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Domingo, 05 de Agosto de 2018 Tiempo de lectura:
Ley de "abusos policiales"

El PP vasco acusa a los Gobiernos central y vasco de traicionar a la Fuerzas de Seguridad del Estado

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La secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández, ha asegurado que “el Gobierno central ha traicionado a las Fuerzas de Seguridad del Estado” al pactar con el nacionalismo vasco la retirada del recurso de inconstitucionalidad de la Ley vasca de abusos policiales, que permitirá a una comisión extrajudicial defender sin garantías jurídicas que la Ertzaintza, la Policía o la Guardia Civil torturaron de forma sistemática.


El pronunciamiento del PP vasco se ha producido después de que el Gobierno de extrema izquierda de Pedro Sánchez haya asumido que ejercerá de “herramienta del nacionalismo” para que la Ley de abusos policiales esquive el control constitucional. Fernández, en este sentido, ha calificado de “operación de maquillaje” los cambios de carácter léxico consensuados en la Ley de abusos policiales, que según advierten los ‘populares’ vascos no afectarán a los artículos 2.3 y 2.4 del texto legislativo. Son estos precisamente los que estipulan que se podrá acreditar la existencia de torturas de las Fuerzas de Seguridad “por cualquier medio de prueba admisible en derecho sin que sea preciso que haya existido un proceso judicial previo”.
 

Fernández ha insistido en que la Ley de abusos policiales “permitirá al PNV construir relato al margen del poder judicial, algo poco esperanzador teniendo en cuenta iniciativas del Gobierno del PNV y PSE como el informe que atribuyó innumerables casos de tortura a la Guardia Civil o la Ertzaintza sin sustento jurídico o pruebas”. Ha añadido que el Gobierno vasco, “con su historial a favor de la teoría del conflicto, está descalificado para construir Memoria” y que “el PSOE está poniendo alfombra roja a la teoría del conflicto a través de la ley de abusos policiales”.
 

Desde el PP vasco han resaltado su “frontal oposición y condena” ante cualquier tipo de vulneración de los derechos humanos, “más aún si esta es perpetrada por un funcionario público”. A renglón seguido, Fernández ha argumentado que “ello no puede conducir a abonar el terreno de la teoría del conflicto, esa que defiende que en Euskadi tanto organizaciones terroristas como ETA como el Estado, a través de las distintas policías, vulneraron los derechos humanos de forma sistemática”. “La memoria pública debe construirse y no puede haber espacios de oscuridad o silencio, pero eso no puede hacerse sin garantías”, ha zanjado.

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