Cualquier idioma o dialecto español es tan importante para sus hablantes como el catalán, gallego o vasco para los suyos, por lo que como dice el líder de Podemos en Asturias, Daniel Ripa, “que no sea oficial el asturianu es una anomalía dentro de la Constitución”.

El PSOE, que gobierna con su presidente Javier Fernández, no es muy partidario de imponer el bable –y el gallego-asturiano fronterizo—como vehículo para el estudio en escuelas e institutos, aunque su consejero de Educación; Genaro Alonso, es miembro de la “Academia de la Llingua Asturiana”.
 

Ese PSOE es el mismo partido que acaba de defender la inmersión en catalán al apoyar en el Congreso la iniciativa de la separatista ERC de reprobar al ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, por decir en la BBC que en Cataluña esa inmersión había arrinconado el castellano.
 

Los bablistas, que afirman que la Constitución garantiza que “las lenguas propias”  como el asturianu deben ser oficiales tienen seguidores de numerosos idiomas o dialectos –están creando incluso el “andalú”—, desde Aragón hasta el último rincón del país.
 

En Cataluña, Galicia y País Vasco –único lugar con idioma no romance y por tanto muy lejano del castellano—se ha luchado desde hace décadas para que sus idiomas locales sean prácticamente el único vehículo de enseñanza.
 

Lo han logrado totalmente con la inmersión en Cataluña, a pesar de que antes el PSC-PSOE quería equilibrar ambos idiomas.
 

Ahora los socialistas castigan al castellano. Quieren arrimarse a los nacionalistas.
 

Y podrían terminar haciéndolo en Asturias, donde hay millares de candidatos a imponer la inmersión en escuelas e institutos, y echar así a quienes no hablen asturianu.
 

Como pasó en Cataluña y aún en Galicia y Euskadi son gentes que buscan un fácil, apacible y perenne empleo público exigiéndole a quienes compiten con ellos el Nivel C, en este caso, de un bable creado a su gusto por ellos.