Según informa el diario Actuall, una reciente sentencia en firme, contra la que no cabe recurso, afirma que la Comunidad de Madrid violó “los derechos fundamentales a la libertad de expresión y difusión de pensamiento, ideas y opiniones y de comunicación, así como los derechos fundamentales a la libertad ideológica y religiosa, el derecho a la objeción de conciencia así como la violación del derecho fundamental a la libertad de enseñanza” al multar al director del Colegio Juan Pablo II de Alcorcón, que criticó las leyes de imposición LGTB aprobadas en la Comunidad de Madrid bajo el mandato de la popular  Cristina Cifuentes.

La sentencia destaca que la Administración descontextualizó las expresiones vertidas por el director Carlos Martínez en una carta enviada en el inicio del curso 2016-2017 a los padres de sus alumnos en la que criticaba la imposición de las leyes LGTBI de la Comunidad de Madrid. Dicha misiva no fue contestada por ninguno de los padres de los alumnos, aunque fue objeto de polémica por el uso que algunos medios realizaron de la misiva y la posterior denuncia de organizaciones LGTBI como Arcópoli.

La resolución también queda avalada por la propia Fiscalía, quien en ningún momento encontró ilícito penal alguno “al no rebasar los límites del derecho constitucional a la libertad de expresión y, concretamente a la difusión deideas u opinión, pudiendo revestir las manifestaciones contenidas en la carta del Director, expresiones desafortunadas e inapropiadas pero sin que de las mismas resulte discurso del odio o a la violencia”.

El presidente de la Fundación Educatio Servanda titular del colegio, Juan Carlos Corvera, ha expresado a través de un comunicado su “satisfacción porque se ha reconocido el atropello de no menos de diez derechos fundamentales de las personas”.