Se reunían semanalmente para pactar precios
Expedientan a las grandes constructoras por repartirse la obra pública en España
La CNMC (Comisión Nacional de Los Mercados y de la Competencia) explica que el expediente tiene su origen en “determinada documentación” encontrada durante la instrucción de otra investigación que, además, no tiene nada que ver con el caso investigado.
Así, ante esta información, y la documentación recabada en los registros, el órgano que preside José María Marín Quemada concluyó que “existen indicios racionales” de que estas compañías cometieron “posibles infracciones” de la Ley de Competencia.
Según la CNMC, estas siete constructoras habrían constituido un grupo “estable y formal” en el que, semanalmente, trataban la preparación de ofertas técnicas para concurrir a contratos de obras licitados por distintas administraciones públicas.
De esta forma, sopesaban si concurrían conjuntamente a distintos aspectos técnicos de los proyectos.
Para el ‘superregulador’, estas prácticas suponen la conformación de un cártel para acuerdos e intercambios de información entre empresas con el fin de restringir la competencia.
La investigación de los cárteles constituye uno de los principales objetivos de la CNMC, al considerar que presentan “graves consecuencias” para los consumidores y el correcto funcionamiento de los mercados.
No obstante, la comisión recuerda que a partir de ahora se inicia un periodo máximo de 18 meses para instruir el expediente, cuya apertura de un expediente no prejuzga el resultado final de esta investigación.
En cuanto a las grandes constructoras, se enfrentan a este expediente después de que algunas de ellas estén también incluidas en el expediente sobre el denominado ‘cartel de las basuras’ que la CNMC decidió reabrir el pasado mes de mayo después de que la Audiencia Nacional anulara la resolución que dictó en 2015 por la que impuso una histórica multa de 98 millones.
En este caso, el primero en el que el ‘superregulador’ reabre un expediente, la investigación afecta a un total de 51 compañías, entre las que figuran FCC, Sacyr, Ferrovial y Urbaser, exfilial de ACS actualmente en manos de un grupo chino.
La CNMC (Comisión Nacional de Los Mercados y de la Competencia) explica que el expediente tiene su origen en “determinada documentación” encontrada durante la instrucción de otra investigación que, además, no tiene nada que ver con el caso investigado.
Así, ante esta información, y la documentación recabada en los registros, el órgano que preside José María Marín Quemada concluyó que “existen indicios racionales” de que estas compañías cometieron “posibles infracciones” de la Ley de Competencia.
Según la CNMC, estas siete constructoras habrían constituido un grupo “estable y formal” en el que, semanalmente, trataban la preparación de ofertas técnicas para concurrir a contratos de obras licitados por distintas administraciones públicas.
De esta forma, sopesaban si concurrían conjuntamente a distintos aspectos técnicos de los proyectos.
Para el ‘superregulador’, estas prácticas suponen la conformación de un cártel para acuerdos e intercambios de información entre empresas con el fin de restringir la competencia.
La investigación de los cárteles constituye uno de los principales objetivos de la CNMC, al considerar que presentan “graves consecuencias” para los consumidores y el correcto funcionamiento de los mercados.
No obstante, la comisión recuerda que a partir de ahora se inicia un periodo máximo de 18 meses para instruir el expediente, cuya apertura de un expediente no prejuzga el resultado final de esta investigación.
En cuanto a las grandes constructoras, se enfrentan a este expediente después de que algunas de ellas estén también incluidas en el expediente sobre el denominado ‘cartel de las basuras’ que la CNMC decidió reabrir el pasado mes de mayo después de que la Audiencia Nacional anulara la resolución que dictó en 2015 por la que impuso una histórica multa de 98 millones.
En este caso, el primero en el que el ‘superregulador’ reabre un expediente, la investigación afecta a un total de 51 compañías, entre las que figuran FCC, Sacyr, Ferrovial y Urbaser, exfilial de ACS actualmente en manos de un grupo chino.
