El Congreso de los Diputados acaba de aprobar, únicamente con el apoyo del Partido Popular, una Ley de Propiedad Intelectual (LPI) que incluye una nueva regulación del derecho de cita. Esta normativa se conoce como “canon AEDE” porque sus impulsores han sido los grupos de prensa tradicionales englobados en la AEDE (Asociación de Editores de Diarios Españoles). La nueva legislación tendrá importantes consecuencias para los agregadores de contenidos en la Red, los blogs, los medios de comunicación digitales y, en definitiva, para cualquiera que quiera citar y enlazar a otro “site” dentro de su espacio web. Esta tasa, de hecho, afecta de lleno a Internet tal y como lo conocemos hoy en día y a los negocios y a las organizaciones digitales que cada vez emergen con más fuerza.

Desde Google España, una de las compañías más afectadas por la nueva normativa, en especial su servicio de agregación de noticias Google News, se ha realizado una primera valoración sobre la aprobación de la ley: “Estamos decepcionados con la nueva ley porque creemos que servicios como Google News ayudan a los editores a llevar tráfico a sus sitios web. Por lo que se refiere al futuro, continuaremos trabajando con los editores españoles para ayudarles a incrementar sus ingresos mientras valoramos nuestras opciones en el marco de la nueva regulación”. Entre estas opciones, tal y como ya se adelantaba hace unos días, podría estar el cierre de Google News en España.

Según explica Esther Macías en la web Ticbeat, con esta nueva LPI aprobada por el Congreso, que entrará en vigor en enero de 2015, “España se convierte en el único país del mundo en el que se paga por enlazar contenidos”, como recordaba hace unos meses el analista experto en la economía digital Jaime García Cantero, en un debate organizado por TICbeat sobre este asunto. De hecho, en Alemania se impuso una medida similar en 2013, aunque los medios de este país autorizaron a Google a utilizar sus contenidos de forma gratuita; en Francia los medios de comunicación y la empresa de Internet llegaron a un acuerdo directo y Google creó un fondo de 60 millones de euros para fomentar la innovación en la prensa; en Bélgica el problema llegó hasta los tribunales y finalmente los medios dieron un paso atrás, de hecho numerosos medios del país no aparecieron en el buscador hasta finales de 2012”.

En palabras de Carlos Fernández Astiz, secretario general de la Asociación Española de Editores de Publicaciones Periódicas (AEEPP) y portavoz de la Coalición ProInternet, organización surgida a raíz de la aprobación del anteproyecto de la LPI, el pasado mes de febrero: “Esto coloca a España a la cola de la innovación. Muchas empresas de nueva creación, como los nuevos modelos de periodismo emprendedor, se verán colapsados por esta medida”.

Esther Macías también explica que, en una entrevista realizada por TICbeat el prestigioso periodista Jeff Darvis, éste no dudaba en aseverar que “el Canon AEDE es un acto cínico de instituciones moribundas que no saben qué hacer”. Con esta tasa, en opinión de Darvis, los grupos editoriales que la han apoyado “no sólo están cometiendo suicidio, sino que están matando Internet. Es un acto cínico de instituciones moribundas que no saben qué hacer, movidas por intereses políticos. Controlar Internet, venga de donde venga, es extremadamente peligroso”.

El “canon AEDE” ofrecerá a los editores de prensa una “compensación económica”, que se cobrará a los medios, las plataformas o a los agregadores de noticias que enlacen a contenidos de sus periódicos, sean éstos automáticos o manuales. Lo escandaloso y demencial del nuevo planteamiento legislativo se centra en dos cuestiones: son los mismos medios periódicos quienes se muestran deseosos de estar presentes en estas plataformas (y pueden no estar presentes en las mismas si así lo desean) y, además, la entidad que se encargará de “cobrar” este canon será la propia Asociación Española de Editores, que repartirá los beneficios solamente entre sus asociados.

Especialmente preocupante para la libertad de expresión resulta el hecho de que esta nueva Ley de Propiedad Intelectual, diseñada a medida de las necesidades de los medios de comunicación tradicionales y que regala ingentes cantidades de dinero a estos grupos editoriales, entre en vigor durante los primeros días de 2015, un año con gran actividad en las urnas y con citas electorales municipales, autonómicas y generales. ¿Se imagina alguien cómo van a devolver estos grupos editoriales el estúpido pero muy rentable regalo que les acaba de hacer el Gobierno de Mariano Rajoy?

Lista de alternativas a los medios de la Asociación Española de Editores (AEDE)