En España vivimos tiempos de sorpresas y prisas, en los que se pronuncia mucho la palabra justicia, y se debate sobre el alcance de la deseada igualdad de la misma para todos los ciudadanos. Algunos opinan sistemáticamente que no existe una justicia igual para todos, llegando a cuestionar abiertamente la separación de poderes en nuestra democracia  Por el contrario otros piensan que recientes sentencias judiciales demuestran que sí hay una justicia igualitaria.

Cuestionar la separación de poderes es mucho cuestionar, porque se trata del pilar básico sobre el que se sustenta el funcionamiento del sistema democrático, y su cuestionamiento lo es de la propia democracia, algo que a todas luces no parece estar ocurriendo.

Pero plantear si la justicia es o no, igual para todos, siempre resulta un debate pertinente. Algunas recientes sentencias han provocado opiniones más o menos autorizadas, desautorizadas, e incluso absurdas. No es lo mismo que opine un magistrado, un fiscal, un catedrático de derecho, a que lo haga un delincuente o un idiota.

Una sentencia, como la que ha generado la largísima instrucción de la trama Gürtel, vinculada a la corrupción de sectores del Partido Popular, directamente ha tumbado al Gobierno del pasmado Sr. Rajoy, dejando una sensación generalizada de que la justicia llega tarde, pero llega por igual a todos, y esta sensación se ha visto reforzada con otra sentencia, la del Tribunal Supremo confirmando la condena al delincuente y prepotente Iñaki Urdangarín, y a algunos de sus socios.

Pero desde una perspectiva crítica, creo que cabe señalar que en esté último caso se dan algunos elementos que debilitan esa apreciación de justicia igualitaria.

En nuestro país, absolutamente todo el mundo sabe, que no es lo mismo acceder al proceso judicial con un abogado de oficio, (y lo digo con el máximo respeto y admiración hacia los excelentes abogados del turno de oficio) porque se es pobre de solemnidad, que hacerlo pudiendo contratar uno de los bufetes de abogados más caros de Europa, porque se tiene dinero ilimitado, lo que permite no solo disponer de un gran equipo sino proceder, llegado el caso, ha presentar los correspondientes y carísimos recursos que el sistema permite, teniendo en cuenta que a más alto tribunal, más caro es el recurso, hasta llegar al Tribunal Constitucional, o incluso al de Bruselas (muchos miles de Euros). Esto, por si solo, ya impide que la justicia sea igual para todos.

Como parece que no lo permite el hecho de que alguien tenga cierto apellido, o pertenezca a cierto status social, porque todo el mundo sabe también que es imposible que la todavía Infanta Cristina, no supiese que el chalet donde vivía con sus hijos había costado más de siete (7) millones de euros que ni ella ni su marido ganaban con sus sueldos, como no es posible que no se diese cuenta que la piscina tenía agua de mar y climatización, o que nunca leyese la enorme cantidad de documentos que firmaba, alegando que ella no entiende de esas cosas, pese a haber recibido una exquisita educación.

El recurso a “no sé”, “no me acuerdo”, no es válido para el común de los mortales, pero que lo sea para un Tribunal, es como mínimo sospechoso, sobre todo cuando todos observamos que el Fiscal de la causa (Sr. Horrach) , en vez de acusarla, no solo no la acusa sino que pasa a comportarse como un abogado defensor de lujo, tal y como ha denunciado hasta el Juez Instructor (Sr. Castro), hecho éste, tan escandaloso, que les ha costado a ambos una amistad de años.

Sí parece que hay ciudadanos de una categoría especial ante la justicia, con “sangre real”, por lo menos uno, el Rey, y ahora da la sensación que su familia en primer grado de consanguinidad  también, porque es el Rey el que está a la cabeza de nuestra Monarquía parlamentaria, que nunca ha sido sometida al escrutinio de los españoles,  régimen que está constitucionalizado en un texto cuyo artículo nº 56 – 3 determina que “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad.” Está exento de responsabilidades penales y administrativas. Pero la infanta es su hermana y sexta en línea sucesoria, derecho al que solo puede renunciar ella, algo que no parece querer hacer desde su lujosa vida en Suiza.

También parece que algunas personas, pese a no tener ése noble status, lo hayan asimilado, porque en la vorágine de las noticias y los gravísimos hechos que se producen en Cataluña, casi nadie parece recordar que allí habita plácidamente la familia mafiosa más delictiva que ha existido en Europa desde que acabó la II Guerra Mundial, el clan Pujol. Todos los miembros imputados, padres e hijos, pero incursos en un proceso judicial que parece estar orientado a esperar que los delitos prescriban, que los imputados fallezcan por edad, o que Cataluña consiga la independencia y su ansiado sistema judicial propio, en el que como es sabido los jueces serán nombrados por los políticos racistas que dirigirán esa neodictadura; y entonces los Pujol serán absueltos, y en resarcimiento por el daño que se les ha inflingido se les elevará a los más sublimes altares, y la montaña de Montserrat será renombrada como montaña de Santa Marta.