Cinco gobiernos latinoamericanos, Argentina, Colombia, Chile, Perú y Paraguay, solicitarán a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela de Nicolás Maduro.

Desde el establecimiento de la CPI, en 2002, nunca un Estado había pedido la intervención del tribunal internacional en otro país. Por este motivo, el plan de Argentina y la adhesión de cuatro gobiernos más es novedoso y representa un hito en el derecho internacional.

Aunque la petición colectiva a la Corte no es un mecanismo para imponer una transición democrática, sí es una manera potencialmente efectiva de obligar al régimen venezolano a detener el exceso de violencia, que, según el informe del panel de expertos internacionales independientes de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha derivado en al menos 8.292 ejecuciones extrajudiciales y 12.000 casos de detenciones arbitrarias desde 2015, entre otros crímenes. Este informe, publicado en mayo, advirtió que hay “fundamento suficiente” para considerar que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela.