A cualquier observador mínimamente informado y con cierta perspicacia, no mucha, no le puede pasar desapercibida la actual situación de decadencia de las libertades, de desmoronamiento de la superestructura jurídica que ahorma el Estado constitucional, el control abusivo del tercer poder por parte de los partidos políticos, bien en potencia o en acto,  la degradación de la democracia en su sentido formal, el desprecio a los derechos individuales, el intervencionismo abusivo de todas y cada una de las administraciones públicas en la vida privada de las gentes y en sus condiciones de vida, las ingenierías sociales puestas en acción para cambiar el sistema de valores, la estructura mental cognitiva de los individuos que son absorbidos por las masas como agujero negro cósmico que succiona toda materia a su alrededor, etc, etc.

La Constitución del 78 tuvo graves errores y muchos elementos necesarios para preservar el orden social, las libertades públicas, la vertebración política tras años de dictadura, y la puesta en marcha de una democracia con muchas debilidades, pero que permitía la reconciliación entre españoles tras una guerra fraticida y una dictadura nacida del bando vencedor. Ello fue la base para crear las condiciones que permitieran a generaciones venideras que no vivieron la guerra, la posguerra ni la dictadura, una vida en paz y con unas reglas de juego.

Los socialistas fueron parte fundamental para lograr ese marco de convivencia en un contexto especialmente difícil que podría haber derivado de otra manera en un tránsito traumático hacia un sistema de pluralismo político, articulado a través de partidos políticos.

Todo se rompió con la llegada al poder de un personaje nefasto llamado José Luis Rodríguez Zapatero, que rompió esas reglas de juego resucitando el rencor mediante una Memoria histórica que pretendía resucitar a los muertos y devolver el espíritu criminal de la contienda a las mentes de las gentes, sobre todo a los que no tuvieron ni remotamente conocimiento de lo acontecido en la fase final de la II República y en la propia España en guerra.

Desde entonces España es un volcán en el que laten las tendencias centrífugas, la insolidaridad territorial y una visión del Estado constitucional próximo al Estado fallido, a la falta de una superestructura territorial que ponga pegamento a sus partes y las dote de unidad en un destino común.

Desde entonces, si no antes, los derechos individuales han sido masacrados en virtud de enfoques feudales de la visión territorial, en los que tienen fundamento y valor los dialectos no castellanos derivados del latín, salvo una lengua residuo del iberismo que es el euskera, de origen bereber según algunos especialistas; con absoluto desprecio a la lengua común de los españoles. Y para hacer a esas lenguas hegemónicas en sus respectivos territorios, sacando del mapa institucional a la lengua de todos los españoles, no hay respeto ni consideración a la lengua materna de la mayoría de los escolares, a los derechos de los padres a elegir el tipo de educación que desean para sus hijos ni a las circunstancias o necesidades de grandes grupos de población escolar que requieren por su derecho a la educación que no se les incluya en modelos de inmersión.

De igual manera, se han perseguido y se persiguen en ciertos ámbitos territoriales a quienes se atreven a cuestionar las políticas lingüísticas o  simplemente exigir que se tome en cuenta a una parte -por otro lado mayoritaria- de la población que piensa de otra forma que la de los grupos de poder que han ocupado al asalto las instituciones; lográndolo mediante políticas de exclusión, de señalamiento, de marginación o de, incluso, persecución más o menos sutil.

Determinados movimientos nacionalistas -que no partidos, que son otra cosa- han hecho de la administración pública, de la selección de personal funcionario y del entramado de sociedades económicas y empresariales  que crecen a la sombra de las instituciones, una “cosa nostra” que se acerca a una visión mafiosa de la administración de los bienes públicos.  Y la corrupción que se desarrolla en ese cultivo fétido del ejercicio faccioso del poder acaba siendo impune, e, incluso no sale a la luz, pues es ocultada por los gobiernos de España y sus instrumentos de fiscalización por si necesitan de su apoyo parlamentario para sacar adelante o leyes -como la de Presupuestos- o mayorías que permitan investiduras -lo acabamos de ver estos días y en fechas nada distantes-. Aún recuerdo lo que se me decía en un partido que abandoné hastiado por la falta del sentido de la importancia de las cosas, que “el PNV es socio preferencial” para formar mayorías que lleven a la Moncloa. Y de esto hace ya casi 20 años, y suma y sigue.

La Educación, como servicio público, se ha degradado hasta límites impensables, sin que nadie se proponga poner remedio eficaz y corregir las enormes fallas en su funcionamiento. Y esto no es una opinión, es una constatación a la luz de los informes de evaluación de la OCDE de nuestro sistema educativo.

La Sanidad, en las comunidades autónomas, está siendo objeto de control ideológico y de filtro, con actuaciones nepotistas y supuestos fraudes en las oposiciones, cuando no con filtros lingüísticos que priman la obediencia al sistema político al servicio público esencial y a su calidad, sin que nadie ponga en vereda este tipo de actuaciones en el ámbito judicial, quedando también impunes.
    
 

Se construyen cientos de kilómetros de trenes de alta velocidad y estructuras de comunicación que además de ineficientes son caras y que están esquilmando en medio natural y extendiendo la mancha de redes cuyo único objeto es la utilización de la inversión pública para supuestos cobros de comisiones por adjudicaciones ilegítimas. De esto hay ya abundantes sentencias que lo demuestran, pero mucho me temo que se sigue haciendo, pues los controles brillan por su ausencia y la corrupción no para. No puede parar así pues resulta rentable para quienes practican estas formas de delito. Esto afecta al conjunto de los partidos que han tocado poder, con el desmadre del gasto público, el déficit de las cuentas desbordado, la deuda disparada y la sensación de que cualquier día nos quedamos en paños menores con algún tipo de corralito, pues esta dinámica es insostenible en el tiempo. España es el país con más infraestructuras innecesarias de todo Europa y del mundo occidental. No hay más que viajar a EE.UU -que no se caracteriza por ser un lugar deprimido económicamente- para comprobar que tienen una proporción exageradamente inferior de infraestructuras de comunicación en relación a la superficie territorial y a la población en relación a España. Contrariamente a lo que se dice, la cantidad de infraestructuras no es signo de progreso, sino indicio de que se echa la mano a la cartera, porque según piensan algunos de estos abusadores del poder, “el dinero público no es de nadie”.

Podría extenderme largamente refiriendo más aspectos de esta degradación. No es necesario. Es más que evidente que España está en coma. Y o se regenera mediante una reforma constitucional que devuelva la unidad, y se vaya hacia otro modelo de representación institucional, y se regenere la forma de ejercer la política superando la partitocracia dominante con otros tipos de controles más directos del elector respecto al elegido, y se articulen fórmulas que permitan la independencia del poder judicial, las garantías de protección de los derechos y libertades individuales, y se acaben los cacicatos territoriales restableciendo la unidad territorial de España, o nos vamos al garete.

He dicho.