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David R
Viernes, 26 de Enero de 2018 Tiempo de lectura:

Prisión permanente revisable para las no-personas

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Algunos políticos de la neoizquierda y de la neonada quieren eliminar del Código Penal (CP) la prisión permanente revisable, que modificó el máximo tiempo de estancia en prisión que se podía cumplir en casos de la comisión de gravísimos delitos y sentencias firmes fundamentadas en pruebas indiscutibles; la califican de cadena perpetua, y eso es falso.

 

 

La medida se introdujo en nuestro CP el 26.03.2015., siendo tan cierto que el PP la aprobó en solitario como que lo hizo con una mayoría parlamentaria que le habían otorgado los españoles. Hasta entonces, el máximo tiempo de cumplimiento de pena en prisión era de 40 años, siendo ahora permanente revisable, y dependiendo de los casos la revisión se lleva a cabo a los 25 y después a los 35 años.

 

 

El 06.07.2017. un jurado popular en la Audiencia Provincial de Pontevedra halló culpable a David Oubel Renedo del asesinato de sus propias hijas, Candela y Amaia, hecho acontecido el 32.07.2015. El juez le condenó a prisión permanente revisable, siendo la primera vez que se aplicaba.

 

 

La proposición de ley es una iniciativa legislativa del PNV, que pide derogar la prisión  permanete revisable y que el día 04.10.2016. fue apoyada por mayoría absoluta del Congreso con 176 votos a favor, 135 en contra y 31 abstenciones, el PP y UPN se quedaron solos.

 

 

En esta ocasión me llama sobremanera la atención que fuerzas políticas estén actuando en contra de lo que indican los análisis demoscópicos acerca de la opinión de los ciuadadanos españoles sobre esta cuestión, que muy mayoritariariamente (80% de media según los diferentes análisis, incluido los del CIS) pensamos que lo tiene que hacer el legislador es mantener la medida y en todo caso endurecer el CP ante la comisión de ciertos delitos, por parte de sujetos que expertos como los psicólogos o psiquiatras forenses clasifican en la categoría de "irrecuperables" para la sociedad, pero que no son locos de atar, y cuyas trayectorias delicitvas escandalizan a todo el mundo, ¿o no a todo el mundo?

 

 

Hablamos de la comisión de delitos de especial gravedad, por ejemplo, los violadores compulsivos, que tras cumplir condena con importantes reducciones de tiempo de prisión por evidente buen comportamiento, lo primero que hacen al salir de la cárcel es volver a violar, a una mujer o a un bebé; me refiero a los pederastas en general y también a  los asesinos sistemáticos que nunca se arrepienten, que reinciden en sus actitudes extremadamente violentas hasta que fallecen, y a los terroristas confesos que ya  no asesinan porque no tienen un arma a su disposición, y a aquellos que cometen delitos contra el derecho de gentes, genocidios o delitos de "lesa humanidad".

 

 

Yo los llamo no-personas, estructuras orgánicas que entrando en la categoría de seres humanos racionales tienen comportamientos incompatibles con su pertenencia a una sociedad; no son reinsertables, pero tampoco dementes, son malas personas con frecuencia extremadamente inteligentes. Individuos que la mayoría de los españoles no queremos que existan en la sociedad, y muchísimo menos que tras cumplir condena en una prisión salgan para seguir cometiendo crímenes.

 

 

Las no-personas son una lacra de las sociedades, y ahora, contra la opinión mayoritaria de los ciudadanos españoles, la neoizquierda populista y los nihilistas de la neonada pretenden ser más benévolos con ellos, suavizando el CP y apelando al principio de humanización de la pena, orientada a la reinserción y a la reeducación social, aunque en algunso casos eso sea misión imposible, y tenga un elevado coste para la sociedad, especialmente para las víctimas y sus familias. Los muertos no pueden hablar, pero los familiares y amigos que les sobreviven son espectadores de cómo el reincidente que ha quedado en libertad, en demasiadas ocasiones vuelve a hacer lo que los expertos habían pronosticado.

 

 

Esta vez no consigo entender el comportamiento de la oposición, ante un problema que es cotidiano, que ocupa mucho espacio y tiempo en los medios de comunicación, porque desgraciadamente genera escandalosas noticias con demasiada frecuencia, es curioso que no estén teniendo en cuenta la opinión mayoritaría de los ciudadanos.

 

 

Afortunadamente iniciativas de recogida de firmas como la de Juan José Cortés, padre de Mari Luz (asesinada el 13.01.2008) tuvieron un efecto legislativo. Ahora, Rocío Viéitez Ferro, madre de las mencionadas Candela y Amaia, está recogiendo firmas para evitar que la norma sea derogada, con el apoyo de muchas familias de victimas, como el propio Juan José Cortés; Antonio del Castillo, padre de Marta de Castillo; Ruth Ortiz, la ex mujer de José Bretón que asesinó a sus hijos de 2 y 6 años; o los padres de Diana Quer, y muchos más.

 

 

Todos lo hacen con unos argumentos, lógica, razón, serenidad y lucidez impresionantes, y por supuesto con el apoyo de la enorme mayoría de los ciudadanos españoles.

 

 

La primera iniciativa fue la de Juan José Cortés, que fue capaz de entregar en el Congreso más de dos millones de fimas en septiembre de 2008. La actual de Rocío Viéitez ya ha superado ampliamente el millón de firmas.

 

 

No quiero pensar mal de esos políticos profesionales que quieren derogar la norma, pero reconozco que tengo que  hacer un esfuerzo para evitar ese pensamiento.

 

 

Como muy bien dice Rocío, "necesitan  visualizar el porcentaje de votos que representamos para darse cuenta de que nuestra opinión cuenta". Lo parece, pero si así fuese ocurría que muchos ciudadanos han delegado su soberano voto en políticos cuyas actuaciones no se corresponden con las peticiones de la mayoría de los españoles.

 

 

La propuesta de derogación del PNV la tienen encima de la mesa los miembros de la Comisión de Justicia del Congreso, y como el período de sesiones no se inicia hasta febrero, es muy posible que el próximo mes desarrollen su ejecución. Nos queda tiempo.

 

 

Animo a todos los ciudadanos a firmar a favor de la no derogación de la prisión permanente revisable, es muy sencillo, acceder a change.org, y es la única posibilidad que nos queda para que las Cortes Generales paren este dislate. La norma es habitual y normal en los ordenamientos jurídicos de la mayoría de países de nuestro entorno en la Unión Europea, y una recogida de firmas tan masiva como la que se está produciendo, con un apoyo del 80% de la ciudadanía, que necesariamente supone la firma de votantes de todos los partidos, de todas las edades, sexos y niveles sociales, debería ser un puñetazo suficientemente fuerte en los cerebros de estos derogadores.

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