Estimado Presidente,
 

En el año 2012 el Tribunal Constitucional legalizó la sigla heredera de ETA, SORTU, incluyendo unas líneas rojas para preparar el fin del terrorismo y el post-terrorismo.
 

Violencia: la equiparación de la violencia con la coacción legítima que un Estado de Derecho reserva a las Fuerzas de Seguridad del Estado.
 

Víctimas: Tratar de igualar el sufrimiento infringido a las víctimas del terrorismo con la pena de los condenados.

Chantaje: Legitimar los actos terroristas como medio para lograr objetivos políticos
 

Autores: Ensalzar a los autores de actos terroristas como “víctimas” o “héroes”, máxime desde instituciones.
 

Legalidad: incitar al incumplimiento de las leyes con el objetivo de conseguir metas políticas.
 

Estas líneas rojas deben estar, a mi humilde entender, presentes en la política del nuevo Gobierno para evitar la impunidad social e histórica.

Como estrategas y manipuladores que son, ETA y su entorno han burlado la letra y el espíritu de las líneas rojas. No han dejado de homenajear a los etarras. No dejan de enaltecer a los terroristas por haberlo sido. ETA no ha condenado el terrorismo y ha equiparado su violencia con la represión legal y legítima del Estado. Equiparan sufrimientos para evitar asumir que mataron por una identidad entendida fanáticamente.

Presidente, la piedra angular de la manipulación y estafa es que no aceptan que lo de ETA fue terrorismo. Y la estrategia actual de su entorno es, en el fondo, negacionista. Esta estrategia supone una amenaza para la política vasca y española porque la mentira lo contamina todo y además supone un daño moral para muchas personas.

Si los poderes públicos toleran que las líneas rojas sigan desapareciendo, serán cómplices de la estafa de ETA y su entorno, y pese a las buenas intenciones y la generosidad buscada no será una política de convivencia, sino de mentira.

Los lobistas de ETA buscan no sólo el acercamiento de los presos a cárceles vascas y navarras, sino los beneficios penitenciarios de la reinserción, sin cumplir la ley. Sin aceptar que fueron condenados por terrorismo, aunque la ley exige el arrepentimiento. Y eso es un pulso político al Estado, aunque lo disimulen.
 

Ante su disolución, ETA ha legitimado una vez más el asesinato político al pedir perdón sólo a las víctimas que no estuvieran en el "conflicto", que ellos definen y que equipara su violencia ilegítima con la coacción legal y legítima del Estado de Derecho.
 

Restablecer las líneas rojas debe ser prioritario para el nuevo Gobierno, antes de cualquier modificación de la política penitenciaria.
 

Deben desaparecer pues los agradecimientos a ETA por haber matado.

Deben cesar los recibimientos como héroes a los presos etarras.
 

Debe terminar el enaltecimiento de los terroristas presos en cada fiesta popular, porque los niños y niñas reciben el mensaje de que son héroes.
Y, por supuesto, presidente, las reglas para la reinserción y los beneficios penitenciarios deben cumplirse.
 

Le haremos llegar el informe “Anormalidad democrática en el post-terrorismo: Agradecimientos de ETA y homenajes a etarras en el País Vasco” sobre este tiempo de posterrorismo etarra con un espíritu constructivo.