Con la unidad de España y en defensa de la Constitución
![[Img #12398]](upload/img/periodico/img_12398.png)
El Gobierno y el Parlamento golpistas de Cataluña han consumado su acto de sedición declarando, de manera unilateral, la independencia de esta región, en el acto político más grave y vergonzoso que ha tenido lugar en toda la historia de la España democrática.
En unos momentos dramáticos para la nación, el Gobierno de Mariano Rajoy ha de responder con la inmediata celeridad, con toda la contundencia y con la máxima eficacia, para restaurar el orden democrático en todos los rincones de nuestra nación. El Ejecutivo español no puede esperar más: una vez aplicado el artículo 155 de la Constitución, debe suspender la autonomía catalana, debe detener de una forma sumaria, utilizando todos los instrumentos legales de que dispone, a quienes activa o pasivamente han contribuido a que se lleve a cabo este ataque frontal a nuestro sistema democrático y a la unidad territorial de España y debe imponer el orden y garantizar la seguridad en las calles catalanas. Y si la aplicación del artículo 155 de la Constitución no fuera suficiente, el gobierno de España y las diferentes instancias del Estado deberán impulsar, paralelamente, cuantas medidas sean necesarias para poner fin, de raíz, al gravísimo estado de anarquía política, social y económica en la que el independentismo y la extrema izquierda han sumido a Cataluña.
En estos momentos, España espera en vilo la reacción de un Gobierno que durante años se ha mostrado reacio y cobarde a poner fin al “problema catalán”. Ahora debe hacerlo con urgencia. No actuar de manera inmediata debería llevar al Ejecutivo del PP a ser juzgado por dejación de sus funciones constitucionales y por alta traición al Estado democrático español, a sus leyes y a la unidad y soberanía de la patria.
La Tribuna del País Vasco y La Tribuna de Cartagena quieren recordar hoy al presidente del Gobierno y al Jefe del Estado su obligación de servicio a todos los españoles bajo el principio básico de la obligatoriedad del cumplimiento de la ley y del respeto al ordenamiento constitucional y manifiestan hoy, de manera contundente, su fe resuelta en la unidad de España.
El Gobierno y el Parlamento golpistas de Cataluña han consumado su acto de sedición declarando, de manera unilateral, la independencia de esta región, en el acto político más grave y vergonzoso que ha tenido lugar en toda la historia de la España democrática.
En unos momentos dramáticos para la nación, el Gobierno de Mariano Rajoy ha de responder con la inmediata celeridad, con toda la contundencia y con la máxima eficacia, para restaurar el orden democrático en todos los rincones de nuestra nación. El Ejecutivo español no puede esperar más: una vez aplicado el artículo 155 de la Constitución, debe suspender la autonomía catalana, debe detener de una forma sumaria, utilizando todos los instrumentos legales de que dispone, a quienes activa o pasivamente han contribuido a que se lleve a cabo este ataque frontal a nuestro sistema democrático y a la unidad territorial de España y debe imponer el orden y garantizar la seguridad en las calles catalanas. Y si la aplicación del artículo 155 de la Constitución no fuera suficiente, el gobierno de España y las diferentes instancias del Estado deberán impulsar, paralelamente, cuantas medidas sean necesarias para poner fin, de raíz, al gravísimo estado de anarquía política, social y económica en la que el independentismo y la extrema izquierda han sumido a Cataluña.
En estos momentos, España espera en vilo la reacción de un Gobierno que durante años se ha mostrado reacio y cobarde a poner fin al “problema catalán”. Ahora debe hacerlo con urgencia. No actuar de manera inmediata debería llevar al Ejecutivo del PP a ser juzgado por dejación de sus funciones constitucionales y por alta traición al Estado democrático español, a sus leyes y a la unidad y soberanía de la patria.
La Tribuna del País Vasco y La Tribuna de Cartagena quieren recordar hoy al presidente del Gobierno y al Jefe del Estado su obligación de servicio a todos los españoles bajo el principio básico de la obligatoriedad del cumplimiento de la ley y del respeto al ordenamiento constitucional y manifiestan hoy, de manera contundente, su fe resuelta en la unidad de España.
