Las ideas políticas tienen consecuencias. Hay quienes piensan despectivamente que todos los políticos son iguales. Creo que están equivocados y por negligentes o torpes que sean muchos de ellos, no es baladí la ideología y la intención que los guíe. Por supuesto, hay diferencias entre unos políticos y otros y, sobre todo y lo más importante, entre unas actuaciones políticas y otras. Lo que está ocurriendo en Cataluña es consecuencia de decisiones políticas de hace muchos años, decenios incluso, y no lo ha ordenado súbitamente ningún poder económico ni local ni extranjero. Han sido decisiones políticas que eran necesarias para ordenar las cosas de modo que unas causas produjeran estas consecuencias, y también, en el sentido opuesto, otras decisiones políticas consistentes en no objetar nada a las acciones que implementaban los primeros. El nacionalismo, la desafección hacia el resto de España, no son fenómenos repentinos, sino la repetición de acciones políticas de base en Cataluña durante cuarenta años y las correlativas omisiones desde el poder político de Madrid durante el mismo tiempo.

Aun así, mucha gente puede pensar que el ejercicio de la política que estamos viendo en el Gobierno actual de España será efímero y no podrá provocar un daño irreparable. Piensan que la situación económica que parece avecinarse o las disensiones internas en el propio Gobierno o, en última instancia, nuestra pertenencia a Europa, impedirán un último salto al vacío que provoque el desastre político y económico. Esperan que, como muy tarde en las próximas elecciones, podrá ganar otra opción política y regenerar la situación, al menos la económica.

Pero no es tan sencillo.

Una determinada forma de hacer política deja un germen que no se puede obviar. Si cuarenta años después de la muerte de Franco muchos españoles, la mayoría de izquierdas, arrastra unos arquetipos de pensamientos nacidos en la dictadura y que cargan como un lastre las generaciones -nos hemos referido a esos arquetipos en otros artículos-, no porque este Gobierno pueda ser de mucha menos duración significará que no hará daño a la democracia.

Desde 2004 nuestra democracia está sufriendo agresiones de leyes que vulneran la Constitución y que provocan desigualdades entre las personas y entre los territorios y división entre los españoles. Tales leyes están provocando que las costuras de la Constitución salten como las de quien se empeña en usar una talla 38 cuando la suya es la 48. Algunas de tales costuras ya han saltado, como cuando el Tribunal Supremo ha asumido la ley de violencia de género y ha admitido la condena a pena diferente por los mismos hechos en función del sexo del autor. Es una vuelta al derecho penal soviético y al nazi.

Cuando una Constitución se modifica por la vía de los hechos o por la vía de la interpretación sesgada o forzada mediante leyes de inferior rango o sentencias judiciales, se está provocando una derogación de facto de esa Constitución. Hoy, los españoles no somos iguales ante la Ley. Hoy, a los españoles se nos impone una forma de pensar sobre nuestro pasado. Hoy, a los españoles se nos imponen diversas formas de desigualdad bajo la coartada de discriminaciones positivas que sólo conducen a crear problemas serios donde antes no los había. Las acciones que han llevado hasta esta situación no fueron tampoco hechos aislados sin consecuencias: la afirmación de la vicepresidenta del Gobierno de que hay que creer a la mujer siempre y en todo caso supone la voladura del principio de presunción de inocencia, imprescindible para considerar un Estado de Derecho como tal y a un país como mínimamente democrático. Voladura que no es una mera manifestación desafortunada, sino que tiene desde hace tiempo su traslación en los protocolos de actuación ante las denuncias de violencia de pareja realizadas por mujeres. Las manifestaciones en la calle con muchedumbres que se consideran moralmente legitimadas para pedir la condena de personas pendientes de juicio es un recuerdo obvio de los linchamientos del lejano Oeste o de las hordas medievales que pedían la hoguera para las sospechosas de brujería. Las presiones a los jueces para admitir como constitucional la más que evidente inconstitucionalidad de la Ley de Violencia de Género (como relató hace poco Alfonso Guerra) es otro ejemplo derivado de ese pensamiento totalitario de la izquierda de que la Ley no basta. Cuando no basta la Ley no puede haber otra consecuencia que el totalitarismo, pues, si las conductas no las dicta la Ley, ¿quién las dicta? Pues el político de turno. Este Gobierno es la culminación de la época de Zapatero y de la obtusa ausencia e indiferencia de Rajoy.

Vemos que las acciones políticas tienen consecuencias. Y muy graves.

Siendo ésta la situación, el nuevo Gobierno es evidente que se dirige a impulsar y reforzar el camino inconstitucional ya iniciado por los Gobiernos de Zapatero.

La andadura del nuevo Gobierno ha comenzado con un episodio que, en circunstancias normales y en un país normal, hubiera acabado inmediatamente con ese Gobierno. El sucio episodio de Barajas debiera haber provocado el cese inmediato del ministro Ábalos y, caso de haber sido autorizado por el Presidente, de todo el Gobierno. Es un episodio en que se mezclan prácticas mafiosas, colaboración con un Gobierno narcodictatorial y en el que, encima, parece probado que se bajan del avión maletas cargadas supuestamente con algo más que la ropa interior de los viajeros. Dicho Gobierno de la narcodictadura venezolana ha sido impulsor y ha financiado a uno de los partidos en el Gobierno español y da la impresión de que también existen vínculos económicos con el otro, cuya sola sospecha sería imposible de tolerar en cualquier democracia avanzada occidental. Sin embargo, aquí no pasa de ser una molestia para el Gobierno. La inmoralidad que se traslada a la sociedad con este acontecimiento es de una profundidad tal que, al no provocar una crisis definitiva de Gobierno, lo fortalece, pues ya no podrá haber actuación inmoral alguna que pueda provocar su caída. Lo que no mata, alimenta. Y con la inmoralidad, pasa lo mismo. Sostenido en tamaña inmoralidad, amén de las mentiras más que evidentes del presidente del Gobierno, de una envergadura insoportable, suponen que el Gobierno que es capaz de sobreponerse a ella y la sociedad que es capaz de tolerarlas, impongan y soporten un modo de hacer política que rompe las reglas de la convivencia y de la legalidad y sólo puede conducir a una crisis sin retorno de perversión del sistema: lo que algunos llaman cambio de régimen, que no es otra cosa que convertir a España en una versión edulcorada de Venezuela.

En contra de lo que piensan muchos, que la economía se deteriore en los próximos tiempos no sólo no tiene por qué perjudicar a este Gobierno, sino que puede, incluso, beneficiarlo. El vicepresidente Iglesias ya ha mencionado en varias ocasiones su propuesta estrella: una Renta Básica Universal. Esperanzarse en que sólo un mal resultado económico acabe con este Gobierno es una ingenuidad. Véase el ejemplo de Andalucía, donde cuarenta años de pésima gestión económica sólo han concluido por sorpresa y porque la izquierda estaba dividida. A pesar de ello, el PSOE fue el partido más votado con diferencia. Si, además, el Gobierno consigue implementar alguna clase de renta básica tendrá a su disposición grandes masas de votantes interesados en el artefacto: miembros de la industria política y quienes suspiran por participar en el expolio estatal del que hablaba Bastiat.

Otra vía por la cual imponen su modelo de sociedad y de Estado es su concepto asistencial de la educación. Si no hemos tenido bastante durante cuarenta años de democracia con demasiadas leyes de educación que no han servido precisamente para colocar a España en ningún parámetro internacional relevante, sino para bajar continuamente los niveles de exigencia, se ha presentado ya el proyecto de Ley de la ministra Celaá que insiste en la vía de mesocratizar la educación y luchar contra la libertad de enseñanza maniatando a la concertada. No hay que hacer grandes esfuerzos de memoria para recordar que, básicamente, las leyes que han prevalecido en la educación española han sido las socialistas. Dicha educación socialista ha concluido con generaciones completas de estudiantes con dificultades en muchas carreras para competir seriamente en un mercado globalizado con los estudiantes de otros países, no necesariamente avanzados. Alertan multitud de profesores universitarios de que, sobre todo en carreras de humanidades y sociología, hay estudiantes sin capacidad de comprensión lectora y, mucho menos, con capacidad de trasladar al papel sus pensamientos. Algunos piensan que es la consecuencia de ese concepto asistencial de la educación únicamente. Otros pensamos que tiene que ver más con la intención de adoctrinamiento y generación de personas acríticas y dóciles. Así ha ocurrido en todos los países socialistas del mundo y que nuestra izquierda haya respetado la democracia durante el periodo de González no significa que haya renunciado al adoctrinamiento (al fin y al cabo vive de eso), pues es evidente que la democracia y la legalidad constitucional han sido admitidas sólo a regañadientes desde que Zapatero asumió el poder.

También se ha presentado recientemente el proyecto de Ley de libertades sexuales que, evidentemente, no es de libertades (si lo fuera, no se legislaría sobre ello fuera del Código Penal), sino contra las libertades. Dicho anteproyecto, modificado antes de ser presentado debido a sus "diferencias de concepto" con la ortografía y la sintaxis, rompe la graduación penal, que ha sido siempre el medio de aplicar criterios de proporcionalidad y justicia a una normal penal, se entromete en lo que no deberían ser sino cuestiones de moral y educación violando la libertad individual y rompiendo las relaciones personales. Es el producto de una mentalidad calenturienta e inquisidora. Por si fuera poco, se propone por la Ministra de Igualdad entregar ingentes cantidades de dinero a las mujeres que sean declaradas víctimas de violencia sexual sin que medie juicio ni condena, lo cual es una invitación a la denuncia falsa masiva y provoca situaciones de delación como las que ocurrían en los países comunistas, que no tienen nada que ver con la verdad sino con el sometimiento.

Una contribución más a la depredación de los recursos económicos del Estado mediante un incremento del gasto público, ya insostenible antes, que convierte al Gobierno cada vez más interventor en la actividad social y económica, incrementando los controles y la regulación de la actividad económica y buscando la implantación de nuevos impuestos (como si hubiera pocos), fijando incluso controles de precios (como el de los alquileres, que ha sido un fracaso donde se ha implementado).

Del entorno internacional poco se puede esperar. Estados Unidos está intranquilo con la deriva del Gobierno español, pero su influencia es nula. Europa nos rebaja los incrementos de gasto y déficit, pero todos sabemos que son brindis al sol y que no pasará de ahí y que el Gobierno hará lo que le convenga. Y el Vaticano nombra nuevo presidente de la Conferencia Episcopal a quien se ofrece como mediador entre España y Cataluña como si fuera una misión de paz, añadiendo otra nueva a sus anteriores traiciones a España (actitud de la Iglesia en el País Vasco y Cataluña).

Éstas son las consecuencias de tener un Gobierno de activistas cuando es sabido que el activismo político es la antesala del terrorismo, lo que no quiere decir que lo sean, pero sí crea una mentalidad política que conduce a no respetar la legalidad si no es en beneficio propio, lo que se demuestra también con la inveterada costumbre de la izquierda de sustituir las costumbres por decretos en esfuerzos indisimulados de ingeniería social, como siempre han practicado los gobiernos socialistas en cualquier lugar donde han detentado el poder.

Presumir, como decíamos al principio, que todo esto y lo que se avecina no dejará una impronta en el país es de una ingenuidad patológica. España será un país menos democrático y con vastas masas de población que habrán admitido todo lo que haga este Gobierno sólo porque es de izquierdas. Seremos un país que no sabrá delimitar lo moral de lo inmoral, pero tampoco lo conveniente de lo inconveniente, lo correcto de lo incorrecto ni lo legal de lo ilegal. Y un país así está abocado al fracaso. Fracaso individual porque será un país mucho más pobre económicamente, y fracaso colectivo porque quedará una ruina moral de país.

Siempre queda la esperanza de que algunas instituciones resistan el asalto, pero soy escéptico al respecto. Si no, basta con ver la sentencia del Tribunal Supremo sobre el proceso de Cataluña.

Nos están expropiando la democracia del régimen del 78 que, con sus defectos, consiguió que España entrara en el siglo XX y en el XXI entre los países más avanzados del mundo y con mayores parámetros de libertad política y que ha facilitado el mayor progreso económico y social de nuestra historia en menor tiempo. Algo bueno habrá tenido.  Sin embargo, Venezuela dispone hoy de la mitad del PIB que cuando Chávez llegó al poder. Y no ocurrió antes porque se encontró durante muchos años con unos precios del petróleo en máximos históricos. Ningún país, ni siquiera tras una guerra, ha sufrido semejante desplome de su riqueza. Hacen falta muchos años para crear riqueza y muy pocos para destruirla, como casi todo en la vida. Del mismo modo que cuesta construir la convivencia, como hizo el régimen del 78 de forma que causó asombro al mundo entero y se pretende romper esa convivencia criminalizando a la mitad de los españoles y a la oposición democrática cuando son ellos los que vulneran la Constitución y las leyes, ejerciendo una auténtica represión mediática y social contra la derecha democrática y amenazas expresas de cárcel a periodistas críticos, alardeando incluso de ello en un mensaje que no es nuevo, pues ya el actual vicepresidente Iglesias ha dicho en repetidas ocasiones, para quien quiera oírlo, que hay que limitar la libertad de expresión. La implantación violenta y coercitiva del pensamiento político correcto y del marxismo cultural y del feminismo radical con la única intención de crear conflictos donde no los había y dividir a la sociedad no son sino instrumentos al servicio de una determinada política. Entender que dichas políticas afectan sólo a Podemos y no al PSOE es negarse a ver la realidad. Cuando la ineptocracia y la idiocracia se enseñorean a diestro y siniestro, apoyados masivamente por los medios al servicio del poder político de izquierdas, la sociedad no queda inmune sino que acaba idiotizada como un boxeador encajador acaba sonado.

Y nadie debe pensar que en algún momento volverán los escrúpulos democráticos y morales al Partido Socialista. Se juega demasiado. Se juega el poder, pero también que si no gana el órdago que está lanzando a la sociedad española de 'venezuelanizar' España, algunos de los integrantes de este Gobierno pueden estar jugándose responsabilidades penales. Por tanto, si algún ingenuo del Partido Popular o de Ciudadanos piensa que todo volverá a ser como antes, me temo que está muy equivocado.

Este Gobierno no resiste un análisis racional, por lo que ha de apelar a las emociones y a la compra masiva de votos, lo que convierte arteramente la política en un campo de batalla donde se funciona con mensajes irreflexivos, con eslóganes y frases hechas, con neolenguaje bien denigrante bien inicuo, marco en el cual su mensaje es mucho más eficaz que cualquier razonamiento complejo, por acertado que sea.

El estado en que puede quedar la sociedad española tras varios años de Gobierno de este cariz será irrecuperable, moral y políticamente arrasada. Los votantes facciosos, aquellos que, sin interés directo en el resultado de la votación, interés que se circunscribe a los vividores de la industria política y a los destinatarios de ayudas públicas, aceptan, comparten o votan cualquier cosa que haga su facción política, por repugnante que sea, serán cada vez más y cada vez más radicalizados. Ni siquiera la simbiosis Democracia Cristiana/mafia/terrorismo de Estado dejó tan tocada moralmente y a unos niveles de calidad tan ínfimos a la democracia italiana.

Como siempre queda una última esperanza, sueño con que todo lo anterior no sea más que una grotesca pesadilla. De lo contrario, algún día veremos a un dirigente de este Gobierno dando satisfacción a la turba señalando a su alrededor y ordenando: Exprópiese.

(*) Winston Galt es autor de Frío Monstruo, una de las más recientes distopías literarias publicadas en España.