En un reciente artículo publicado en el periódico neoyorquino “The Wall Street Journal”, la periodista Mary Anastasia O'Grady, una de las especialistas más destacadas en el análisis de  temas políticos relativos a Hispanoamérica, critica con dureza lo que define como “el dudoso acuerdo de Colombia con los terroristas” de las FARC.

Mary Anastasia O’Grady recuerda que, aunque el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, ha elogiado en varios ocasiones el pacto del Gobierno de Santos con las FARC, los colombianos todavía no han visto el acuerdo, y parece que éste se basa sobre una lista de exigencias de las FARC que data desde el inicio de las negociaciones hace cuatro años. “Si lo que sabemos hasta ahora sirve de indicación, este acuerdo es una rendición ante los terroristas que hará que Colombia sea más peligrosa, menos justa y más pobre”.

En su texto, Mary O'Grady explica que las atrocidades cometidas por las FARC no llevarán a los perpetradores a la cárcel. En lugar de eso, serán juzgados por uno de los dos tribunales especiales, que incluirán jueces de otros países. “¿Qué países? Nadie sabe. Si los acusados reconocen sus delitos, las penas más severas serán la reclusión en las áreas rurales donde ya viven, por entre cinco y ocho años, y algo de servicio comunitario. En el caso de los crímenes contra la humanidad, esto violará los compromisos de Colombia bajo la Convención de Ginebra”. Y añade: “Las FARC han dicho que no entregarán sus armas. La guerrilla debe reparaciones a las víctimas y a la nación, pero nadie sabe de qué forma pagarán sus deudas o a quién. Los líderes de las FARC ingresarán a la arena política llenos del efectivo que obtuvieron en los negocios de la cocaína y el secuestro”.

La editorialista de “The Wall Street Journal” detalla cómo, en 2014, Santos anunció que quería ampliar la definición de delito político para incluir el tráfico de drogas de modo que las FARC pudieran argumentar que no son mafiosos sino actores políticos. También tenía el propósito de cumplir con las exigencias de los guerrilleros de no pagar con cárcel. “Cuando los colombianos protestaron ruidosamente, el mandatario argumentó que nunca lo había dicho. Incluso le pidió a su embajador en Washington que escribiera una carta a este diario negando que lo hubiera dicho. Por supuesto que lo dijo. Sus palabras fueron grabadas. Ahora eso es parte de su arreglo con los mafiosos, que también prohíbe la extradición”.

“Miembros de las fuerzas armadas colombianas, el gobierno civil y la sociedad civil también serán puestos en el banquillo junto con los terroristas, tal cual como siempre lo han querido las FARC”, explica O'Grady. Y, en su opinión, “esto pondrá a los colombianos que se oponen al grupo guerrillero a la par con lo que esencialmente es un sindicato de crimen organizado, respaldando así el argumento engañoso de que esta es una guerra civil en la que las dos partes son igual de responsables”.

Para la articulista, esta es una narrativa viciosa. “La condena de militares con testimonios falsos es ya un pasatiempo favorito de la izquierda colombiana. Ahora será más fácil porque los soldados serán presionados para que confiesen delitos que no han cometido con el fin de evitar sentencias draconianas. Esto implicará a sus superiores, los blancos principales. Las fuerzas armadas han realizado grandes sacrificios para pacificar a Colombia y son la institución más respetada del país. Si les preguntaran, los colombianos nunca estarían de acuerdo con esta traición. Por lo tanto el presidente ha roto su promesa de realizar un referendo nacional sobre el acuerdo”.

Y concluye: “A Santos no le preocupa el escarnio que evoca entre los colombianos con sus negaciones patológicas de lo que ha dicho cuando aquello ya no es conveniente. Está demasiado ocupado trabajando en su próximo engaño: para eludir la Constitución, propone comisiones especiales en el Congreso para que aprueben el acuerdo. Y le está pidiendo al Congreso el poder para gobernar por decreto —al estilo de Hugo Chávez— por un periodo de 180 días de modo que pueda dictar la implementación del acuerdo. Colombia es una democracia frágil. Santos, con la ayuda de Raúl Castro, el papa Francisco, el gobierno estadounidense de Barack Obama, está en el proceso de matarla”.