éstas permiten una medida de este tipo ya que nadie puede decir que, en un territorio con dos lenguas oficiales, la atención al público es un tema que nada tiene que ver con las lenguas cooficiales. En realidad la cuestión tiene más que ver con la Ley Foral del Euskera (así la ha rebautizado el cuatripartito) que con las normas europeas.

Me temo que las empresas no van a asumir más costos que los implica la existencia de una ley que establece dos lenguas cooficiales. Creo que la derecha constitucionalista debería examinar cómo ha dejado en manos de gobernantes arbitrarios tanto poder y no perder el tiempo en debates estériles.

Si el debate y el peligro son ficticios, uno, que está escarmentado con la clase política, empieza a maliciarse con la idea de que esto es como el juego del cuco, que grita en un sitio pero pone los huevos en otro.

Y por ahí debe ir la cosa cuando la palabra género aparece 16 veces en todo el texto frente a las 6 veces que aparece la mención a calidad-precio, que parece que es algo más propio de una ley que debe mirar cómo se gastan los dineros públicos. Eso por no entrar a analizar los casos en que esa mención supone la exigencia a las empresas de difundir y aplicar la ideología de género. Pero de esto no dice nada la derecha constitucionalista, bien porque no se enteran, bien porque les da lo mismo o mucho más grave, porque asumen sus planteamientos y de derecha solo les queda la defensa del dinero, preferentemente a los que tienen mucho.