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Marita Rodríguez
Miércoles, 21 de septiembre de 2016
El Estado de derecho ha hecho mutis por el foro

... Y la mayoría de españoles nos hemos quedado sin lengua propia y sin lengua materna, que ha sido sustituida por la territorial

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En Sant Cugat (Barcelona), tengo una nieta de 15 meses de madre española (familiarmente trilingüe) y padre alemán a la que le hablan en español y alemán respectivamente, aunque la lengua de comunicación entre la pareja es el inglés. Dado el entorno familiar completo y el geográfico, han decidido que el idioma fuerte inicial de la niña sea el español; por ello, han escogido una canguro que también le habla en este idioma. En esa misma línea, les gustaría que en la guardería y en preescolar la lengua dominante fuera la materna y que ésta sea, en el futuro, la correspondiente a la etapa clave de lectoescritura. Teniendo en cuenta que estamos hablando de una comunidad autónoma con cooficialidad lingüística, donde el castellano o español es largamente mayoritario como lengua familiar y de identificación, seguido de un alto porcentaje de catalanohablantes y de otro tendente a cero de aranés (también oficial en ¡toda Cataluña!), la elección de mi hija y de mi yerno parecería del todo cabal.  Pues resulta que no.  

 

Aquí, lo normal es la anormalidad democrática y liberticida de imponer como única lengua de enseñanza el catalán en todos los centros públicos y subvencionados. Para conseguir un poquito de español, se tiene que ir a los tribunales, asumiendo costes y larguísimas esperas hasta obtener sentencias. Lo curioso es que tampoco es posible encontrar un colegio privado que ofrezca español como lengua vehicular. En cambio, sí que hay privados en donde mi nieta podría hacer todo el recorrido escolar en alemán, desde la guardería hasta el final del bachillerato. Es más, en Barcelona capital, tendría subvención del Gobierno alemán para hacer la etapa obligatoria en su instituto correspondiente. En español, imposible.

 

Para comprender el alcance de semejante aberración, vamos a imaginar que, con los mismos padres, mi nieta viviera, por ejemplo, en Múnich y no le fuera posible educarse en alemán estándar, pero sí en español. De locos, sólo pensarlo, ¿no? Esa locura en España se ha sustanciado en Cataluña y sirve de ejemplo a todas las CCAA con cooficialidad lingüística, con la consiguiente violación del derecho fundamental a la educación en lengua materna y oficial del Estado de unos cuantos millones de ciudadanos.

 

A esta kafkiana situación no se ha llegado de la noche a la mañana. No sólo ha sido un diseño de ingeniería social y totalizante en toda regla por parte de los nacionalistas. Aquí ha hecho falta el concurso de muchas voluntades y de muchos consentidores. Yo acuso a todas las instituciones del Estado, fundamentalmente a: Gobierno central, Gobiernos autonómicos, partidos políticos, Fiscalía General, Alta Inspección de Educación, Defensor del Pueblo y Tribunales de Justicia (por no emitir sentencias coherentes entre sí, ni con la letra y espíritu de la Constitución). También a los grandes sindicatos y medios de comunicación que han servido de altavoces a la causa disgregadora de los nacionalistas, aceptando su argumentario falsamente democrático e ignorando a sus víctimas.

 

Todo empezó con la aceptación generalizada de la expresión lengua propia en los distintos Estatutos de Autonomía, expresión que no recoge, lógicamente, ninguna Constitución del mundo (excepto la andorrana) por carecer de sentido y contenido jurídico, pero lleva la semilla de la exclusión que tan hábilmente cultivan los nacionalistas. La han colado como si fuera comparable y superior al concepto de oficial, que sí tiene fuerza normativa y es el máximo estatus que puede alcanzar una lengua. De esta guisa, la mayoría de españoles nos hemos quedado sin lengua propia y sin lengua materna, que ha sido sustituida por la territorial. Es más, si seguimos usándola en el ámbito público, sobre todo en Cataluña, nos convertimos en enemigos de esas lenguas propias y en elementos desestabilizadores de la cohesión social. Muchos querríamos seguir hablando en español sin tener que justificarnos o ser considerados sospechosos de nada.

 

Continuó con la pasividad institucional ante la Ley de Normalización Lingüística de 1983 (que establecía el catalán como lengua propia de la enseñanza), el decreto del mismo año (que propugnaba la generalización de la docencia en catalán) y ante el decreto de inmersión de 1992 (que implantaba el catalán como la lengua vehicular y de aprendizaje). El camino quedaba expedito para la exclusión de la lengua común, que la propaganda vendía como demanda social. Nadie asoció, por ejemplo, el éxodo de miles de maestros –en poco más de un lustro– con la imposición del catalán a los que habían impartido sus clases en castellano. Sin freno alguno, los nacionalistas –con la colaboración activa del partido socialista y demás formaciones de izquierda– se atrevieron a elaborar la Ley de Política Lingüística de 1998 que, de facto, convertía el catalán en única lengua oficial.  Ninguna de las Instituciones que podían recurrirla, por inconstitucional a todas luces, lo hizo, ni siquiera el Partido Popular que votó en su contra.

 

El Estado de derecho ha hecho, durante décadas, mutis por el foro en Cataluña, echando a espaldas del ciudadano una responsabilidad y una carga que a él principalmente compete. Sólo con el esfuerzo de algunas personas y asociaciones varias se han conseguido importantes sentencias para acabar con este absurdo sistema educativo. Pero la Generalidad las incumple sistemáticamente, colocándose al margen de la ley, sin que nadie se la haga cumplir. El golpe de estado gradual que estamos soportando en la actualidad, para cualquiera que quisiera mirar, se veía venir hace mucho tiempo.

 

No puede prolongarse más el hecho de que los padres que desean educar a sus hijos en español, después de solicitarlo pasando por los tribunales, tengan que sufrir un calvario totalmente disuasorio que se repite escrupulosamente en cada caso:

 

  • Se han de conformar con un mísero 25% de clases orales en castellano (con todo el material didáctico ¡en catalán!), que en muchos casos no se corresponde con asignaturas troncales, sino con las que tienen poco contenido lingüístico, como Educación Física, música o dibujo. A veces, tienen que pelear para que no les cuelen la estancia en biblioteca o el recreo como clases en castellano.

 

  • Tienen que exponerse a sí mismos al acoso de otros padres –orquestado por el equipo directivo del centro– y, lo que es peor, exponer a sus hijos al de otros compañeros. La sentencia obliga a toda la clase del niño a recibir ese 25% en español y en la atmósfera asfixiante que ha creado el nacionalismo, eso es percibido no como algo positivo para reforzar el aprendizaje de esta lengua, sino como un ataque directo al catalán y a la convivencia. Siguiendo esa lógica sectaria tan particular, tendrían que ver que el castigo para todos los castellanohablantes de esa misma clase es el triple porque reciben el 75% restante en un idioma que no es el suyo. La intensidad del acoso es tan insoportable en algunos casos que los padres tienen que cambiar a sus hijos de colegio.

 

  • Han de soportar que el acoso siga fuera del centro, dirigido por las fuerzas políticas locales (exceptuando al PP y a C’s) y, a veces, por los propios ayuntamientos. Si tienen algún negocio, lo tienen que cerrar. Tal fue el caso de una familia de Balaguer el curso pasado.

 

El Estado no puede seguir desentendiéndose de esta grave vulneración de derechos y ha de garantizar enseñanza en español.

 

A mi entender, ya sólo tiene dos caminos:

 

  1. Crear una red de colegios e institutos en español, dependientes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Si los tiene en Andorra, no veo ninguna razón para no tenerlos en su propio territorio. No creo que planteara ningún problema de competencia con la Generalidad, ya que ésta financia colegios en catalán en otras comunidades autónomas y en otro país (sur de Francia).

 

  1. Recuperar las competencias en Educación para el Gobierno central para garantizar algo para lo que la Generalidad se ha mostrado incompetente: que los escolares reciban el mismo trato, sea cual sea su lengua materna (entre las oficiales) y no sientan que la suya es la equivocada.

 

 
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