Siguiendo una iniciativa parlamentaria liderada por el PNV, todos los partidos políticos españoles, a excepción del PP, apoyan la derogación de la prisión permanente revisable, una figura incluida en el Código Penal hace apenas dos años y dirigida a condenar a delincuentes especialmente peligrosos como “El Chicle”, que recientemente ha reconocido haber asesinado a sangre fría a la joven Diana Quer.

“El PNV no aprobó en el pasado ninguna de las leyes que se aprobaron para acabar con ETA”, ha recordado el diputado de UPN Carlos Salvador, mientras que los nacionalistas vascos aseguran que esta norma es de “dudosa constitucionalidad”. Para el PNV, la prisión permanente revisable no hace más que "encubrir la pena de prisión de por vida o prisión perpetua” y, además,  añaden los nacionalistas, “atenta contra la dignidad de los seres humanos y contra la prohibición de penas inhumanas y tratos crueles y degradantes".

El PP, por su parte, reitera su convencimiento de que la prisión permanente revisable es una medida que responde a las demandas de la sociedad, que quiere acabar con los “crímenes más brutales y execrables”.

Para los socialistas, en palabras de su representante Juan Carlos Campo, la prisión permamente revisable hace “un flaco favor a la libertad” y se olvida “de la concepción resocializadora del sistema penitenciario”.

La extrema izquierda, tanto la de Podemos como la de Bildu, también niega la prisón permanente revisable por ser “profundamente reaccionaria”. Para la formación de Pablo Iglesias se trata de “aplicar el principio de venganza en lugar del de justicia, rompiendo con la tradición humanista del derecho penal”, mientras que Bildu, a través de la diputada filoetarra Marian Beitialarrongoitia, ha explicado que esta norma es “un paso más en la deriva antidemocrática del Estado”.