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Ernesto Ladrón de Guevara
Martes, 06 de Noviembre de 2018 Tiempo de lectura:

A mí que me borren de esta democracia. Yo he dejado de ser demócrata, me defenderé como pueda.

[Img #14803]Tenía pensado ir al encuentro de desagravio a la Guardia Civil en Alsasua. Iba a ir con un amigo de Hablamos Español y mi mujer.

 

Pero tras oír y leer a Uxue Barkos, la ilegítima presidente de Navarra cuya formación no alcanza ni de lejos los votos que obtuvo UPN, descabalgado por la fuerza de los soviet separatistas que no respetan la voluntad de la mayoría de los navarros, ya sabía que iba a haber incidentes y que la presencia de los constitucionalistas allí iba a tener rasgos de alto riesgo.

 

Yo, a mis 68 años, tras once largos años con escoltas, amenazado, marginado y hostigado por las huestes proetarras, no tenía ganas de repetir la mala bilis, las ganas de arrear una patada en donde mejor se pudiera situar mi pie para desahogar mi mala leche, y acabar el día del domingo, contraviniendo el mensaje de Jesús, el crucificado, de amar hasta al enemigo. Así que le llamé a mi amigo y le dije que me quedaría en mi casa, sintiéndome un poco cobarde, eso sí, pero cuidando mi tensión arterial.

 

Se sabía lo que iba a pasar, y de ello hay que responsabilizar al Gobierno de Uxue Barkos, que había pedido a los vecinos de Alsasua, la defensa de la libertad, la pluralidad y la honradez”, y que dieran una respuesta desde la “dignidad inteligente” al acto de España Ciudadana.  Lo que, leyendo entre líneas, era un claro llamamiento desde la institución que tan mal representa al sabotaje a los actos respaldados por Vox, Ciudadanos y Partido Popular. Hombre, a estas alturas de la película, y tras cuarenta años de "kale borroka", el llamamiento de Barkos estaba impregnado de una evidente mala baba. Es decir, era una proclama sutil pero llena de mala intención para la subversión del orden público, lo que en boca de una presidente de una comunidad, más si es Navarra, exponente hasta hace muy poco de la ley y el orden, es vomitivo, inaceptable y miserable. En la misma categoría está esta independentista que rige el gobierno bolivariano de Navarra que la de los que deben ser imputados por rebelión en Cataluña, es decir los que proclamaron la independencia y se fugaron.

 

La “dignidad inteligente” ha consistido en tirar piedras, echar mierda para que se pringaran los asistentes y otras lindezas por el estilo propias de miserables, hienas, y caterva ultramontana digna del carlismo más exaltado. Pero no son carlistas en este caso, son comunistas que quieren terminar con lo que queda de orden constitucional para restaurar las checas, el comunismo al estilo de Castro y Maduro, y el totalitarismo. No es una alusión infundada, es la constatación de un rosario de despropósitos ajenos al interés general que el Gobierno navarro va desarrollando con una programación perfectamente calculada, sin que nadie sea capaz en este Estado sin Estado de impedirlo.

 

Se han atrevido a llamar fascistas, terroristas y otras flores dialécticas, de un orden intelectual similar al de una hormiga, a los asistentes, en una clara proyección de lo que son ellos, pues es evidente que entran en la categoría de liberticidas, incapaces de vivir en sociedad, totalmente inhabilitados para aprender que la democracia es precisamente pluralismo, libertades y derechos individuales, pues han sido adoctrinados en el odio. Y, para asumir que la libertad de uno termina donde empieza la de los demás, algo que a mí me enseñaron en la primaria, y eso que eran tiempos de Franco.

 

A mi entender, las autoridades del Estado actúan con prevaricación, pues cuando se observa que alguien comete un delito hay que detenerle, llevarle ante el juez y aplicarle la pena que esté establecida en el Código Penal. Y a nadie se le oculta que impedir que unos conciudadanos ejerzan los derechos fundamentales establecidos en la Constitución española es un delito. A nadie se le oculta que atacar violentamente a quien ejerce la libertad de manifestación, expresión, opinión, reunión, y otros derechos contemplados en nuestro ordenamiento jurídico es un delito. A nadie se le oculta que violentar las normas que protegen nuestra convivencia y el funcionamiento democrático de nuestras sociedades, practicando el terrorismo callejero, la coacción o la extorsión es delito. Y quienes observaren la comisión de un delito siendo agentes de la autoridad, o en su caso sus inmediatos o mediatos mandos o delegados del órgano institucional competente, sin cumplir su obligación de ejercer la legitimidad de la fuerza, comete un auxilio al delito por omisión, y, por tanto, es reo de colaboración con el delito.

 

No vale ni es suficiente con separar a las dos partes, la que legítima y legalmente se manifiesta y la que trata de impedir el ejercicio de unos derechos cubriéndose el rostro para no ser reconocido. El simple hecho de taparse la cara es ya indicio de dolo en la comisión del delito pues quien lo hace sabe que puede ser imputado por el mismo. Hay que neutralizarle, detenerle y llevarle ante un juez.

 

Si esto es una democracia, bórrenme. Yo he dejado de ser demócrata. Me defenderé como pueda.

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