La secretaria general del Grupo Parlamentario Vox, Macarena Olona, ha denunciado la segregación lingüística que supone el decreto 179/2019 aprobado el pasado mes de noviembre y ha anunciado la presentación de una batería de preguntas escritas al Gobierno. Además, junto el portavoz de la formación Iván Espinosa de los Monteros han notificado la presentación de un recurso ante el TSJ del País Vasco en contra de la citada normativa.

Se trata de una norma que, a juicio de Vox, comporta un atropello lingüístico para los castellanoparlantes de la Comunidad Autónoma Vasca toda vez que, con él, los Ayuntamientos vascos, si así lo deciden, podrán comunicarse con sus vecinos exclusivamente en euskera. “Si bien los ciudadanos afectados podrán elegir en cuál de las dos lenguas oficiales quieren relacionarse con la Administración, ese derecho se ejercerá únicamente a posteriori, es decir, si son los propios vecinos los que solicitan el cambio de idioma. Esto significa que en la práctica se da carta blanca para eliminar el castellano de las comunicaciones entre Ayuntamientos y ciudadanos”, ha denunciado Olona, para quien, “siguiendo los postulados racistas que comparten el PNV y EH Bildu”, con esta norma el Gobierno vasco crea “un sistema de segregación lingüística de los vecinos castellanoparlantes que permitirá que sean señalados por las Administraciones públicas y que pasen a formar parte de un censo de euskaldunes y no euskaldunes, vascos de primera y segunda categoría, según el idioma que empleen”.

Dado que entre los fines de Vox se encuentra “garantizar el derecho de usar y el deber de conocer el español en todo el territorio nacional, sin perjuicio del resto de lenguas cooficiales de España", Vox presenta este recurso para, no sólo pedir la anulación del Decreto recurrido, sino también para plantear una cuestión de inconstitucionalidad frente a la Ley que le sirve de cobertura, es decir, la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones locales de Euskadi. Según Olona, se trata de “una ley aprobada en el Parlamento vasco gracias al acuerdo del PNV y EH Bildu y que supuso introducir un régimen de absoluta excepcionalidad respecto del resto de municipios de España. Vulnerando la Constitución española y llegando incluso a reconocer a los Ayuntamientos una autonomía política, lo que es una auténtica barbaridad constitucional”.